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El buen gobierno, sólo en la teoría…

Por Juan Manuel Herrera Sosa*

Estas semanas de pandemia, de encierro y reflexión, son excelentes oportunidades para replantearse muchas ideas; así, con bastante hartazgo y cansado de las mismas noticias de siempre -que por unos días es sano dejar de leer-, de señalamientos cruzados, de acusarse de quién es el más ladrón, es que retomé algunas ideas que me parecen vienen ad hoc a nuestra historia, no de ahora, sino de siempre, sobre nuestros gobiernos y por qué nunca hemos alcanzado -ni de cerca- lo que en la teoría se conoce como el buen gobierno.

Así, sin importar el contexto, considero que el buen gobierno es el que: a) proporciona y garantiza servicios públicos con eficiencia y calidad; b) promueve la transparencia y una opinión pública libre y responsable; c) garantiza salud, educación de calidad, seguridad, acceso a la justicia y bienestar a los ciudadanos; y d) crea las condiciones favorables para un crecimiento económico estable; todo ello teniendo como resultado la generación del bien común.

¿Qué es el bien común?, según el historiador español Cabanellas de Torres, es aquello usado por todos, pero cuya propiedad no pertenece a nadie en forma privada y tiene como resultado vivir en plenitud, y cita ejemplos simples típicos como la luz solar, el aire, la lluvia y el mar; si esto abunda y es gratis, por qué en la historia de nuestro país y Estado no se ha llegado a vivir un buen gobierno por el que se alcance el bien común. Considero, sin intención de intentar ser exhaustivo en estos párrafos, que hay dos elementos muy básicos sobre porqué fallamos en alcanzarlo.

Primero. Participación ciudadana, es un concepto relacionado con la democracia participativa, con la cual se trata de integrar a la población en general en los procesos de toma de decisiones; se trata de que más allá de que exista una elección cada 3 o 6 años, exista una participación colectiva o individual permanente en la política, entendida ésta como algo de la que todos formamos parte, con el objetivo de que las estructuras que componen al país, los estados y municipios funcionen correctamente, esto se logra escuchando las demandas de la sociedad, sus puntos de vista, preocupaciones y necesidades. ¿Cómo? A través de mecanismos de consulta con participación real y auténtica, creando canales para ello con el objeto de que la sociedad forme parte de las decisiones gubernamentales. Considero, estamos a años luz y bastan dos ejemplos, el primero en el ámbito federal las “consultas ciudadanas” con las que se han pretextado la cancelación de inversiones de grandes magnitudes, mandando pésimas señales a los inversionistas por cierto, son algo más allá de una vacilada, sin formalidad, ni control, ni orden y con resultados conocidos desde antes de que se realicen, ejercicios puros de intentos de “legitimación” de la decisión previamente tomada; por su parte, en Veracruz ni a eso llegamos, al contrario, hay un retroceso en la democracia participativa con la reforma en la que se eliminó la revocación de mandato del titular del ejecutivo por la legislatura, el mensaje es claro, sólo ellos mandan, y a la sociedad nos toca obedecer, al menos hasta la próxima elección.

Segundo. La transparencia, es decir que se pueda constatar que las decisiones tomadas se ejecuten apegadas escrupulosamente a la ley, con responsabilidad de los funcionarios públicos, y que las decisiones se tomen con equidad, eficacia y sensibilidad. El problema aquí es que para tomar decisiones que se apeguen a la ley, primero hay que conocerla, porque si no se entiende lo más elemental que es respetar al estado de derecho, se piensa que todo lo que se actúa (a sabiendas de que no es así) está bien hecho y se justifica el fin; nada más erróneo, así mientras se van captando las instituciones y se sigue torciendo la ley, al extremo que se ha vuelto un peligro hacer o decir algo incómodo so riesgo de terminar encerrado por las mismas instituciones que, en teoría, están para cuidarnos y encerrar a verdaderos criminales.

Pienso, pues qué necesidad tienen y por qué sería de otra manera, muy claro, si controlo los impuestos, al que los cobra, al que lo gasta, al que audita que fue gastado conforme a la ley, al que persigue al que lo gastó mal o se lo roba, al que lo juzga y al que -en su caso- lo encierra, todo en pos de la “justicia social” ¿por qué diablos se han de transparentar las decisiones y se ha de rendir cuentas a la ciudadanía? Para mí no hay otro camino que el hartazgo que trae consigo una alternancia.

Desde luego esto tiene consecuencias concretas que los ciudadanos padecemos, por ejemplo que los servicios públicos sean ineficientes e incompletos, lo estamos viviendo tan real con la pandemia en temas básicos como salud y educación, derechos humanos protegidos por la Constitución; también, con una opinión pública, que según Reporteros Sin Fronteras, es un peligro ejercer, nada más escandaloso que nos equiparen a países en guerra, ejercer el periodismo es jugarse la vida; de acceso a la justicia ya hemos dicho mucho y se ha hecho poco, ya veremos qué pasará cuando se abran los tribunales, mientras, que siga la fiesta de nombramientos y pleitos internos; y desde luego, de crecimiento económico estable ni hablamos, sin excepción lo padecemos de alguna forma, todos tenemos conocidos que han cerrado sus negocios y/o que su calidad de vida no mejora, todo agravado por la pandemia, sin ser los que señalan como “perdedores de privilegios del pasado”, pues no a todos se les antoja un presupuesto público o no toda la gente hace dinero en el gobierno o con él; también hay comerciantes, esos a los que en vez de ofrecer alternativas los tienen cerrados desde hace meses, que incluso persiguen si intentan regresar a su actividad, ¿qué no era más fácil buscar una solución entre todos que prohibirles trabajar por meses? ¿De verdad no hay idea de todas las fuentes de trabajo que se están perdiendo?, no lo creo, ser indiferente es crueldad absoluta.

Y no me refiero a partido ni época específica, desde que tengo uso de razón vivimos en crisis y no se ve para cuando, si no es una cosa es otra, otra vez estamos en tiempos donde la justicia se dirime en los medios (el escándalo no es justicia), donde las instituciones se llenan de cómplices y no hay necesidad de rendir cuentas por nada y para nadie, del poder concentrado, de las luchas internas por los presupuestos, del peligro no sólo de los criminales en la calle si no de los criminales oficiales.

Algo sucede que las causas nobles por las que se lucha años (me consta), se olvidan cuando se toma posesión, nos volvemos hipócritas, egoístas, ambiciosos y voraces; todos sobre lo mismo y al diablo el bien común, ese, que se quede en la teoría.

*ex asesor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Profesor de Amparo en la Universidad Anáhuac.

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