- Mercedes Santoyo Domínguez se acercó al coordinador nacional de MC, Dante Delgado Morales para tomarse fotografías con él y otros liderazgos de este partido.
Por Rocío Aburto
Xalapa, Ver.- Mercedes Santoyo Domínguez, excontralora general de la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez acudió al Segundo Consejo Estatal del Partido Movimiento Ciudadano encabezado por el coordinador nacional Dante Delgado Morales.
Mercedes Santoyo asumió la Contraloría General del Estado el 13 de septiembre del 2019, tras la renuncia de Leslie Mónica Garibo Puga.
Mercedes Santoyo renunció a la Contraloría General del estado el 11 de diciembre del 2023 y este miércoles 8 de octubre del 2025 estuvo con los emecistas. Al término del evento, la excontralora se acercó al coordinador nacional de MC, Dante Delgado Morales para tomarse fotografías con él y otros liderazgos de este partido.
Al dar un mensaje a los 41 presidentes y presidentas municipales electos de MC, el coordinador estatal Luis Carbonell de la Hoz se fue contra el gobierno “corrupto” de Cuitláhuac García Jiménez.
Recordó que salió mal en la Cuenta Pública 2024, y cometió daños al Acuario de Veracruz, obra pública del fundador de MC, Dante Delgado Rannauro, obra inaugura el 13 noviembre de 1992 cuando ocupó la gubernatura interina.
También se tomó fotografías con el presidente municipal electo de Paso de Ovejas, Uriel Peralta.
Cuando los medios de comunicación intentaron entrevistar a Mercedes Santoyo, por los más de 2 mil 300 millones de pesos de presunto daño patrimonial del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, la ex contralora general del estado caminó a prisa y una mujer de MC la abrazó y se la llevó.
Entre las funciones que tenía Mercedes Santoyo como titular de la Contraloria General del Estado, era la de supervisar y fiscalizar el uso de los recursos públicos y el patrimonio del Estado
Además, tenía la encomienda de asegurar que los actos de la administración pública se apegaran a la Constitución y las leyes.
Su función incluía auditar, controlar y evaluar la correcta utilización de los fondos públicos, así como imponer sanciones administrativas y presentar denuncias, protegiendo así los bienes y el patrimonio del Estado.
