México entre la turbulencia y la oportunidad: ¿hacia dónde vamos?
Por Edgar Sandoval Pérez
@EdgarSandovalP
En el arranque del segundo semestre de 2025, México se encuentra en una encrucijada marcada por retos estructurales y urgencias emergentes. Más allá de los discursos y las celebraciones protocolarias, lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones, la eficacia de las políticas públicas y el sentido de un proyecto colectivo. Si algo muestran los recientes acontecimientos es que las contradicciones que atraviesan al país no se resolvieron con las reformas de los últimos años, sino que se han intensificado bajo nuevas lógicas de gobierno.
Por un lado, la administración de Claudia Sheinbaum ha sacado la artillería política para consolidar su agenda: centralización del poder, reestructuración del Estado y continuidad con el enfoque social-populista inaugurado por su antecesor. Desde la disolución de siete organismos autónomos —como IFT, COFECE, INAI, CRE, CNH, CONEVAL y MejorEdu— para reasignar sus funciones a secretarías con mayor control político, hasta la modificación del sistema de justicia con la elección de jueces por voto popular, cuyo primer ejercicio tuvo lugar el 1 de junio de 2025.
El experimento de la elección judicial fue inédito, sí, pero con resultados alarmantes: apenas un 13 % de participación ciudadana, lo más bajo en la historia democrática federal del país, sumado a altos niveles de boletas nulas o en blanco, que en muchos casos superaron el número de votos válidos de algunos cargos. Lejos de marcar un avance, la jugada pone en evidencia una desconexión profunda entre el discurso institucional de legitimidad participativa y la apatía social, o incluso el desencanto hacia la “democracia de nuevo cuño”.
Al mismo tiempo, en el ámbito económico, el panorama presenta tensiones. El gobierno ha lanzado ambiciosos planes de infraestructura, con inversiones millonarias en trenes de pasajeros (Nuevo Laredo, Nogales, la red México-Pachuca), modernización de puertos, y una apuesta clara por la conectividad logística. Pero esas mismas obras, muchas veces administradas por la SEDENA a través de ingenieros militares, han generado críticas por falta de transparencia, sobrecostos y cuestionamientos de técnica al descuidar estudios de impacto social y ambiental.
Más preocupante aún es el cuadro de seguridad y violencia. El fenómeno del crimen organizado no solo persiste, sino que ha evolucionado: según un estudio reciente de Prieto-Curiel et al., los grandes cárteles mexicanos imponen una carga económica anual equivalente a unos 19 mil millones de dólares, es decir, 2.5 veces más que la inversión anual del Estado en ciencia y tecnología. El dilema es claro: aun con los actuales niveles de gasto en seguridad y programas sociales —que el estudio define como “casi óptimos”— es insuficiente para reducir de manera significativa la violencia en plazos razonables. Incluso con incrementos presupuestales, los resultados tardarían más de una década.
En la esfera política, persiste la percepción de debilitamiento institucional. Organismos como el Poder Judicial o la fiscalía han sido objeto de reformas que muchos analistas califican como populistas y centralizadoras, en detrimento de la independencia y del Estado de derecho. The Economist, en un editorial reciente, advierte que estas reformas pueden estar “asfixiando la legalidad” y afectando negativamente las perspectivas económicas del país. El riesgo de consolidar un sistema autoritario de un solo partido parece cada vez más palpable, lo que tensiona no sólo la democracia interna sino también la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
Frente a ese escenario, ¿qué espacio queda para la esperanza o la transformación? Aquí radica el punto nodal: ninguna política será sostenible si no se repara la relación entre ciudadanía e instituciones. Las bajas tasas de participación no son casuales, sino reflejo de desencanto profundo y falta de corresponsabilidad social. Las reformas no pueden circunscribirse al diseño técnico del Estado; deben acompañarse de mecanismos de rendición de cuentas reales, de transparencia eficaz y de una cultura política que incentives la participación más allá del voto.
Otro flanco clave es el energético y ambiental. México tiene —o debería tener— una oportunidad histórica en la transición energética. La meta de alcanzar 45 % de energía renovable para 2030 es ambiciosa, y en octubre de 2024 fue respaldada por una nueva reforma energética. Sin embargo, las inversiones requeridas —estimadas en más de 23 mil millones de dólares del sector público y cerca de 9 mil millones del privado— implican retos de financiamiento, regulación eficiente, y coordinación con comunidades locales. Si el gobierno realmente articula estos recursos con un enfoque descentralizado, justo y participativo, podrá activar cadenas productivas limpias, generación de empleo en energías verdes, y fortalecer la soberanía energética en un contexto global de cambio climático. Esa es una oportunidad que no debe perderse.




