Con 280 millones de pesos federales reforzarán la seguridad en Veracruz

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Agencia SPI Veracruz

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ministró más de 260 millones de pesos al gobierno de Veracruz para acciones de seguridad pública.

En el marco del Sistema de Seguridad Pública, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública e los Estados y del Distrito Federal (FASP), se le otorgó al gobierno de Veracruz presupuesto por 264 millones 498 mil 855 pesos.

De manera complementaria el gobierno estatal sumará a la aportación federal la cantidad de 121 millones 321 mil 880 pesos, que equivale a más del 25 por ciento del total de recursos federales otorgados.

La cantidad final para las tareas de seguridad suman un tal de 385 millones 820 mil 735 pesos.

Dicho recurso será destinado para seguimiento y supervisión de la información de la base de datos locales y nacionales en materia vehicular, así como continuidad a las políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.

Asimismo, para atender instancias de seguridad pública y de procuración de justicia de los tres niveles de gobierno; que deriven en acciones de prevención que beneficien a grupos vulnerables identificados.

El FASP atiende cinco ejes del Sistema nacional de Seguridad Pública, tales como desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.

Desarrollo, profesionalización y certificación policial; tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.

Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios; fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes.

Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos; sistema nacional de información para la seguridad pública.

Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas; fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto y; especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.

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