•El senador advirtió que ya no basta con la salida de funcionarios; exige esclarecer responsabilidades y sancionar a quienes resulten involucrados.
Xalapa, Ver., 2 de noviembre de 2026.— El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara advirtió que los señalamientos sobre presuntas redes de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) han alcanzado una dimensión que rebasa la separación de funcionarios, por lo que exigió investigaciones a fondo y sanciones para quienes resulten responsables.
En entrevista, sostuvo que el asunto trasciende cualquier diferencia partidista, pues compromete la credibilidad de las instituciones electorales y el esfuerzo histórico del pueblo mexicano por construir la democracia.
“Es algo que rebasa a Morena. Hay que decirlo en su justa dimensión”, afirmó.
El legislador señaló que las investigaciones deben incluir los presuntos vínculos de José Alfredo Hernández Casillas, mencionado en investigaciones periodísticas sobre posibles irregularidades en contratos del INE, así como las eventuales complicidades con actores de distintas entidades, particularmente Veracruz.
“Ya no basta con decirle que se haga a un lado. Ahora, que la sanción llegue, y a todos los niveles de la corrupción que se desarrolló”, expresó.
Huerta coincidió con el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, en que las posibles irregularidades no deben quedar impunes y es necesario revisar las responsabilidades institucionales.
También cuestionó la actuación de los mecanismos de vigilancia ante señalamientos sobre prácticas que presuntamente se habrían desarrollado durante varios años.
“¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué el Órgano Interno de Control no dijo nada?”, planteó.
Al ser cuestionado sobre las posibles responsabilidades de actores vinculados con Veracruz, insistió: “Tienen que rendir cuentas, tienen que rendir cuentas”.
Finalmente, sostuvo que las investigaciones deberán esclarecer el alcance de las presuntas irregularidades y determinar las responsabilidades correspondientes, pues la confianza del pueblo en las instituciones democráticas no puede quedar comprometida por posibles actos de corrupción.
