- Rodrigo Aguilar participó en el ciclo de conferencias “Migración de retorno y educación. Perspectivas actuales”
- El investigador analizó las condiciones educativas de niñas, niños y adolescentes centroamericanos residentes en México
Paola Cortés Pérez / Fotos: Omar Portilla Palacios
Xalapa, Ver.- Aunque la educación es un derecho garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, persisten importantes desigualdades en el acceso y permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes migrantes centroamericanos que residen en México, afirmó Rodrigo Aguilar Cepeda, profesor-investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México y especialista en migración.
Lo anterior, durante la ponencia “La vida no es pareja: educación y desigualdad territorial en migrantes centroamericanos en México”, dictada en el marco del ciclo de conferencias “Migración de retorno y educación. Perspectivas actuales”, organizado por el Programa de Atención a Migrantes de Retorno y el Programa de Estudios sobre América del Norte, ambos de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana (UV).
Rodrigo Aguilar explicó que el estudio presentado analiza las condiciones educativas de las infancias y adolescencias centroamericanas residentes en el país, particularmente en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y el aumento de la población migrante que permanece en territorio mexicano.
La migración contemporánea en México ya no puede entenderse únicamente desde la perspectiva del retorno, pues actualmente convergen procesos de emigración, retorno y migración en tránsito; esta situación ha incrementado la presencia de población centroamericana en distintas regiones del país, incluidos menores de edad que buscan incorporarse al sistema educativo mexicano, apuntó.
Con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, expuso que en México residían cerca de 126 mil personas nacidas en países centroamericanos, de las cuales alrededor de 21 mil eran niñas, niños y adolescentes, la mayoría provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Los resultados muestran que esta población enfrenta importantes obstáculos para ejercer plenamente su derecho a la educación, entre ellos destacan: la falta de documentación; condiciones socioeconómicas adversas; procesos de discriminación y xenofobia; y limitaciones institucionales para atender las necesidades específicas de estudiantes migrantes.
Aguilar Cepeda mencionó que más de la mitad de la población infantil y adolescente centroamericana registrada no asistían a la escuela al momento del levantamiento censal; aunque se encontraban en edad de cursar la primaria, la asistencia alcanzaba apenas 64.8 %, porcentaje considerablemente menor al nivel de cobertura observado en la población general del país.
Asimismo, indicó que las condiciones educativas varían significativamente entre regiones. Mientras las del centro y centro-occidente presentan mayores niveles de asistencia escolar y menor rezago, en el norte y sur-sureste se registran los indicadores más desfavorables. En esta última, menos del 36 % de la población infantil migrante asistía a la escuela y cerca de tres cuartas partes presentaban rezago educativo.
El especialista señaló que esta situación revela una “paradoja territorial”: las regiones que concentran la mayor cantidad de población migrante son también aquellas donde se observan dificultades para garantizar el acceso efectivo a la educación. En contraste, las zonas con menor presencia de migrantes muestran mejores resultados educativos.
Durante la conferencia subrayó que México cuenta con un marco normativo robusto que reconoce el derecho a la educación sin importar la condición migratoria de las personas; sin embargo, advirtió que persisten desafíos relacionados con las trayectorias educativas interrumpidas, la movilidad constante de las familias migrantes y las desigualdades estructurales que afectan a diversas regiones del país.
Finalmente, sostuvo que garantizar la inclusión educativa de la niñez migrante requiere no solo eliminar barreras administrativas, sino fortalecer las capacidades institucionales y desarrollar estrategias que respondan a las condiciones sociales, económicas y territoriales en las que vive esta población.
