- Especialistas discutieron el periodo 1812-1833 y sus implicaciones en la formación del Estado mexicano
- Destacaron la necesidad de estudiar esta etapa histórica más allá de las reformas liberales de la segunda mitad del siglo XIX
David Sandoval Rodríguez / Fotos: Luis Fernando Fernández
Xalapa, Ver.- El Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV) inauguró el coloquio “La propiedad de la tierra en México durante el primer liberalismo, 1812-1833”, un espacio académico que reúne, durante dos días, a especialistas de diversas instituciones para debatir sobre un periodo clave en la conformación del Estado mexicano y la transformación de las formas de propiedad en el país.
Durante la apertura, Luis García Ruiz, académico del IIH-S, dio la bienvenida a las y los participantes y celebró la realización del encuentro, concebido como un espacio para compartir investigaciones y propiciar el diálogo entre especialistas interesados en el estudio del liberalismo temprano y los cambios en la organización territorial y agraria de México.
Por su parte, el historiador Michael Ducey, también investigador del instituto, explicó que el coloquio surge ante la necesidad de analizar la primera mitad del siglo XIX “en sus propios términos y no únicamente como antecedente de las Leyes de Reforma”.
Señaló que este periodo estuvo marcado por iniciativas políticas y debates fundamentales relacionados con la Constitución de Cádiz, el federalismo y la organización de la propiedad, elementos que incidieron en la vida social y política del país.
“Cuando lanzamos la convocatoria teníamos la idea de fomentar un debate entre historiadores que han trabajado temas de liberalismo y tierra”, comentó.
Puntualizó que el objetivo del coloquio es generar nuevas interpretaciones sobre este momento histórico y reflexionar sobre el impacto de las reformas y propuestas que se discutieron en el marco de la Primera República Federal.
Ducey destacó además que las investigaciones presentadas abarcan distintas metodologías y estudios de caso provenientes de diversas regiones, lo que permitirá observar cómo los cambios legales y políticos influyeron en la redefinición de las formas de propiedad, incluidas las tierras comunales, y en la configuración de nuevas relaciones sociales y territoriales.
En su intervención, Ernesto Treviño Ronzón, director del IIH-S, subrayó que el estudio de la tierra y el liberalismo constituye una de las líneas de investigación consolidadas del instituto, debido a su relevancia para comprender las transiciones políticas y sociales del México decimonónico.
El coloquio reúne a 21 ponentes de múltiples instituciones en ocho actividades académicas, quienes presentarán investigaciones que examinan los cambios en la propiedad de la tierra durante el primer liberalismo, así como sus implicaciones para las comunidades, las instituciones y la formación del Estado mexicano.
Los organizadores señalaron que, como resultado del encuentro, se prevé integrar una publicación colectiva que reúna los principales aportes y reflexiones surgidas durante las jornadas de trabajo.
Después del acto inaugural se realizó la mesa 1: “Debates legislativos y la enunciación del orden liberal de la propiedad”, con las presentaciones de Juan Carlos Sánchez Montiel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Sergio Rosas Salas del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); y Juan Carlos Cortés Máximo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quienes fueron moderados por Karent Portilla, alumna del Doctorado en Historia y Estudios Regionales del IIHS.
Sánchez Montiel expuso los resultados de su trabajo de análisis sobre la desamortización de la propiedad y los derechos de uso de la tierra por parte del primer gobierno federal en San Luis Potosí.
Estos cambios en las leyes buscaban expropiar los bienes y tierras comunales de sus propietarios, principalmente cofradías y corporaciones religiosas, buscando así generar patrimonio –hacienda- e ingresos a los nacientes ayuntamientos del primer federalismo mexicano.
Buscaban generar así derechos de explotación de las tierras, pero sobre todo de los derechos de minería, ello bajo el concepto de “utilidad pública”, desplazando así la noción de “bien común”.
Esa medida significó “en gran medida una pérdida de la autonomía y el sentido comunitario de los pueblos, principalmente indígenas”.
Añadió que la idea del “bien común” chocaba con el “sentido administrativo que se quería otorgar con la creación de los ayuntamientos”, generando así conflictos que irían multiplicándose desde su promulgación en 1820.
En segundo lugar, Sergio Rosas dio lectura a su trabajo “Las manos muertas y su derecho a la propiedad: historia de un debate en el Estado de México, 1826”.
Planteó que en las sesiones del congreso estatal destacaron los planteamientos del liberal José María Luis Mora respecto a despojar a las órdenes religiosas de sus propiedades, bajo la idea de recaer éstas en “manos muertas”, concepto que, advirtió el ponente, no queda establecido en las actas del congreso. No obstante, será el sustrato sobre el que se establece la distinción entre éstas y las propiedades que pasarán a formar parte de la hacienda estatal.
Originalmente tal debate era para la redacción del artículo 27 de la constitución política estatal y terminó gestando dos: el noveno y el décimo, relacionados directamente con el control estatal de la propiedad y el derecho legítimo del Estado de expropiar tierras y bienes a dueños con “manos muertas”, es decir, principalmente al clero.
“La constitución (del Estado de México), rechazó abiertamente la utilidad del clero dado que consideraba que estaba mal administrada en cuanto a sus propiedades”.
Por su parte, Cortés Máximo presentó “Bienes de comunidad en los pueblos nativos y los ayuntamientos durante la Diputación Provincial de Michoacán”, en la que analizó cómo detrás de la administración de los bienes de comunidad se logró la sujeción de varios pueblos.
Subrayó que este enfoque investigativo retoma el planteamiento del historiador José Antonio Serrano quien planteaba que la historiografía podía tener como punto de partida las actas de los ayuntamientos y sus cuestiones fiscales.
