Fiscalía Anticorrupción de Veracruz, entre las 4 más deficientes del país, según estudio de IMCO y TOJIL

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Agencia Espejo del poder

Una evaluación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la organización TOJIL a 29 Fiscalías Anticorrupción del país reveló que éstas carecen de un proto­colo de audiencias, de pro­tección a testigos, entregas vigiladas y operaciones en­cubiertas, lo que significa que hay pocos instrumen­tos normativos para realizar investigaciones de actos de corrupción.

Según este estudio –el cual no incluye a Baja California, Baja Califor­nia Sur y Ciudad de México, pues no contaban con Fiscalía al momento de solicitar la información–, los estados con una actuación satisfactoria en procesos son 15, entre ellos Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guerrero, Nuevo León, Esta­do de México y Michoacán, mientras que los más deficientes son cua­tro: Morelos, Nayarit, Querétaro y Veracruz. En el caso de Tabasco mencionaron que no quiso dar información.

De acuerdo con los re­sultados, en capital humano ningún estado tiene una si­tuación satisfactoria, 12 son regulares, entre ellos Jalisco y el Estado de México; y 13 deficientes, entre ellos Nuevo León. Nayarit y Veracruz, que tampoco proporcionaron datos.

En presupuesto, sólo cin­co tienen recursos para ope­rar satisfactoriamente, 12 de manera regular, ocho tienen dinero insuficiente y cuatro no quisieron dar información.

El informe elaborado por el IMCO y la organización TOJIL expone que las carencias con las que operan las Fiscalías Antico­rrupción en México son tales, que en algunos casos cuentan con tan sólo un policía de in­vestigación, y otras no tienen peritos.

Como ejemplo mencionan el caso de la Fiscalía de San Luis Potosí que tiene só­lo dos ministerios públicos y un policía para investigar, mientras que el Estado de México cuenta con 53.

A nivel nacional, el pro­medio de personal en las Fis­calías Anticorrupción es de 12 ministerios públicos, 7 po­licías de investigación y 4 pe­ritos; sin embargo, muchos estados están muy por debajo de estas cifras.

Pero además del bajo capital humano con el que cuentan, la mayoría carecen de capacitación a su perso­nal, lo que se traduce en po­ca efectividad en la investiga­ción de casos de corrupción, advierte el informe.

Sólo cinco fiscalías repor­taron dar capacitación a sus peritos en 2019 y 2020,11 ca­pacitaron a sus policías y 16 a sus ministerios públicos.

Las organizaciones re­sumen en tres puntos las ca­rencias de estas instituciones, creadas en 2015: limitado uso de la herramienta penal en el combate la corrupción, poca efectividad en la investiga­ción de casos, y baja judicialización y enjuiciamiento.

Esto es derivado de la in­comodidad que generan al po­der político; por no tener pre­supuesto o personal suficiente ni especializado; o que el po­der legislativo en los estados impone dificultades prácticas en la investigación por refor­mas contradictorias, agregan.

Además de que no hay criterios homologados en el Poder Judicial con respecto a los estándares probatorios del delito; y la Comisión Na­cional Bancaria y de Valores no entrega o dificulta la in­formación.

Más complejo investigar en estados

Por su parte, el Fiscal Anticorrupción en Coahuila y presidente de la Con­vención Nacional de Fisca­les Anticorrupción, Jesús Flores Mier, declaró al diario Reforma que las deficiencias del trabajo de estas fiscalías especializadas no sólo se deben a la falta de recursos, personal o equipo tecnológico, sino a que también los casos de corrupción en los estados son más comple­jos de investigar.

Sin embargo, Flores Mier aseguró que están en la “mejor acti­tud” para corregir y sumar esfuerzos con dependencias y sociedad civil.

“No se puede mejorar lo que no se puede medir, y con este informe tenemos datos muy importantes. Ya creamos un grupo de traba­jo para darle seguimiento a este estudio”, contestó a la reportera Érika Hernández, del diario capitalino.

Durante la presen­tación del informe del IMCO y TOJIL, Flores ase­guró que no niegan lo que sucede, pero, aclaró, hay mu­chos factores que repercuten. Para empezar, dijo, existen varias fiscalías que llevan cuatro años sin tener titu­lar, además de que indagar los casos de corrupción “es cada vez es más difícil” y se necesita más especialización.

“A nivel nacional los he­chos de corrupción son di­ferentes, en los estados se hace más compleja (la in­vestigación), por eso es difí­cil hacer una comparación”, indicó.

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