RUTA ENERGÉTICA
Por Héctor Ramírez Rodríguez
En la columna anterior comentamos que México atraviesa una transición comparable a otros momentos de inflexión de su historia reciente. La digitalización de la economía ya no es una tendencia tecnológica, sino una política pública orientada a fortalecer la competitividad, ampliar la inclusión financiera y facilitar el acceso de la población a servicios cada vez más digitalizados. Sin embargo, entre el objetivo y la realidad existe una distancia que conviene analizar con atención.
La Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) parte de un reconocimiento importante: millones de mexicanos continúan al margen de los beneficios que ofrece el sistema financiero formal. A pesar de los avances de los últimos años, los indicadores oficiales muestran que el proceso de adopción digital mantiene velocidades distintas entre regiones, grupos de edad y niveles de ingreso.
Las cifras permiten dimensionar el reto. Entre los indicadores considerados por la propia PNIF, uno de cada cinco mexicanos (22 por ciento), no cuenta con ningún producto financiero. Apenas 38.2 por ciento de la población utiliza pagos o transferencias electrónicas, mientras que la meta para 2030 es alcanzar 46 por ciento. En el caso de las personas beneficiarias de programas sociales, sólo 22 por ciento realiza operaciones mediante medios digitales, con una meta de 27 por ciento al final de la década. Incluso en herramientas de uso más extendido, como la banca móvil, los niveles de adopción todavía muestran espacios importantes de crecimiento.
Detrás de estos números existe una realidad compleja. La inclusión financiera no depende únicamente de la existencia de cuentas bancarias o aplicaciones móviles. También requiere acceso a dispositivos, conectividad, conocimientos digitales y confianza en las nuevas herramientas. En muchas comunidades, particularmente rurales o de menor ingreso, estas condiciones no siempre están presentes de manera simultánea.
Por ello, el riesgo principal no radica en la digitalización misma, sino en la posibilidad de que la velocidad de la transformación supere la capacidad de adaptación de algunos sectores de la población. Se trata de una preocupación legítima. Sin embargo, la experiencia reciente también ofrece razones para el optimismo.
La pandemia de COVID-19 demostró que las sociedades pueden modificar hábitos profundamente arraigados cuando las circunstancias lo demandan. Millones de personas incorporaron herramientas digitales para trabajar, estudiar, comunicarse o realizar trámites en periodos sorprendentemente breves. Quienes lograron adaptarse generaron nuevas capacidades; quienes tardaron más terminaron integrándose gradualmente conforme la nueva realidad avanzó.
La lección es relevante porque la inclusión financiera no debe entenderse como un proceso exclusivamente bancario. En realidad, forma parte de una transformación más amplia vinculada con educación, acceso a información, desarrollo productivo y participación económica. Una persona que puede realizar pagos digitales, administrar sus recursos mediante aplicaciones o acceder a servicios financieros formales amplía sus posibilidades de inserción en una economía cada vez más interconectada.
El esfuerzo, por tanto, no debe centrarse únicamente en cuántas personas utilizan herramientas digitales hoy, sino en cuántas estarán en condiciones de hacerlo mañana. Ahí reside el verdadero desafío de la inclusión financiera: construir capacidades al mismo ritmo que avanza la transformación tecnológica, para que la modernización no se convierta en una nueva fuente de desigualdad, sino en una oportunidad efectiva de desarrollo
X @hector_ramirezr
