Agencia Espejo del poder
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emitirá un decreto para liberar de manera anticipada a víctimas de tortura, adultos mayores de 75 años y a personas recluidas por más de 10 años sin sentencia.
De acuerdo con el proyecto de amnistía, los posibles beneficiarios son presuntos responsables de delitos del fuero federal, aunque el mandatario exhortó a los gobiernos estatales a promover medidas similares.
Ante la prensa, López Obrador reconoció que la decisión es polémica; sin embargo, subrayó que nadie merece ser torturado y la práctica debe ser desterrada del país. “Y puede ser polémico y no nos importa, pero no podemos nosotros continuar con esas prácticas medievales, completamente contrarias a los más elementales derechos humanos… Cero tortura”, advirtió.
El Jefe del Ejecutivo federal instruyó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, elaborar de inmediato el decreto para que las excarcelaciones se den a la brevedad, a más tardar el 15 de septiembre próximo.
En México hay actualmente 220 mil 114 personas privadas de su libertad, de las cuales 94 mil 547 (43 por ciento del total) no han sido sentenciadas. De esta población, 87 por ciento están acusados por delitos del fuero común y el resto, 12 mil 358 internos, del federal, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación.
Si bien de abril de 2020 a la fecha han sido liberadas 6 mil 824 personas (casi todas por Covid-19), ahora podría beneficiarse un número superior, aún no definido.
El mandatario sugirió a los “de arriba”, de juzgados y tribunales, bajarse el sueldo, ahorrar y aplicar la austeridad republicana para contratar más gente, al tiempo de combatir la corrupción y la burocracia. En este punto insistió en la importancia de reformar el Poder Judicial.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, advirtió que en México “no podemos andar con medias tintas ni con dudas. Cualquier persona, sea quien sea y haya sido objeto de tortura, debe ser puesta en libertad de inmediato y los torturadores deben ser castigados”.
López Obrador detalló los objetivos del decreto: serán liberados los acusados por delitos no graves que hayan estado en prisión por más de 10 años, sin recibir aún sentencia.
Segundo, “adultos mayores (de 75 años o más) que estén en las cárceles, también del fuero federal, que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados”.
Tercero, serán excarcelados adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, que no hayan cometido delitos graves. En este caso la Secretaría de Salud emitirá el diagnóstico correspondiente y la liberación no deberá pasar del 15 de septiembre.
Y, cuarto, “todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul, va a ser liberado”, “para cualquier delito”, “de cualquier edad, o sea, cero tortura”.
Cuando le preguntaron de los casos de Israel Vallarta y Brenda Quevedo –señalados como líderes de una banda de secuestradores del asunto Florence Cassez y sometidos a tortura–, respondió que como política de Estado su gobierno no permite ese mecanismo como medio para obtener una confesión.
“El planteamiento va a ser: el Estado mexicano no quiere, no desea, no acepta ninguna confesión bajo tortura, repudiamos la tortura, no queremos tortura en México, se termina la tortura. Bajo ninguna circunstancia se acepta la tortura”, subrayó.
Además, no se trata sólo de las élites, “muy dadas al uso de la fuerza” o de pedir, “como víctimas de un delito, que al responsable se le elimine, que no se le tenga consideración ni piedad, que ‘tiene que hablar y no le hace que lo torturen’. Pues eso no lo consideramos humano”.
MINISTRO EN RETIRO PONE EN DUDA VIABILIDAD LEGAL DE LA AMNISTÍA
Luego de la declaración del presidente López Obrador sobre la amnistía a presos de más de 75 años de edad, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, señaló a través de Twitter que la propuesta del mandatario mexicano tiene serios problemas, pues la Fiscalía es autónoma en el desistimiento de la acción.
En su tuit, publicado a las 10:48 de la noche de este jueves, el jurista puso en duda la eficacia de las acciones a tomar por parte del Presidente, quien anunció que el decreto será firmado la próxima semana, una vez que lo haya realizado la Secretaría de Gobernación que encabeza la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, ex compañera de Cossío en la SCJN.
Cossío señaló que “el indulto y el reconocimiento de inocencia requieren sentencia”, lo cual estaría ligado a un proceso que debe de seguir una persona privada de su libertad por algún acto que haya lastimado física, psicológica y moralmente a terceras personas.
Además, el ministro en retiro apuntó que el órgano encargado de aprobar la amnistía es el Congreso y pone en duda que sea el decreto presidencial quien lo otorgue.
“Va a ser interesante ver qué es ese ‘decreto’”, concluyó en su tuit el jurisconsulto, poniendo en duda qué vaya a suceder.
Cossío fue ministro de la Suprema Corte de diciembre del 2003 a noviembre del 2018.
