Mtro. Pedro Pablo Castillo Meza
Abogado Constitucionalista, Secretario de Estudio y Cuenta en el PJEV
La reforma constitucional en materia de poder judicial que sentó las bases para la elección de personas juzgadoras por voto popular en México, así como sus leyes secundarias, han generado en los ultimos meses un importante debate. Sin embargo, más allá de las posturas encontradas, esta modificación al ordenamiento jurídico mexicano presenta diversas virtudes que merecen ser comentadas, especialmente desde una perspectiva democrática y de fortalecimiento institucional.
- Mayor legitimidad democrática
Uno de los principales argumentos a favor de esta reforma es el fortalecimiento de la legitimidad de los jueces y magistrados. Actualmente, el proceso de juzgadores federales, se da mediante mecanismos que, si bien están regulados, suelen estar influenciados por intereses de cúpulas dentro de dicho poder y nepotismo. La elección por voto popular permitiría que los ciudadanos tengan un papel activo en la selección de quienes imparten justicia, asegurando así una mayor representatividad y reduciendo la percepción de que el Poder Judicial responde a intereses ajenos al pueblo.
Este enfoque también contribuiría a la percepción de imparcialidad del sistema judicial, al eliminar la sospecha de que los jueces son designados por favores políticos o compromisos previos con grupos de poder. Al ser elegidos directamente por la ciudadanía, los jueces y magistrados obtendrían un mandato legítimo que fortalecería la confianza en el sistema de justicia.
- Rendición de cuentas y cercanía con la ciudadanía
Otro aspecto positivo de esta reforma es el fortalecimiento de la rendición de cuentas. Al estar sujetos a la voluntad popular, los jueces y magistrados tendrían un incentivo mayor para actuar con transparencia y garantizar la impartición de justicia de manera imparcial. Esto reduciría la opacidad en las decisiones judiciales y permitiría que la sociedad exija un desempeño adecuado de sus funciones. Además, la elección popular fomentaría una mayor proximidad entre el Poder Judicial y la ciudadanía, lo que contribuiría a mejorar la confianza en las instituciones.
En países donde este modelo se ha implementado, se ha observado un incremento en la participación cívica y en la exigencia de mejores estándares de conducta y desempeño por parte de los jueces. La posibilidad de ser removidos mediante elecciones futuras genera un contrapeso efectivo contra la corrupción y el mal desempeño.
- Independencia judicial fortalecida
Si bien una de las principales críticas a esta reforma es el riesgo de que los jueces actúen en función de intereses políticos o electorales, la implementación de mecanismos adecuados podría mitigar dicho peligro. A través de normas claras sobre financiamiento de campañas, requisitos de idoneidad y periodos de ejercicio bien delimitados, se garantiza que los jueces conserven su independencia y que las decisiones judiciales se tomen con base en principios jurídicos y no en presiones externas.
Por ello, el diseño institucional del nuevo proceso electivo de juzgadores mediante una convocatoria abierta a la ciudadanía, y la selección final mediante insaculación, funciona como una salvaguarda que evite la influencia excesiva de grupos de interés o partidos políticos.
- Participación ciudadana y educación cívica
Otro beneficio relevante es el impacto positivo que esta reforma podría tener en la educación cívica de la población. La elección de jueces y magistrados incentivaría un mayor interés por conocer el sistema de justicia, los perfiles de los candidatos y las funciones del Poder Judicial. Esto generaría un electorado más informado y participativo, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más involucrada en la vida democrática del país.
Además, la promoción de debates públicos y la difusión de información sobre las trayectorias y propuestas de los candidatos permitirían a los ciudadanos tomar decisiones más informadas. Esto, a su vez, fomentaría una cultura de exigencia y vigilancia sobre el desempeño de los jueces electos.
- Proceso electoral y normatividad aplicable
Ahora bien, en el contexto de este proceso electoral inédito, que ya está en marcha, y que tendrá lugar el próximo primero de junio, el Instituto Nacional Electoral realiza un papel clave en la organización, desarrollo y cómputo de esta elección. Y para garantizar la equidad en este ejercicio democrático, recientemente ha aprobado unos lineamientos que incluyen un Catálogo de Infracciones, de Reglas Procesales y de Actuación.
Este documento tiene como objetivo establecer directrices claras y transparentes para el cumplimiento de las normas jurídicas dictadas por el Legislativo. El Catálogo de Infracciones, aprobado por el Consejo General del INE el pasado 23 de enero, proporciona un marco regulador que orienta el actuar de todas las partes involucradas en el proceso electoral.
Las reglas procesales incluidas en este catálogo regulan la tramitación de procedimientos sancionadores bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva del INE, en coordinación con su Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y los órganos desconcentrados de la Institución. Los sujetos alcanzados por esta normatividad incluyen aspirantes y candidatos a jueces, partidos políticos, servidores públicos, dirigentes y afiliados partidistas, observadores electorales, ciudadanos y concesionarios de medios de comunicación.
Entre las principales infracciones contempladas para los candidatos destacan la realización de campañas fuera de los periodos legales, la difusión de propaganda calumniosa o que atente contra el interés superior de la niñez, la comisión de violencia política de género y el uso indebido de recursos públicos. Para los partidos políticos, se prohíbe el proselitismo irregular, la contratación de espacios en medios para promocionar candidaturas y la entrega de materiales con fines electorales.
Asimismo, los servidores públicos tienen restricciones sobre el uso de recursos estatales con fines propagandísticos, el aprovechamiento de programas sociales para inducir el voto y la participación en actos de campaña en horarios laborales. Finalmente, para la ciudadanía, los dirigentes y afiliados partidistas, así como observadores electorales y concesionarios de medios, se regulan prácticas como la difusión no equitativa de encuestas y la organización de eventos sin condiciones de equidad.
Conclusión
La elección judicial por voto popular representa un cambio significativo en el modelo de designación de personas juzgadoras en México. Si bien existen retos en su implementación, los beneficios en términos de legitimidad, rendición de cuentas, independencia judicial y participación ciudadana son argumentos de peso para considerar esta reforma como un avance positivo. Es fundamental garantizar la transparencia en el financiamiento de campañas y fortalecer la capacitación ética y profesional de los jueces electos. Solo mediante estas medidas se podrá consolidar un Poder Judicial más fuerte, transparente y alineado con las necesidades de la sociedad mexicana.
