El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha solicitado formalmente su liberación anticipada del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, según confirmaron fuentes penitenciarias y la propia defensa del exmandatario al diario El País. Duarte, sentenciado en 2018 por el desvío de 1,670 millones de pesos del erario veracruzano, busca obtener el beneficio legal tras haber cumplido más del 70% de su condena y no enfrentar causas judiciales vigentes.
El político priista fue condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) modificara la acusación inicial de delincuencia organizada, lo que redujo significativamente la pena en su contra. Su salida de prisión estaba programada oficialmente para abril de 2026, sin embargo, Duarte confía en obtener el beneficio antes de esa fecha.
La audiencia judicial que determinará su futuro comenzó este lunes, pero la jueza del caso declaró un receso y reanudará la sesión el 12 de noviembre. La FGR impugnó la solicitud de liberación anticipada, aunque la defensa de Duarte, encabezada por el abogado Pablo Campuzano, asegura que su cliente “cumple con todos los requisitos” y que “tiene derecho a este beneficio conforme a la ley”.
Según versiones internas del penal, el exgobernador ya se despidió de sus compañeros de reclusión el pasado fin de semana, durante una pequeña celebración en la que participaron otros internos relacionados con casos de corrupción y crimen organizado. Incluso, Duarte habría comenzado a repartir sus pertenencias personales, dando por hecho su inminente salida.
El exmandatario, expulsado del PRI en 2016, fue uno de los símbolos del desgaste político del gobierno de Enrique Peña Nieto, tras revelarse una compleja red de empresas fantasma y prestanombres utilizadas para desviar recursos públicos durante su administración (2010–2016). La magnitud del caso y su fuga a Guatemala, donde fue detenido en 2017 antes de ser extraditado a México, marcaron uno de los escándalos de corrupción más graves en la historia reciente del país.
Duarte también enfrentó un proceso por desaparición forzada, delito que se agravó durante su gobierno en Veracruz; sin embargo, fue exonerado en noviembre de 2024 por falta de pruebas. Este hecho abrió la posibilidad legal para que solicitara su liberación anticipada.
La defensa advierte que el único factor que podría frenar su excarcelación sería que la FGR lograra que Guatemala autorice nuevos procesos en su contra por delitos distintos a los que motivaron su extradición. Mientras tanto, Duarte espera la resolución judicial confiado en recuperar su libertad antes de que concluya 2025.
Su esposa, Karime Macías, también implicada en la red de corrupción señalada en su administración, permanece en libertad en Londres, donde reside desde hace varios años.
Con información de EL PAÍS.
