Por Atanasio Hernández
«Difama, que algo queda», se lee en el refranero popular. La idea, llevada y traída en el manual de la publicidad política, suele usarse para desprestigiar a líderes, a gobernantes, a los enemigos y adversarios.
Eso parece estar ocurriendo en Veracruz con la gobernadora Rocío Nahle García.
La mandataria veracruzana sube y baja, va y viene, recorre todo el territorio veracruzano inaugurando obras, llevando programas sociales, atendiendo directamente a la ciudadanía y los opositores, una día y otro también, le arman campañas negras, de desprestigio, con la intención de minar su fortaleza política.
Cuando no se puede desacreditar el trabajo de una funcionaria con resultados, se intenta hacerlo mediante rumores, acusaciones recicladas y señalamientos dirigidos hacia su entorno familiar. Y eso es lo que ha estado ocurriendo.
Desde su campaña a la gubernatura han circulado versiones sobre supuestas cuentas en el extranjero, múltiples propiedades, una presunta casa en Nueva York, una cadena de negocios, zapatos, el yerno y ahora el marido. Acusaciones que aparecen, desaparecen y vuelven a circular con distintos envoltorios, pero con el mismo propósito: sembrar duda sobre la persona y, con ello, intentar demeritar su desempeño como gobernadora.
El problema de esta estrategia es que los familiares de una funcionaria no son funcionarios por el simple hecho de ser sus familiares.
Su vida personal no puede convertirse en sustituto del debate sobre las decisiones, las políticas públicas y los resultados de quien sí ocupa un cargo de responsabilidad.
Y sobre todo el hecho de que la repetición no convierte una acusación en verdad.
Una versión puede circular cien veces en redes sociales y seguir siendo una versión. Un señalamiento puede repetirse durante años y continuar necesitando pruebas. En política, la acusación fácil suele tener la ventaja de llegar rápido; la verdad, en cambio, exige documentos, auditorías, resoluciones y hechos.
Y a Nahle ya le ha pasado, por ejemplo; el caso de Dos Bocas. La refinería ha sido objeto de procesos de fiscalización y auditorías ( la más auditada hasta donde se sabe)
Si existen señalamientos concretos sobre irregularidades, corresponde acreditarlos por las vías institucionales, no convertirlos en una sentencia anticipada desde redes sociales.
Lo mismo debe ocurrir con cualquier otra acusación.
Si alguien sostiene que una propiedad pertenece a la gobernadora, que lo pruebe. Si afirma que existen recursos en el extranjero, que presente la documentación correspondiente. Si acusa un acto ilícito, que acuda ante la autoridad competente.
Porque una cosa es cuestionar a una gobernadora (algo absolutamente legítimo en una democracia) y otra muy distinta es construir una campaña permanente de desprestigio a partir de acusaciones que se reciclan de manera coordinada y sin aportar elementos nuevos.
También llama la atención que, cuando el argumento político no alcanza, el ataque termine desplazándose hacia la familia: si no pueden con la funcionaria, intentan golpearla a través de quienes la rodean.
Rocío Nahle puede y debe ser cuestionada por sus decisiones de gobierno. Se pueden discutir sus políticas, sus resultados, sus prioridades, incluso reconocer sus errores y sus aciertos. Eso forma parte de la democracia y del ejercicio de la función pública.
Pero otra cosa es convertir cualquier rumor relacionado con su familia en una herramienta política.
El debate debería estar en Veracruz, en sus hospitales, sus carreteras, sus escuelas, sus inversiones, sus obras, sus finanzas y en cada una de las decisiones que toma el gobierno estatal. Ahí es donde debe medirse a una gobernadora.
Porque cuando una acusación necesita ser repetida una y otra vez para mantenerse vigente, quizá el verdadero objetivo ya no sea informar a la sociedad, sino desgastar a quien gobierna.
Y eso se llama ataque político.
Así que aguas, amable lector, hay que estar muy atentos, en estas aguas fangosas de la realidad líquida, de lo que es verdad, de lo que es mentira, de lo que es manipulación y campaña negra.
