Pide CNDH reabrir caso de anciana de Zongolica que falleció en 2007 tras ataque sexual de soldados

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Agencia Espejo del poder

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una nueva recomendación 45VG/2021 sobre el caso de Ernestina Ascencio Rosario, una anciana náhuatl de 73 años de edad, de la sierra de Zongolica, que falleció en febrero de 2007 a consecuencia del presunto ataque sexual de elementos del 63 Batallón de Infantería del Ejército.

El hecho fue ampliamente difundido hace 14 años y abordado por la propia CNDH en la recomendación 34/2007, cuya investigación, reconoció el organismo, presentó diversas irregularidades.

Por ello, inició de oficio el expediente de queja con el número CNDH/2/2021/6829/VG, con motivo de una “nueva evidencia allegada y elementos fácticos que no fueron considerados en la recomendación 34/2007”.

La recomendación 45VG/2021, dirigida a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y a la Secretaría de Salud de la misma entidad, solicita iniciar una nueva investigación del caso, y destaca que las nuevas diligencias deberán “considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generadas en el pasado”.

En la revisión del caso, subraya, se encontraron actuaciones de la propia CNDH “contrarias a su misión constitucional, que acabaron por revertir las conclusiones de las investigaciones iniciales y exponer una contradicción que a la fecha persiste, vulnerando gravemente el derecho a la verdad y a la justicia que les asiste a los familiares de la víctima”.

En un comunicado, afirmó que 14 años después “se vio en la necesidad de revisar de nueva cuenta el caso, advirtiendo violaciones graves a los derechos humanos, de manera específica a la vida, a la protección de la salud por negligencia médica y por omisión, la integridad, seguridad personal y a la dignidad humana cometidas en agravio de dicha mujer adulta, indígena náhuatl”.

Hechos, indicó, “atribuibles a servidores públicos de la Fiscalía General y a la Secretaría de Salud, ambas del estado de Veracruz”.

EX GOBERNADOR FIDEL HERRERA HABRÍA ENCUBIERTO EL CRIMEN

A mediados de marzo pasado, tres meses después de que el presidente López Obrador respaldara públicamente la posición del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, de que se revisara el caso de Ernestina Ascencio, la CNDH informó oficialmente que reabriría su investigación sobre este caso.

El organismo autónomo que preside Rosario Piedra Ibarra criticó que, a pesar de que la mujer indígena tenía lesiones vaginales al momento de su deceso, el 26 de febrero de ese mismo año la CNDH –que en ese entonces encabezaba José Luis Soberanes Fernández– indicó que el fallecimiento de la indígena náhuatl fue provocado por una “gastritis crónica” y con esa conclusión emitió su Recomendación 34/2007.

Esta conclusión es la misma que previamente había dado el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien desde el inicio de su sexenio, en diciembre de 2006, decidió sacar al Ejército de los cuarteles para combatir el crimen organizado. La versión presidencial fue apoyada incondicionalmente también por el entonces gobernador priista Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), quien presuntamente habría tratado de persuadir a los familiares de la víctima ofreciéndoles hasta un viaje a la Ciudad de México para que conocieran la Basílica de la Virgen de Guadalupe.

“La presidenta (de la CNDH) Rosario Piedra Ibarra ha determinado que se inicie la revisión de la Recomendación 34/2007 y, en concreto, los hechos referidos respecto a la grave y múltiple violación a los derechos humanos de Ernestina Ascencio Rosario, desde los estándares vinculantes más elevados en la materia, con perspectiva de inclusión (género, etaria, étnica, multicultural) y con estricto apego a la normatividad aplicable en la materia”, notificó la Comisión Nacional.

Recordó que los familiares de la víctima acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde criticaron que no recibió una atención médica adecuada cuando fue trasladada al hospital por ser indígena, pobre y adulta mayor.

FISCALÍA ESTATAL, DESCALIFICADA

El jueves 10 de diciembre de 2020, el presidente López Obrador y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunciaron que el caso de la indígena septuagenaria Ernestina Ascencio, de Soledad de Atzompa, en la sierra de Zongolica sería reabierto y que la nueva indagatoria quedaría en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz. Sin embargo, activistas y abogados se pronunciaron en contra ya que acusaron que representantes del órgano autónomo encargado de procurar justicia en la entidad veracruzana había ratificado el viernes 27 de noviembre, en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la misma versión oficial que se impuso en la administración del expresidente Felipe Calderón.

