El 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se instauró por la Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial y erradicarla, sin embargo, todos los días en el país, más mujeres se suman a la lista de víctimas.
Es por ello que desde la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo emitimos el siguiente PRONUNCIAMIENTO:
Nuestra Red fue constituida en 2021 y a la fecha tiene instalados Capítulos en 27 entidades y está conformada por mujeres que desde la función pública, la representación popular, el activismo, la academia y la consultoría hacemos política activa, y hoy elevamos nuestras voces para exigir que se cumpla el mandato legal y se garantice que las mujeres en México y en cada estado de la República mexicana vivamos libres de violencias pues esa es una de las peores formas de discriminación, que merma la calidad de vida, vulnerando a las mujeres, quienes son – somos – las principales víctimas.
El Estado mexicano está siendo rebasado por la violencia que aqueja a la sociedad y que vulnera a las mujeres, producto de la desigualdad estructural imperante.
La omisión de los gobiernos en sus tres órdenes agravan las violencias que viven las mujeres urbanas, rurales, indígenas, afromexicanas, migrantes, campesinas, mujeres con discapacidad, viviendo con VIH, trabajadoras del hogar, mujeres sindicalizadas y trabajadoras sexuales, en todos los ciclos y formas de vida.
A todas nos amenaza el feminicidio, la violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, las desapariciones y la trata de personas en la escuela, el trabajo, el hogar, la vía pública y el entorno digital.
La cifra de feminicidios pasó de un promedio de nueve a once diarias de acuerdo con la ONU.
La cifra es abrumadora. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del año 2015 al mes de octubre del presente año han sido víctimas de feminicidio 6,220 mujeres y aún hay muchas más que colectivos y asociaciones civiles tienen registrados y desde luego, tampoco contando los homicidios dolosos que no son clasificados como feminicidios pero que tampoco son esclarecidos. Por lo que le exigimos al Estado su erradicación.
Pero la cruel realidad que significan los feminicidios no son el único de los rostros de las violencias contra las mujeres.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en su edición de 2021 dio a conocer que 50 millones y medio de mujeres y niñas mayores de 15 años han atravesado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Además de ello, el 70.1 por ciento ha experimentado, al menos una situación de violencia. La violencia psicológica es la que presentó mayor prevalencia (51.6 por ciento), seguida de la violencia sexual (49.7 por ciento), la violencia física (34.7 por ciento) y la violencia económica, patrimonial y/ o discriminación (27.4 por ciento).
Nosotras vivimos en nuestros cuerpos todas las violencias, las que nos afectan tan solo por el hecho de ser mujeres y las que se profundizan por nuestras diferentes condiciones.
Y si a estos tipos delictivos le añadimos la desaparición de 7 mujeres y niñas a diario ¿en qué infierno estamos viviendo las mujeres?
Negar las cifras es negar la realidad, negar la realidad es negar a las víctimas. No puede seguir el discurso político en ese sentido. Los datos son contundentes, mismos que, por cierto, son del propio Gobierno.
Al ser la nuestra una red de mujeres políticas defensoras de la paridad, en congruencia con ello rechazamos enérgicamente la violencia política contra las mujeres en razón de género, misma que en el pasado proceso electoral 2020-2021 cobró la vida de 17 candidatas y 7 aspirantes a un puesto de elección popular, haciendo de ese proceso electoral «el más violento hacia las mujeres».
Pero la violencia política no se ejerce solo en los procesos electorales. La vemos cometerse en contra de mujeres que desempeñan un cargo público, como ocurrió el sábado pasado durante la comparecencia del Secretario de Gobierno de Veracruz al cuestionar el principio de paridad por el que la Dip. Ruth Callejas se integró al Congreso Local, agresiones que este y otros secretarios de despacho han cometido en contra de otras diputadas quienes también hemos acompañado en sus denuncias, pues esos actos constituyen un ejercicio de poder que es inadmisible, pues proviene de parte de quienes deberían ser los primeros en respetar la ley y no generar más violencias.
Existe un marco jurídico que brinda protección a las mujeres, sin embargo el reconocimiento de los derechos de mujeres y niñas en las leyes de un país no es suficiente, se necesita la articulación de esfuerzos y acciones contundentes de todas las autoridades e instituciones competentes de los tres órdenes de Gobierno, así como de las Fiscalías, las cuales tienen la obligación de investigar exhaustivamente, con debida diligencia, perspectiva de género y aplicando el análisis de contexto los hechos delictivos que impliquen violencia de género
Hoy día lamentablemente el acceso a la justicia se ha vuelto inalcanzable.
Dado que se estima que a nivel nacional el índice de impunidad de las Fiscalías es del 98%, ¿Cuándo podrán las familias de las mujeres víctimas de feminicidio ver en prisión a los asesinos de sus hijas, sus hermanas, sus madres?
El encubrimiento de los responsables de cualquier tipo de violencia de género convierte igualmente en responsable a la autoridad que así procede. La omisión de las autoridades para investigar los casos de violencia de género contra mujeres y niñas también es criminal y genera impunidad. La violencia contra mujeres y niñas es la violación de los derechos humanos más generalizada y tiene origen en la desigualdad, la discriminación de género y las relaciones de poder. No puede seguir fomentándose con un doble discurso. Se necesitan acciones concertadas por parte de las autoridades, dejando atrás intereses políticos para lograr la sinergia que se necesita en este país.
El andamiaje institucional construido en los últimos años para brindar atención a las mujeres poco o nada puede hacer sin un presupuesto que garantice su operación. Es por ello que exigimos un Estado con políticas públicas efectivas para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, pero que a la vez erosione las estructuras de poder que sostienen la discriminación.
Por eso también desde la Red hacemos un llamado a las autoridades para que reconozcan que los derechos de las mujeres no están a discusión, no están sujetos a negociación política. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres son obligaciones de todo Gobierno: Federal, Estatal y Municipal.
Las integrantes de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana hoy nos sumamos a las mujeres que claman justicia y nos volvemos la voz de quienes han sido víctimas de diversos tipos de violencia de género, para junto con ellas y por ellas exigir:
¡Ni una más!
