La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) alertaron sobre “un intento de golpe de Estado” ante las acciones del Ministerio Público en contra del Presidente electo, Bernardo Arévalo.
“La UE está dispuesta a adoptar medidas restrictivas contra los responsables”, advirtió el bloque europeo en redes sociales, mientras que el secretario general de OEA, Luis Almagro, condenó también en un comunicado lo que calificó como “un intento de golpe de Estado”.
“Las acciones y dichos de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales son una alteración del orden constitucional del país, quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los derechos humanos de la población”, agregó.
Y es que, en una nueva ofensiva contra la democracia de Guatemala, la Fiscalía de ese país centroamericano afirmó ayer que las elecciones de este año carecen de validez y pidió retirar la inmunidad del presidente electo, Bernardo Arévalo, al argumentar que hubo irregularidades administrativas que lo involucran, por lo que pidió anular los resultados comiciales. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el líder progresista reafirmaron por separado que los resultados “están oficializados y son inalterables”.
En conferencia de prensa, Arévalo confirmó que tomará posesión en enero y señaló que el país está ante “un golpe de Estado ridículo, espurio y perverso”. Apuntó que, aunque algunos quieran invalidar el voto de los guatemaltecos, “los resultados son definitivos e inalterables”.
Exhortó a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional a asumir “el rol que les corresponde en la defensa de la democracia y en el estado de derecho y detener las artimañas ilegales de este grupo de golpistas atrincherado en el Ministerio Público (Fiscalía)”. Señaló que “la falta de fundamento de los argumentos” y sus “mediocres presentaciones” no son más que “una muestra de desesperación” a la que han tenido que hacer frente “desde que empezó la persecución política” contra el partido tras la celebración de las elecciones.
La fiscal Leonor Morales denunció en conferencia de prensa que hubo anomalías en “las actas finales de cierre de escrutinio” por lo que “son nulas de pleno derecho” para consignar los resultados. Afirmó que las actas no fueron aprobadas “por el pleno” del TSE, y no debieron usarse.
Aparte, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, aseguró que las votaciones “deberían anularse” y que presentarán pruebas al TSE. También acusó a Arévalo de supuestas ilegalidades en la formación de su partido, Movimiento Semilla, en 2018, además de un presunto caso de lavado de dinero, por lo que insistió en que hará dos nuevos pedidos de retiro de su inmunidad.
Según la Fiscalía, el líder progresista sabía de falsificaciones de firmas cuando se creó el partido y presuntamente tampoco registró los ingresos a la fuerza política.
“En estos momentos se está presentado el retiro de antejuicio en contra del señor César Bernardo Arévalo de León por el delito de lavado u otros activos al no esclarecer fehacientemente el origen y destino de 44 mil dólares”, indicó.
Con estas dos acciones suman tres las solicitudes de retiro de la inmunidad de Arévalo. La primera fue por la publicación de mensajes en la red social X en los que apoyaba la toma de una universidad por parte de estudiantes que protestaban por la elección del rector.
La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, defendió los resultados de los comicios al asegurar que “están validados, oficializados y son inalterables”, y agregó que los funcionarios electos “deben tomar posesión” el 14 de enero próximo, “de lo contrario hay rompimiento del orden constitucional”. Aseguró que la Fiscalía “no tendría ninguna facultad” para hacer que el TSE anule unas elecciones, “salvo una sentencia que venga de la Corte de Constitucionalidad”, el máximo ente judicial del país.
“Nuestro presidente es Bernardo Arévalo y nuestra vicepresidenta, Karin Herrera”, quienes ya recibieron sus credenciales como ganadores del balotaje en agosto, al igual que 340 alcaldes, 160 diputados y 20 miembros del Parlamento Centroamericano elegidos en los comicios generales de junio, afirmó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral.
Con información de los diarios REFORMA y LA JORNADA