Entrevistada posteriormente por la periodista Carmen Aristegui, la abogada Carmen Herrera García, socia de la organización Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos –una de las cuales llevó hasta la CIDH el caso de la mancillada indígena náhuatl fallecida hace 14 años–, declaró que reabrir la investigación sobre la muerte de Ernestina Ascencio es un paso positivo para hacer justicia, pero afirmó que la Fiscalía de Veracruz no era la instancia adecuada para llevar el caso, pues fue una de las participantes en las irregularidades, por lo que exigió que se realice una indagatoria independiente para encontrar a los responsables.

“Reconocemos como un paso fundamental para que se escriba una historia diferente sobre este caso. Nos parece muy importante, damos la bienvenida este cambio de postura del Estado Mexicano”, dijo la abogada.

Sin embargo, Herrera García indicó que “la manera en que se anunció que se va a abrir el caso nos parece preocupante, no estamos de acuerdo en que esa sea la vía, creemos que la Fiscalía de Veracruz no está calificada para meter las manos nuevamente en la investigación porque es una de las autoridades responsables que incurrió en las violaciones que estamos denunciando ante la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) y que además las fue a reafirmar a la audiencia”.

“Entonces nosotros hemos planteado que debe hacerse una investigación independiente, de manera que determine qué pasaba en ese expediente y que pasó en torno al expediente en el ambiente, las declaraciones en la intromisión de las instituciones, de la figura presidencial, etcétera, y que se satisfaga el derecho a la verdad y que derivado de esa investigación se diga qué pasó exactamente, se determinen responsabilidades y entonces sí se proceda a iniciar los procedimientos correspondientes”, concluyó.

Y es que el jueves 10 de diciembre, el presidente López Obrador había respaldado la posición del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, de que se reabriera el caso de Ernestina Ascencio.

Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB, reseñó en esa conferencia de prensa que el 25 de febrero de 2007 la hija de Ernestina observó que los borregos que su madre pastoreaba regresaron solos al paraje donde vivían en el municipio de Soledad Atzompa, y que al ir a buscarla la encontró tirada en el suelo. Al preguntarle qué había sucedido, la señora le respondió: “los soldados se me echaron encima, mi’ja me duele la cadera”.

El funcionario relató que de acuerdo con la versión de los familiares, la señora Ernestina fue trasladada a una Unidad Médica Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social pero que se encontraba cerrada, por lo que tuvieron que trasladarla hasta otra clínica de Ciudad Mendoza debido a su gravedad, en donde falleció en la madrugada del 26 de febrero de 2007.

Encinas refirió que personal ginecológico de ese hospital reportó que en su caso se encontró presencia de lesiones correlativas con violación vaginal y anal, y que incluso sus agresores le introdujeron vía anal un objeto punzocortante que le destrozó el riñón, el hígado y el intestino.

“Esta versión fue confirmada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de entonces. Sin embargo, de manera posterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una investigación y diseccionó el cuerpo llegando a la conclusión que por las evidencias que encontró la señora Ernestina falleció por –y lo voy a citar textualmente– ‘por las alteraciones insulares y viscerales consecutivas anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas pépticas agudas de una persona que cursaba por una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, histemia intestinal y trombosis disentería’”.

“En palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica”, remarcó el subsecretario.

“Esta posición es por supuesto inaceptable para el Gobierno de México, por lo cual queremos señalar que la posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana no representa la posición del Estado Mexicano, las políticas en materia de protección y garantía de los derechos humanos y no representa las instrucciones del Presidente de la República nos ha dado para atender estos asuntos.

“Por ello, una vez que hemos conversado con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con la Secretaría General de Gobierno de ese estado, con la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hemos decidido que el informe sobre estos hechos que se presentará el próximo 3 de enero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecerá que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación a fin de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas.

“En ese contexto, la Secretaría de Gobernación coordinará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estos trabajos a fin de alcanzar con los familiares de las víctimas una solución amistosa que permita atender a fondo esta denuncia que por ejecución extrajudicial y violencia contra la mujer presentaron los familiares de la señora Ernestina Ascencio para resolver de fondo este hecho y garantizar justicia, no repetición y la reparación integral del daño”, concluyó.

REPRUEBAN VERSIÓN OFICIAL

A su vez, en la edición impresa del diario LA JORNADA del domingo 6 de diciembre pasado, Rosalba Aída Hernández Castillo, doctora en Antropología y destacada investigadora del CIESAS, reprobó que funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE), del Instituto Veracruzano de Acceso de la Información (IVAI) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores hayan validado “la vergonzosa verdad histórica usada por el gobierno calderonista para ocultar las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército Mexicano contra una mujer indígena náhuatl de Veracruz”.

