Redacción
Ha trascendido que después de un minucioso análisis de los elementos probatorios enviados por la Fiscalía General del Estado que preside Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales de la LXII Legislatura de Veracruz determinaron que existen condiciones legales para dar paso a las solicitudes de Declaración de Procedencia o de desafuero en contra de los presidentes municipales de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, por presuntos vínculos con grupos criminales.
Bertín Bravo Montero, del Partido Movimiento Ciudadano, primer edil de Úrsulo Galván y Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, tendrán que enfrentar la justicia ante las instituciones que protegen el Estado de Derecho en la entidad veracruzana.
Según ha trascendido, el dictamen ya fue remitido a la Comisión Permanente Instructora, instancia que estará a cargo de la siguiente etapa del procedimiento, en la que deberá citar a los ediles señalados y garantizar su derecho de audiencia, defensa y la presunción de inocencia.
En el caso de Úrsulo Galván, el alcalde Bertín Bravo Montero enfrenta un señalamiento relacionado con presuntos delitos en materia de desaparición de personas, derivado de una carpeta de investigación integrada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas.
A su vez, el presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, es investigado por hechos ocurridos recientemente y relacionados presuntamente con la privación de la libertad y la privación de la vida de una persona.
La determinación de las comisiones legislativas permite que ambos procedimientos avancen a la siguiente fase, sin que hasta este momento exista una resolución definitiva sobre la responsabilidad jurídica de los funcionarios señalados.
Será el Congreso y las instancias de procuración de justicia, las que lleven a cabo toda la investigación pertinente y determinen el desafuero, para demostrar que en Veracruz se debe respetar la legalidad y el Estado de Derecho.
