Por Sofía Río de la Loza
Hay reformas que llegan al Congreso y se quedan en el terreno de los artículos, los transitorios y las votaciones. Y hay otras que, tan solo por su “origen”, obligan a mirar más allá del dictamen; eso es la carga política.
La reforma constitucional en materia de nacionalidad única pertenece a la segunda categoría.
Este miércoles, Veracruz se integró al selecto grupo de entidades que han comenzado a dar forma al Constituyente Permanente para modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución federal, pues el Congreso local aprobó la minuta enviada por el Senado y, con ello, respaldó la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En esencia, lo que busca es establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no tengan otra nacionalidad o, en el mejor de los casos, que renuncien a ella antes de solicitar su registro como candidatos o candidatas.
A todas luces, esta no es una reforma que afecte a todos los mexicanos del mundo con doble nacionalidad. Es un primer paso para cerrar filas hacia una verdadera soberanía nacional y no permitir las “filtraciones” extranjeras que pongan en riesgo al país.
En Veracruz, el debate no fue tan fuerte, al tener la mayoría en el Congreso, pero sí importante. Desde el estrado se planteó que respaldarla significa refrendar que la conducción de los destinos del país exige una sola nacionalidad y una pertenencia exclusiva al Estado mexicano.
La defensa de la reforma siguió así la misma ruta trazada desde el ámbito federal: establecer condiciones particulares para quienes aspiren a ocupar las posiciones ejecutivas de mayor responsabilidad del país.
Aquí el truco está en entender que, pese a lo que diga la oposición; no se cuestiona la mexicanidad de quienes poseen dos nacionalidades, realmente se trata de establecer una condición específica para ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo y que corresponda al interés superior de las y los mexicanos.
La propuesta coloca la nacionalidad como un requisito vinculado directamente con el ejercicio del poder y con la relación jurídica que debe existir entre quien gobierna y el Estado mexicano, para que quede más claro que se viva y se sienta el ser mexicano.
Pero, como siempre, la oposición, eligió otra puerta de entrada.
