Roberto Yerena Cerdán
No debe sorprender, que en vísperas del proceso de elección de rector de la Universidad Veracruzana (UV), aparezcan algunas cabezas visibles –como perritos de la pradera– que se pronuncien por la continuidad de la actual administración rectoral o, por el contrario, el que otros personajes, bien conocidos, traten de impedir que el actual rector, Martín Aguilar Sánchez, acometa una tropelía que vulnere el régimen legal prevaleciente en la UV, y lesione el papel –de por sí, ya muy cuestionable– que a la Junta de Gobierno (JG) le corresponde en la vida universitaria; que no es decir poco.
Es indudable que la JG es permeable, en el sentido de que se somete a un trato discrecional por parte de los intereses de un equipo cohesionado –como lo han sido todos desde los tiempos de Roberto Brazo Garzón– que intenta continuar al frente de la institución, argumentando cualquier clase de merecimientos; y porque ya instalado, resulta difícil renunciar a un estatus de privilegios que nada tiene que ver con una contribución real y sustantiva al prestigio universitario; tal como todos los rectores han pretendido hacer, sin lograrlo, y como suelen alucinar los próximos aspirantes. Posteriormente marcharon a su casa sin pena ni gloria; pero ahora suscriben radicales cuestionamientos a los planes ominosos del actual rector. Argumentos válidos, en lo jurídico, independientemente de la ética que los debió acompañar en sus respectivas trayectorias como rectores. Raúl Arias fue rector en dos períodos, más el tiempo que estuvo de interino; y Sara Ladrón de Guevara también prolongó su rectorado por dos períodos sin que nadie recuerde, en ambos casos, sus contribuciones, más allá de lo que cada universitario haya podido aportar por sí mismo; lo que incluye a los académicos, al estudiantado y al personal administrativo. En cambio, y para beneplácito de los educandos, Víctor Arredondo transitó de la UV, en tiempos de Fidel Herrera Beltrán, hacia la Secretaria de Educación y Cultura de Veracruz, para luego retornar e intentar reelegirse, sin lograrlo.
Estos tiempos sucesorios en la UV no han perdido un ápice de su carácter político y de un malsano interés; porque para maniobrar en función de la continuidad se debe hacer política; pues la UV carece de un auténtico espíritu capaz de contagiar a sus miembros de la verdadera esencia del ser universitario: un solo sentido; una sola esencia, al margen de las disputas mezquinas. Esto no se ha logrado, y entonces aparecen los personajes tal cuales son. Seres indiferenciados, efímeros, ingratos a la memoria, que afanosamente pretenden reposicionarse para gozar las delicias del poder: asignaciones presupuestales; colocación de amigos e incondicionales; vista gorda ante procesos truculentos; rostros conocidos hasta el agobio; negociaciones intrascendentes y predecibles con las dirigencias sindicales enquistadas en la estructura universitaria; y fotografías panorámicas que captan sonrisas bobas y complacientes ante la grandeza inusitada de la UV. Por eso resulta difícil imaginarlos vaciando sus escritorios, guardando sus pertenencias en una cajita y marcharse a donde más valgan; porque cuatro años les parecen pocos.
Al desaparecer la triangulación virtuosa del PRI-gobierno-rectoría –que no estaba mediada por ninguna clase de fundamento legal y legitimador– la UV autónoma ahora se somete a los intereses y confrontaciones de sus actores internos; aunque debe existir, todavía, una línea que apunte hacia el gobierno del estado. Pero mientras, estos ponen en acción todas sus capacidades discursivas y rutas de acceso a los recursos en aras del conocimiento y el bien propio. Porque en cuatro u ocho años, esta universidad será la misma o entrará en decadencia. Da igual. Porque no es, ni ha sido una institución democrática, en el sentido de que sus órganos instituidos posibiliten una deliberación abierta y participativa en la toma de decisiones; y básicamente porque la democracia es ajena a sus valores. Y la JG es el principal ejemplo de la jerarquización elitista –lo que parece un pleonasmo– que suprime el derecho fundamental de incidir en el diseño y consolidación de una institución universitaria, que con el paso del tiempo pudiera alcanzar un verdadero rango de calidad del cual presumir, dentro de los parámetros posibles.
