- Mercedes Ruiseñor Acosta cursa la Maestría en Estudios de Género de la UV
- Impartió el taller “Introducción a la interrupción del embarazo: Legislación, métodos y acompañamiento de aborto”
José Luis Couttolenc Soto / Fotos: César Pisil Ramos
Xalapa, Ver.- Para Mercedes Ruiseñor Acosta, alumna de la Maestría en Estudios de Género (MEG) de la Universidad Veracruzana (UV), el aborto no debería estar en los códigos penales del país, “se trata de un tema de salud pública y nosotras somos quienes decidimos sobre nuestros cuerpos”, dijo.
Así lo planteó la estudiante del posgrado adscrito al Centro de Estudios de Género y activista, al impartir el taller “Introducción a la interrupción del embarazo, métodos, legislación y acompañamiento del aborto”, en la Sala A de la Unidad de Humanidades.
Detalló que esta iniciativa académica e informativa surgió a propósito del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, con el propósito de socializar conocimientos esenciales y resolver dudas sobre los derechos sexuales y reproductivos tanto en el estado de Veracruz como a nivel nacional.
Dirigido a la comunidad universitaria y al público en general, el espacio informativo abordó un temario integral que incluyó las definiciones del aborto libre, seguro y feminista, los marcos legales vigentes a nivel estatal y federal, y los métodos clínicos de interrupción del embarazo.
Durante la sesión se enfatizó la necesidad de entender estos procesos no solo desde una perspectiva médico-legal rígida, sino como una práctica colectiva de cuidados cimentada históricamente por redes de mujeres para garantizar procesos afectivos, solidarios y desestigmatizados.
El taller sirvió también como foro de análisis sobre las barreras estructurales que persisten en las instituciones públicas de salud.
Ruiseñor Acosta expuso que el estigma social, la falta de sensibilización y capacitación del personal médico, y la escasez de medicamentos que se ha prolongado durante varios meses, continúan siendo los principales obstáculos que vulneran el acceso real y efectivo a este derecho en la entidad.
