- Sin una norma estatal, las comunidades dependen de amparos, expuso Tlexochtli Rocío Rodríguez, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana
- Abogados que hablen lenguas originarias serán cada vez más necesarios en la defensa de los pueblos originarios frente a proyectos de gran inversión
Paola Cortés Pérez / Fotos: Omar Portilla Palacios
Xalapa, Ver.- El estado de Veracruz necesita una ley general que obligue a consultar a los pueblos indígenas antes de instalar megaproyectos en sus territorios, planteó Tlexochtli Rocío Rodríguez García, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), quien explicó que este sector poblacional ha tenido que defenderse en tribunales para frenar obras que se impulsaron sin preguntarles.
Lo anterior, al presentar la ponencia “Proyectos de transición ecológica y consulta previa: grupos indígenas en Veracruz” —elaborada junto con Leticia Espinosa Nicolás—, durante el Coloquio Internacional “Democratizar el saber: Diálogos entre ciencia, cultura y sociedad”, realizado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UV.
Recordó que el derecho a ser consultados ya está reconocido en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como en el Acuerdo de Escazú.
Todas estas normas establecen que la consulta debe ser previa, libre e informada, adecuada a la cultura de cada pueblo y de buena fe; sin embargo, en la práctica no se cumple, y lo que se presenta como transición ecológica, es decir, el impulso a energías limpias y a obras para combatir el cambio climático ha chocado con el territorio de las comunidades, enfatizó.
Para ejemplificarlo, expuso cuatro casos: un proyecto hidráulico en la cuenca del río Blanco, que afectaría a comunidades nahuas de la sierra y de las Altas Montañas, y que se intentó impulsar sin consulta y sin estudios de impacto ambiental ni social; los polígonos de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el sur del estado, donde las obras contaban con permisos de las autoridades, pero no con la consulta a la población indígena, y promovieron un amparo que ganaron.
El tercero es el gasoducto Tuxpan-Tula, en el norte del estado, para el cual se firmaron convenios con ejidatarios de manera individual, bajo presión o engaño, sin consultar a la comunidad en conjunto ni traducir la información al náhuatl y al totonaco; el cuarto es un acueducto impulsado por la Comisión Nacional del Agua con una inversión de tres mil millones de pesos, que avanzó rápidamente hasta que las poblaciones indígenas y ejidales presentaron un amparo que detuvo el proyecto.
Estos casos, señaló, muestran que consultar no basta con preguntar si se acepta una obra, sino que debe hacerse en la lengua de cada comunidad; por ello, invitó a las y los estudiantes de la Licenciatura de Derecho a aprender y usar las lenguas originarias, pues los abogados que las hablen serán cada vez más necesarios en instituciones y en el litigio.
Agregó que el derecho ambiental es un campo poco explorado donde, mediante el amparo, es posible defender a las comunidades frente a proyectos de gran inversión.
La ponente planteó que los proyectos de energía sustentable dejen de ser grandes parques privados y pasen a modelos administrados por las propias comunidades, de modo que sean ellas quienes se beneficien.
Una ley estatal de consulta, concluyó, daría mayor protección a los pueblos indígenas y evitaría que sus derechos dependan de que logren llegar a juicio.