El asunto se pondrá interesante, o preocupante, que no es lo mismo. Y veremos, próximamente, posicionamientos polarizados que acabarán siendo mas pragmáticos que éticos, lo que resulta una contradicción inevitable. Y de esta disputa anticipada deriva el documento suscrito por Edgar Javier González Gaudiano, actual Director General de la Unidad de Estudios de Posgrado (¿cuántos ilustres ya lo han sido?) quien, a nombre del actual rector, me atrevo a suponer, suscribe en una columna de opinión (“Interpretar la ley”) en un medio digital, contrargumentos a los que asumen tres ex rectores en una carta abierta que circuló en las redes sociales. Si alguien los lee o no, da lo mismo. Pero lo significativo es que el funcionario de rectoría parece haber sido enviado a la palestra sin red de protección, y en su atrabancado texto insinúa la pertinencia de que Martín Aguilar pueda gozar, sin obstáculo alguno, de una nueva estancia en Lomas del Estadio, digno lugar que no tiene culpa de albergar a tales personajes. No lo dice crudamente, pero se vale de sus virtudes de exégeta, de sus habilidades metodológicas y de sus piruetas hermenéuticas, para convencernos de que una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Y no le importa citar a Federico Nietzsche como si fuera un pasquín. Dice no ser abogado, por fortuna; pero a nombre de la filosofía de la ciencia, Martín Aguilar tiene la posibilidad de ser reelecto, con la debida transgresión de la legalidad y con la dudosa legitimidad que lo acompañará, si persiste en su intento.
Todo es cuestión de interpretación jurídica veleidosa, según González Gaudiano. Y sin más, le atribuye a la JG la capacidad de pasar por alto la ley orgánica, convencido de que “… la Junta de Gobierno está no solo en su pleno derecho de interpretar las disposiciones existentes en la normatividad universitaria, sino que no pueden hacerlo de otro modo [sic], aunque haya quienes interpreten que hacerlo sería violatorio de la legalidad y la honorabilidad.” Mejor argumentación, ni Cantinflas. Y si se atreve a hablar de honorabilidad, solo falta que los miembros de la JG se den por enterados y estén dispuestos a protagonizar tal papelón, para vergüenza propia; que además podría implicar –de haber las suficientes presiones internas– el promover, en el colmo del atropello, una controversia constitucional o cualquier otro mecanismo jurídico que se les ocurra, y así allanar el camino para que Martín Aguilar transite hacia un nuevo periodo al frente de la UV; lo que a estas alturas se debe considerar con suficiente seriedad y alarma.
El pretencioso texto del servicial funcionario no calma las aguas; más bien las agita y enturbia. Y si considera que sus argumentos son convincentes y concluyentes, habrá que esperar la reacción de diversos miembros de la comunidad universitaria. Científicos de verdad; artistas creativos; humanistas en serio; empleados comprometidos, y hasta los disciplinados sindicatos que engalanan el elenco, también deberían aparecer y decir algo más allá de aquello que se expresa como simple cotilleo. Y es inevitable preguntar, ¿dónde están la facultad de derecho y el instituto de investigaciones jurídicas? ¿Acaso no tienen nada que decir? Pero también el encargado del posgrado debería ser cuestionado por quienes dicen reflexionar acerca de la legalidad, el estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, como procesos quintaesénciales de la vida pública. Sin embargo, lamentablemente dudo que hagan acto de presencia y se unan a la discusión, porque suelen taparse con la misma cobija. Nunca lo han hecho y solo esperan a que las cosas se reacomoden y las aguas se calmen.
Finalmente, si Martín Aguilar, a sus más de sesenta y cinco años, aún conserva los atributos de la lucidez y la elocuencia, suficientes para pretender reelegirse con tal descaro, con la misma solvencia debería dar la cara y hablar por sí mismo ante la comunidad universitaria; si bien nunca lo hizo cuando propuso a su actual secretario académico, Juan Ortiz Escamilla, que también rebasaba la edad establecida para ejercer el cargo, saliéndose con la suya con la anuencia de la JG, con tal de que la UV gozara de su presencia y aportaciones. El historiador, experto en guerras y batallas, habrá que ver con qué estrategia libra esta, para que su jefe y colega alcance la gloria, ya que el actual rector lo ha solicitado a la JG, sin disimulo, pensando en su “destinación” [sic] hacia un nuevo período en la rectoría.
No importa que ex rectores, ex funcionarios, anteriores y nuevos aspirantes a la rectoría cuestionen al doctor Aguilar y le armen un pequeño movimiento social –más bien, un sainete– para contenerlo. Basta que este se convenza de sus logros, si es que los tiene, antes de pretender verles la cara a los universitarios. A los de ahora, y a los que fuimos. Porque, así las cosas, es tan fácil acudir a interpósita persona para cuidar la imagen y no exponerse al ridículo. Más valdría que sus asesores –donde quiera que despachen– le hicieran un atento llamado a la cordura, porque en ello va el prestigio de todos los que lo acompañen en este atropello al orden jurídico universitario. Y en verdad, el doctor y decano Martín Aguilar Sánchez debería entender que la Universidad Veracruzana, a sus 81 años de existencia, no merece esta clase de atentado a la inteligencia; porque sin ella, la razón de ser de la institución carece de sentido.
