Por cobros que consideran excesivos, fallas en el suministro y presuntas irregularidades en la operación de la infraestructura hidráulica, organizaciones civiles demandaron revocar la concesión de Grupo MAS en el municipio de Veracruz.
Pedro Rivera García, coordinador de Casa Zapata Veracruz, señaló que en siete años han promovido 35 demandas colectivas en representación de casi 15 mil familias. Acusó a la empresa de aplicar recargos y multas que han generado adeudos de entre 100 mil y 900 mil pesos a algunos usuarios, incluso cuando han padecido cortes del servicio o recibido agua turbia.
El activista también cuestionó la calidad del servicio y afirmó que la empresa comenzó a operar sin contar con los certificados de calidad que establece la regulación sanitaria. A estas inconformidades se suman, de acuerdo con las organizaciones, el abandono de instalaciones hidráulicas y las descargas de aguas negras al Golfo de México.
Grupo MAS tiene una concesión por 30 años, otorgada en junio de 2015 y vigente hasta 2046. El contrato fue asignado originalmente a Odebrecht Ambiental e InterAgbar. Tras la salida de la empresa brasileña en 2021, el socio mayoritario quedó bajo el control de compañías vinculadas a Acciona.
El Instituto Metropolitano del Agua reportó que la concesionaria ha cobrado más de 11 mil millones de pesos durante la vigencia del contrato. Asimismo, rechazó una cartera vencida de 2 mil 660 millones de pesos que la empresa pretendía cobrar a más de 82 mil familias, luego de detectar inconsistencias y falta de sustento legal.
A este escenario se suma la denuncia presentada por el ayuntamiento ante la Fiscalía General del Estado el pasado 19 de octubre, mediante la cual solicitó investigar pagos por 176.7 millones de pesos a empresas relacionadas con Acciona entre 2024 y 2025, además de los salarios de directivos que alcanzarían hasta 5.8 millones de pesos anuales.
Las agrupaciones que respaldan la exigencia consideran que la concesión debe revisarse ante las deficiencias que, sostienen, afectan el derecho de las familias a recibir agua en condiciones adecuadas y a un precio justo.
Con información de Alejandro Alegría, de LA JORNADA.




