- La Facultad de Derecho, el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad (Cedegs) y la Preparatoria Constitución de 1917 realizaron el coloquio “Democratizar el saber: Diálogos entre ciencia, cultura y sociedad”
- La jornada abrió con una reflexión sobre evidencia, medios de comunicación y decisiones penales
David Sandoval Rodríguez / Fotos: Luis Fernando Fernández
Xalapa, Ver.- Acercar el conocimiento científico a la sociedad, generar espacios de diálogo y formar ciudadanos capaces de cuestionar la información, fueron los planteamientos durante la apertura del Coloquio Internacional “Democratizar el saber: Diálogos entre ciencia, cultura y sociedad”, realizado con la participación de la Escuela de Bachilleres Constitución de 1917 y organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV).
En el Aula Magna “Guillermo Ortiz Mayagoitia”, José Luis Zamora Valdés, director de la Facultad de Derecho, en su mensaje inaugural destacó la función social del conocimiento generado desde las universidades y la importancia de que trascienda los sitios especializados para llegar a la sociedad.
Al referirse a la ciencia como una construcción sistemática y metodológica, retomó planteamientos de Mario Bunge y Thomas Kuhn para señalar que el conocimiento científico debe ser compartido y puesto al servicio de las personas, particularmente cuando puede contribuir al ejercicio de sus derechos.
Por su parte, Roxana Berenice Morales Carrasco, subdirectora de la Escuela de Bachilleres Constitución de 1917, destacó la importancia de que los espacios educativos propicien la reflexión, el diálogo y la participación de los estudiantes.
Señaló que el bachillerato constituye un espacio fundamental para acercar a las nuevas generaciones al conocimiento y formar personas capaces de cuestionar su realidad.
En este sentido, planteó que democratizar el saber implica abrir las puertas no solo al conocimiento, sino también al diálogo y a la participación.
Posteriormente, Alan Jair García Flores, coordinador del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad (Cedegs) de la UV, afirmó que la asistencia del público daba sentido al encuentro, pues uno de los propósitos del coloquio es evitar que el conocimiento permanezca confinado a artículos especializados, libros o espacios académicos.
Planteó la existencia de un “derecho a la ciencia” y la responsabilidad de quienes realizan investigación de comunicar sus resultados en un lenguaje claro, capaz de llegar a las aulas y a la vida cotidiana.
Detalló que hacer accesible la ciencia no significa reducir su nivel, sino abrir oportunidades para despertar la curiosidad y las vocaciones científicas.
“El conocimiento cobra su valor cuando sirve a las personas”, expresó, al señalar que las universidades tienen también la responsabilidad de proporcionar a la sociedad herramientas para informarse y participar de manera crítica.
Bajo esta perspectiva se desarrolló la conferencia “¿Con qué información decidimos castigar?”, impartida virtualmente por la académica y especialista en Derecho Penal, Gyomar Pérez Cobo, quien llevó la discusión sobre la democratización del conocimiento al terreno de la política criminal.
La ponente planteó como punto de partida las preguntas: ¿con qué información decide una sociedad quién debe ser castigado?, ¿cuánto debe castigarse? y ¿cuáles conductas deben recibir mayor atención?
Durante su exposición cuestionó que las decisiones en materia penal puedan sustentarse únicamente en aquello que adquiere mayor visibilidad pública o mediática.
Desde su perspectiva, las políticas de seguridad y justicia deben contar con datos que permitan conocer la dimensión de los fenómenos delictivos y evaluar los resultados de las medidas adoptadas.
Pérez Cobo sostuvo que la sociedad tiene derecho a conocer esa información de manera accesible y propuso la generación de datos públicos, actualizados y comprensibles sobre delitos, detenciones, personas privadas de la libertad, sentencias y reincidencia, así como la medición de aquellos delitos que no llegan a ser denunciados y que conforman la denominada “cifra negra”.
También consideró necesario que las decisiones judiciales puedan ser comprendidas por las víctimas y por la sociedad: “Una justicia que se explica genera confianza”, afirmó durante su intervención.
Otro de los aspectos abordados fue la evaluación de las reformas penales que, planteó, deben partir de un diagnóstico y, después, ser evaluadas para determinar si realmente producen los efectos para los que fueron diseñadas.
Por último, destacó el papel de las universidades en la generación de conocimiento situado y en la formación de ciudadanos capaces de distinguir entre evidencia y narrativas mediáticas; planteó la importancia de investigar “con las comunidades” y no únicamente “sobre ellas”.
