La cuenta pública 2022 presenta un monto por aclarar, por parte de los estados, de 22 mil 892 millones de pesos, informó el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, al entregar el tercer informe de resultados de la fiscalización correspondiente a ese año.
Ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, el auditor detalló que Durango es la entidad con mayores observaciones que ascienden a más de 3 mil 900 millones por aclarar, seguido de Baja California Sur, Puebla, Michoacán e Hidalgo, cuyos montos superaron los mil 300 millones de pesos.
En cuanto a Veracruz, el gobierno del morenista Cuitláhuac García recibió observaciones sobre el gasto federalizado por 331 millones de pesos en la cuenta 2022.
La tercera entrega detalla que el gobierno de Veracruz reintegró 16.9 millones de pesos a la tesorería federal por pagos improcedentes del Fondo de aportaciones a la nómina (FONE).
También se realizaron observaciones al gobierno de García Jiménez por irregularidades en el uso de 235 millones de pesos al gasto federalizado y por concepto de participaciones federales.
Mientras que hay otras observaciones a más de 50 ayuntamientos de Veracruz por el uso irregular en el gasto federalizado y los recursos de participaciones federales. Entre los ayuntamientos con más observaciones se encuentran los de Papantla, Medellín de Bravo y Tamiahua, entre otros.
“La falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto fue la principal irregularidad detectada en las auditorías, que generó más del 64% del monto por aclarar”, indicó el auditor superior Colmenares Páramo.
El titular de la ASF expuso que durante la revisión de la cuenta pública 2022 se efectuaron 12 auditorías de cumplimiento forense orientadas a la fiscalización de recursos del gasto federalizado, incluidas las participaciones federales.
De éstas, dijo, siete se enfocaron en gobiernos subnacionales, como el Gobierno de Durango y los municipios de Ciudad Juárez, en Chihuahua; Naucalpan y Tlalnepantla en el Estado de México; Torreón y Sabinas en Coahuila, y Solidaridad en Quintana Roo.
“Estas auditorías implicaron una revisión pormenorizada del cumplimiento de la legislación y la normativa aplicable en los procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, así como de obra pública y servicios asociados, tanto en contratos como en convenios y/o erogaciones seleccionadas.
“En estas revisiones se detectaron, de manera recurrente, incumplimientos asociados a pagos realizados sin acreditar la entrega de bienes o servicios, colusión entre proveedores, alteración de documentos, sobreprecios en la compra de bienes y servicios, falta de aplicación de penas convencionales, pagos en exceso o improcedentes, y proveedores o contratistas subcontratados cuando el contrato lo prohibía, entre otros”, informó Colmenares Páramo a los legisladores.
Agregó que también se identificaron incumplimientos específicos, como en el caso de la auditoria al Gobierno de Durango, donde se observó la transferencia de dinero a diversas cuentas bancarias para ocultar el rastro del uso de los recursos, adquisición de medicamentos caducos y proveedores no localizados en su domicilio fiscal.
Los hallazgos detectados en las auditorías los gobiernos subnacionales dieron lugar a 150 acciones en su conjunto, conformadas por 71 Pliegos de observaciones y cuatro Solicitudes de aclaración por mil 341 millones de pesos, 51 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 24 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.
Con información de XEU NOTICIAS y el diario 24 HORAS.
