La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó irregularidades por 6 mil millones de pesos en el manejo de recursos federales transferidos a los estados mediante convenios de reasignación, de los cuales las entidades con mayores montos pendientes de aclarar, justificar o recuperar son Veracruz, con 683.2 millones de pesos (11.2%) y Sinaloa con 681.5 millones de pesos (11.1%).
Según publica este martes el diario REFORMA, en el Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019, la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval indicó que ese monto es resultado de observaciones formuladas a ocho programas, aunque la mayoría de ese dinero estuvo destinado a apoyar a instituciones educativas.
Los programas fiscalizados, mediante auditorías de la SFP a la llamada operación regional, son salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes, así como cultura física y deporte.
«El resultado de la fiscalización reveló irregularidades recurrentes. Al cierre de las auditorías, a los gobiernos estatales les fueron determinadas observaciones por un monto de 6 mil 97.9 millones de pesos», señaló la SFP, la cual reiteró que su competencia es «fiscalizar el debido ejercicio de los recursos federales transferidos a los estados mediante convenios de reasignación», puntualizando que, «en 2018, el monto asignado para la operación regional de 53 programas fue de 236 mil 430.7 millones de pesos.»
El Informe, presentado el pasado 13 de febrero, señala que las observaciones más relevantes son destinar presupuesto para fines distintos a los pactados, con mil 453.7 millones de pesos, e incumplimiento de la aportación estatal comprometida en convenios, con mil 58.8 millones de pesos.
Les siguen la erogación de recursos sin acreditar su destino, con 758.2 millones de pesos; ejercicio del presupuesto en forma extemporánea, con 668.8 millones de pesos; y falta de documentación comprobatoria del gasto, con 634.3 millones de pesos.
Además, inobservancia de disposiciones normativas en materia de adquisiciones y obra, con 636.7 millones de pesos; retenciones por impuestos, derechos y cuotas no enteradas a la autoridad fiscal, con 278.4 millones de pesos, y obras pagadas no ejecutadas, con 248.2 millones de pesos, entre otras.
«El programa con mayor riesgo de corrupción y de ineficacia es el destinado a apoyar a las instituciones de educación media y superior. El monto pendiente por aclarar, justificar o recuperar fue de 4 mil 121.3 millones de pesos, el 67.6 por ciento del total (6 mil 97.9 millones de pesos)», señaló.
EN EDUCACIÓN, MÁS IRREGULARIDADES
La Secretaría de la Función Pública detalló que tan sólo del programa para apoyar a instituciones educativas se detectaron irregularidades por mil 292.6 millones de pesos debido al incumplimiento de la aportación estatal comprometida en los convenios.
Por ejercicio de recursos sin acreditar su destino final fueron 727 millones de pesos; por erogaciones del gasto a fines distintos a los autorizados 572.7 millones de pesos, y por pagos improcedentes por plazas no autorizadas y gastos de operación no autorizados, 439.9 millones de pesos, entre otros.
De acuerdo con la SFP, otros 275.8 millones de pesos fueron por retenciones de derechos no enteradas y 257.6 millones de pesos por recursos no devengados ni comprometidos al cierre del año.