La antropóloga bajacaliforniana hizo referencia a la audiencia que el viernes 4 de diciembre realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el análisis de fondo del caso Ernestina Ascencio, que fue llevado a esa instancia por la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), la organización Kalli Luz Marina y las organizaciones de derechos humanos Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos y el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara.

“Para sorpresa de muchos de los asistentes que nos conectamos en línea, los representantes del Estado mexicano, repitieron ante la CIDH la vergonzosa verdad histórica usada por el gobierno calderonista para ocultar las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército Mexicano contra una mujer indígena náhuatl de Veracruz”, recriminó la investigadora, distinguida con el premio LASA/Oxfam Martin Diskin Memorial Award y reconocida por su trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas en América Latina.

La doctora Hernández Castillo, lamentó que “después de 13 años de silencio e impunidad ante uno de los casos más terribles de complicidad estatal con la violencia feminicida”, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, representado por el funcionario de la Fiscalía General de Veracruz, Hernán Cortés –de quien, dijo, “hizo honor a su nombre”–, por el secretario ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Daniel Adalberto Pereyra, y por el director general de Derechos Humanos de la cancillería, Christopher Ballinas Valdés, “validaron las mentiras con las que el gobierno de Felipe Calderón protegió al Ejército”.

La antropóloga nativa de Ensenada, Baja California, señaló que “a diferencia de la postura asumida por este gobierno ante la verdad histórica del caso Ayotzinapa, en el caso de Ernestina Ascencio se optó por sellar el pacto de complicidad con la institución castrense validando las versiones que descalifican el testimonio de la víctima y de sus familiares”.

“En una audiencia considerada como un momento histórico para la CIDH –por ser la primera que se traduce simultáneamente a un idioma indígena– la intérprete náhuatl Gabriel Citlahua, tradujo la fuerza de la denuncia de las peticionarias, Marilyn Ramón Medellín, mujer mazahua, de la Conami, y Lizett Hernández Cruz, de Kalli Luz Marina, para los familiares de la víctima conectados a la distancia. Uniendo sus voces a las de las abogadas Carmen Herrera y Alejandra Arlet García reconstruyeron los hechos y denunciaron también la falta de acceso a la información y la complicidad del IVAI.

“Contextualizando la agresión a Ernestina Ascencio en el marco del impacto que la militarización ha tenido en las comunidades indígenas de la zona de Zongolica, se narró ante las comisionadas cómo el 25 de febrero de 2007 la víctima fue encontrada malherida por familiares y vecinos de la comunidad indígena de Tetlacinga, en las inmediaciones del 63 Batallón de Infantería, en la 26 Zona Militar en Veracruz. Denunciando el racismo institucional del sistema de salud mexicano, narraron que antes de morir en un hospital privado, y después de que se le negara la atención en una clínica pública, la señora Ernestina responsabilizó a efectivos del Ejército de la agresión sufrida.

“Las irregularidades del proceso fueron descritas paso a paso: como la primera valoración hecha por una médico forense en Orizaba, que certificaba la violación sexual y la muerte a consecuencia de la violencia perpetrada contra la víctima, fue desestimada por la Fiscalía. Después la necropsia realizada por el médico Juan Pablo Mendizabal, indicó traumatismo craneoencefálico, fractura, luxación de vértebras cervicales, anemia aguda y ratificó la violación sexual, también fue pasada por alto. Ambos médicos fueron despedidos y recibieron amenazas de muerte. Paradójicamente, el fiscal Hernán Cortés, se refirió a estos despidos como una respuesta institucional ante las irregularidades del caso.

“Poco después un médico militar realizó una segunda autopsia que desestimó los informes anteriores y certificó muerte por gastritis. El 13 de marzo de 2017, el entonces Presidente Felipe Calderón, declaró que se trataba de una muerte por gastritis aguda. Esta intervención presidencial, en medio de la investigación, marcó la ruta judicial llena de irregularidades y violaciones al debido proceso, que llevó al cierre apresurado del caso el 17 de mayo de 2007.

“Ante los testimonios de las peticionarias, las comisionadas Julissa Mantilla, Mary Maculey, Antonia Urrejola y Esmeralda Arosamena no podían ocultar su sorpresa frente a esta historia kafkiana que los representantes del Estado mexicano, insistían en validar. ¿Por qué desestimaron las autopsias que certificaban la violación y dieron prioridad a una autopsia que implicó exhumar un cuerpo que ya había sido limpiado y enterrado? ¿Por qué el presidente en turno se pronunció sobre un caso que tenía una investigación penal abierta? ¿Con qué argumentos el IVAI pudo negar el acceso a la información para un caso de violaciones a los derechos humanos? Cada pregunta iba poniendo en evidencia el vergonzoso papel que los representantes estatales decidieron jugar.

