lunes, diciembre 6, 2021
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Gobernar a decretazos

Pedro Castillo Meza *

En el terreno de lo jurídico, mientras la sociedad esperaba con ligera atención la designación de quien ocuparía el cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la tarde del lunes 21 de noviembre del año en curso, el ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, tuvo la brillante idea de publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un acuerdo, que en síntesis, “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Las razones que motivan el acuerdo son evidentes: la demora que esta administración pública federal ha enfrentado con motivo de los diversos juicios de amparo promovidos por personas afectadas y de otras que lo han hecho en la defensa de derechos fundamentales de terceros, contra los megaproyectos, tales como: el Tren maya, Dos bocas o el Aeropuerto Felipe Ángeles.

Sin embargo, aún cuando el numero de amparos presentados o las suspensiones provisionales concedidas en contra de dichas obras fueran innumerables, ello no resulta un motivo razonable para que, mediante la emisión de actos aparentemente blindados de legalidad, el ejecutivo federal busque a toda costa la conclusión de sus proyectos, a través de la violación de otros derechos fundamentales.

En ese tenor, el acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, es inconstitucional por las siguientes razones:

  1. El acuerdo cita como fundamento jurídico el artículo 89 fracción I de la Constitución de la República, el cual establece la facultad reglamentaria del presidente con apego a las leyes (principio de reserva de ley; no obstante, se emite un acuerdo que precisamente va en contra de diversas leyes administrativas que han sido expedidas por el Congreso de la Unión, y como se ha dicho, dicha facultad del ejecutivo se encuentra circunscrita a las leyes establecidas de jerarquía superior (principio de subordinación a la ley).
  2. La seguridad nacional es un concepto que se encuentra desarrollado en los artículos 3º y 5º de la Ley de Seguridad Nacional, entre los que no se encuentran las obras de infraestructura que el Presidente de la República pretende englobar dentro de dicho concepto, el Presidente no puede legislar por acuerdo; pero más aún, el artículo 4º de la referida ley establece que la seguridad nacional no es una categoría que permita el incumplimiento de principios y derechos fundamentales como los que el acuerdo viola: legalidad, información y medio ambiente, pues este artículo establece que: “La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.”
  3. El acuerdo ordena a las dependencias de la Administración Púbica Federal a autorizar provisionalmente cualquier obra o proyecto, lo que viola el principio de legalidad, y ante la ausencia de respuesta en un plazo de 5 días, se entenderá como autorizado (afirmativa ficta), inobservando todos aquellos procedimientos administrativos que deben seguirse antes de su ejecución, lo que también viola el sentido del artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Lo absurdo es que, con esto las dependencias no tendrán que preocuparse en autorizar pues la afirmativa lo hará por ellas.
  4. La categorización de las obras que el presidente considere como de seguridad nacional, tendrá como consecuencia que la información relativa a estas sea reservada de facto, lo que viola el derecho a la información.
  5. En el caso de las adquisiciones y obras públicas relacionados con dichos proyectos, las dependencias encargadas de su ejecución podrán exceptuar del procedimiento de licitación pública y tendrán la posibilidad de realizar adjudicaciones de forma directa, de todos aquellos contratos relacionados con los proyectos, lo que viola la libre competencia, así como los principios y bases del adecuado uso de los recursos públicos.

Es importante mencionar que los medios de impugnación para combatir dicho acuerdo se encuentran limitados por razones de orden practico,  de ahí la viveza del autor de este acuerdo, pues si bien la controversia constitucional es el medio de control constitucional idóneo para combatir el acto, y que podría ser promovida por alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, estas se presentan (firman) por conducto de quienes ocupan sus presidencias, las que hoy se encuentran ocupadas por legisladores del partido político oficialista.

Por todo lo anterior, la posibilidad y responsabilidad de impugnar este acuerdo se traslada al INAI en defensa del derecho a la información, a la COFECE en defensa de sus facultades para garantizar la libre competencia, a los juicios de amparo indirecto que sean promovidos por organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea la defensa de los derechos fundamentales que hoy están en juego y que eventualmente serán violentados.

Finalmente, vale la pena citar la protesta que realizó el Presidente de la República y que se encuentra en el artículo 89 constitucional: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen […]”; no como retórica, sino como una responsabilidad que la ciudadanía ante este tipo de actos le deberían recordar.

* Abogado constitucionalista y asesor jurídico en el Senado de la República.

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