“El papel del Estado mexicano ante la CIDH, parece ratificar una vez más la existencia de una alianza del gobierno con la institución militar. La misma que llevó a la cancillería a negociar la repatriación del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, evitando que la justicia estadunidense lo juzgara por su participación en la redes del narco. Se ha optado por repetir una verdad histórica que lastima la memoria de Ernestina Ascencio y crea las condiciones para que la violencia sexual y el feminicidio sigan afectando la vida de las comunidades indígenas. Esperamos que la justicia internacional haga lo que la justicia nacional no ha logrado: poner un alto a la impunidad y develar la verdad que el gobierno ha decidido continuar ocultando”, concluyó en su artículo periodístico la investigadora del CIESAS.

LA CIDH HABÍA EMPLAZADO A LA FGE SOBRE ESTE CASO

En diciembre de 2020, al ser reabierto este polémico caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tanto el Gobierno mexicano como la Fiscalía General del Estado de Veracruz aseguraron ante este organismo internacional que no se cometieron violaciones de derechos humanos en las investigaciones de la muerte la indígena ocurrida el 26 de febrero de 2007 en la sierra náhuatl de las faldas del Pico de Orizaba.

Según informaron los diarios de la Organización Editorial Mexicana (OEM), México acudió a la audiencia sin presentar el informe solicitado por la CIDH sobre el caso, por lo que la Comisión tuvo que ampliar el plazo hasta el 3 de enero de 2021 para entregarlo, así como para resolver los cuestionamientos de las comisionadas y las solicitantes, incluida la referente al número de casos de violaciones por parte de miembros del Ejército, registradas por las autoridades federales.

Durante una audiencia pública celebrada de manera virtual, Cristopher Ballinas Valdés, director para Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como Hernán Cortés Hernández, representante de la Fiscalía General de Veracruz (FGE), defendieron que las autoridades realizaron la investigación de forma justa, lo cual fue ratificado en 2007 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entonces a cargo de José Luis Soberanes.

Los funcionarios de la SRE y de la FGE corroboraron la versión del Ministerio Público de la extinta Procuraduría General de Veracruz y del expresidente Felipe Calderón, quien aseguró que la muerte de Ernestina Ascensio se debió a una úlcera gástrica, aun cuando en la primera autopsia realizada se documentaron evidencias de agresión sexual atribuidas a miembros del Ejército por la mujer de 73 años, quien poco antes de fallecer dijo a sus familiares que la habían agredido “los verdes”, como se les llama en esa región serrana a los militares.

Ernestina Ascencio falleció la madrugada del 26 de febrero en el hospital regional de Río Blanco y el caso fue cerrado por las autoridades veracruzanas en menos de dos semanas.

En su exposición de motivos, autoridades mexicanas aseguraron que las investigaciones por la muerte de Ernestina fueron transparentes y pusieron a disposición de los familiares el expediente.

De acuerdo con los familiares de Ernestina, la mujer murió a causa de una violación que le provocó daño en el recto.

Por su parte, las peticionarias de la audiencia en la CIDH, entre las que se encuentran las organizaciones Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) y el Centro de Servicios Municipales denunciaron que la muerte de Ernestina ocurrió en un contexto de discriminación contra mujeres indígenas y mayores.

“Lamentamos seriamente la posición que el Estado mexicano ha traído a esta audiencia, teníamos expectativas de que tuvieran otra posición, pero sólo se reafirma la verdad histórica, como se acostumbra en México construir para la impunidad y la opacidad, lo que nos parece muy lamentable. No escuchamos ninguna explicación satisfactoria, vemos un profundo desdén en este caso hacia las víctimas”, afirmó la abogada Carmen Herrera tras la intervención de los representantes del Estado mexicano.

Por su parte, Antonia Urreloja, relatora de la CIDH, consideró que México debe seguir trabajando en políticas públicas ya que hay evidencia de una discriminación estructural contra las mujeres indígenas. “Ya hay antecedentes en México sobre violencia sexual contra mujeres indígenas por parte de las Fuerzas Armadas así como la falta de acceso a la justicia”, comentó.

En respuesta, Ballinas Valdés destacó que se hacen reformas a las Fuerzas Armadas para atender “situaciones delicadas” y para que entreguen toda la información solicitada por la CIDH sobre el caso.

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