Agencia Espejo del poder
Al presentar ayer su sexto y último informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace nueve años en Iguala, Guerrero, no se va a resolver mientras el Ejército y la Marina oculten y bloqueen información oficial.
El grupo de especialistas forenses establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó que varios lotes de documentación de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) que contienen información vital y fundamental para dar con el paradero de al menos algunos de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014, les han sido vedados después de ocho solicitudes que hizo en el año reciente de su trabajo en la coadyuvancia del caso Ayotzinapa.
Estos reiterados ocultamientos, negativas y mentiras por parte de las autoridades castrenses hacen imposible continuar con nuestro trabajo, explicó ayer uno de los expertos, Carlos Beristain. Llegamos al límite de lo que se puede hacer.
Con estas palabras y un emocionado “¡gracias papás y mamás!”, que hizo que a la penalista Ángela Buitrago se le quebrara la voz, los dos últimos integrantes del GIEI que permanecieron, a pesar de las múltiples crisis y tormentas, presentaron su sexto y último informe en el auditorio del Centro Cultural Tlatelolco, lleno a tope.
En las primeras hileras, muchas ocupadas por mamás de los muchachos desaparecidos, algunas ya envejecidas y sin embargo al pie del cañón, habían echado mano de sus reservas de pañuelos. Estaban preparadas para esta despedida. Los expertos ya habían platicado con ellas largo y tendido. Blanca, una de las madres, les pidió: Antes de irse cuenten todo lo que sepan; no se queden con nada.
En este último informe, el GIEI reveló que hay otro fondo de datos que hasta ahora ha mantenido en secreto la Unidad de Inteligencia Naval, y que ha quedado oculta la participación de los marinos en el encubrimiento, ocultamiento y desviación de las investigaciones y en la construcción de lo que el ex procurador Jesús Murillo Karam llamó verdad histórica.
SEMAR, CISEN, POLICÍA: TODOS ESTUVIERON, PERO MINTIERON
Los investigadores recibieron hace apenas cinco días, justo para poder incluirla en el reporte, una pieza de información. Revela que la Unidad de Inteligencia Naval de la Marina operó en el basurero de Cocula y en la ribera del río San Juan el 27 de octubre de 2014, para fabricar la falsa escena del crimen del vertedero y, dos días después, el hallazgo en el lecho fluvial de una bolsa de plástico con supuestos restos. Ahí estuvo el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, hoy prófugo en Israel.
Según el informe, la Marina instaló un destacamento en Coatepec de los Costales, municipio de Teloloapan, donde debe haber un monitoreo e información sobre el destino de los muchachos. Además, los investigadores corroboraron, incluso con fotos, que los marinos participaron en el arresto y tortura de los presuntos culpables, miembros de Guerreros Unidos, y que en esas acciones hubo al menos dos muertos.
El último informe, prolijo como los cinco anteriores, de más de 300 páginas, contiene otras novedades sobre la presencia de efectivos del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal y la policía ministerial en la persecución de los estudiantes en Iguala, una circunstancia que esas corporaciones negaron todo el tiempo. Hay una orden de aprehensión contra un agente del Cisen.
Los expertos lograron determinar que el ahora preso general José Rodríguez Pérez, entonces coronel, se estuvo moviendo en esos sitios constantemente, según lo reflejan los datos de geolocalización de su celular. El alto oficial, que era comandante del 27 Batallón de Infantería, había asegurado que esa noche no salió de su cuartel.
Al finalizar una intensa sesión, en la que ambos expertos expresaron sentirse emocionados y también frustrados, un estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos habló a nombre de los padres de los 43 desaparecidos, de sus compañeros y de los colectivos que buscan a sus seres queridos, para advertir que este movimiento no ha perdido fuerza, porque saber que se tienen pruebas suficientes para dar con el paradero de nuestros compañeros, pero que no se quiere avanzar, nos da la fortaleza necesaria para continuar.
El estudiante también le recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador que le queda un año para cumplir la promesa de solución que nos hizo, y que para septiembre del año próximo, cuando se cumplan los 10 años de la noche de Iguala, ya habrá otro presidente electo en el país.
Sobre este punto, los dos expertos respondieron que tienen la esperanza de que, aún sin el GIEI, la investigación continúe, se profundice y supere los obstáculos y las mentiras que la aquejan actualmente. No claudicaremos, expresó Ángela Buitrago, pero Beristain acotó: Existe el riesgo de que la mentira se institucionalice como respuesta. Eso es inaceptable.
Carlos Beristain señaló que el Caso Ayotzinapa es una palanca para el cambio en México, puede ser una oportunidad para superar la pesada impunidad que aún prevalece sobre la desaparición forzada. Nuestros informes son una herramienta para continuar.
Los expertos anunciaron que hoy se reunirán con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y en la que también estarán los padres y madres de los 43 estudiantes.
SEMAR Y SEDENA: TORTURA Y OPACIDAD
Durante su investigación, el GIEI tuvo reuniones con el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, y otros altos oficiales, quienes sostuvieron que la presencia de la Armada en la diligencia del río San Juan sólo fue para asegurar el perímetro de la zona y el trabajo de los buzos.
Hoy se conoce que esto es falso. El GIEI detectó indicios de operaciones secretas de la Unidad de Inteligencia Naval, incluso sobrevuelo de drones, en las inmediaciones del río San Juan los días 27 y 28 de septiembre, para preparar el hallazgo del día siguiente.
Los investigadores también determinaron que fueron marinos, no la entonces Procuraduría General de la República, como se sostuvo, quienes detuvieron ilegalmente a varios presuntos perpetradores, los llevaron a centros navales y los torturaron.
Semar dirigió y realizó acciones en Chilpancingo, Pueblo Viejo, Iguala, tramo Iguala-Teleolapan, Loma de Coyotes, Coatepec de Costales y otros sitios que han sido mencionados por distintos informantes como posibles paraderos de los jóvenes desaparecidos. A las solicitudes de información del GIEI, la Marina responde que no existe.
El GIEI obtuvo 16 transcripciones de mensajes y llamadas telefónicas interceptadas por la inteligencia militar y que se concentran en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, con sede en Iguala, del cual la Sedena aún sostiene que no existe.
En esas transcripciones de las fechas críticas de los hechos, se leen conversaciones de integrantes del crimen organizado “sobre los detenidos del desmadre de ayer, de los 11 que te tocaron, de los que traían detenidos aki en Chilpo”. Y uno que comenta “pobr de los papas e quomo an d star (sic). Se habla que tienen a 17 en una cueva; que hay presiones para soltar a algunos”.
Esos mensajes contienen claves para localizar los lugares a donde se llevaron a los 43 desaparecidos, como Pueblo Viejo y Loma de Coyotes. Durante siete años esta información estuvo oculta. Y aún hoy en día, con pruebas sólidas de su existencia, la Sedena sostiene que no existen, que las conversaciones grabadas no se transcriben, que no tienen nada más.
AMLO REITERA QUE SE CONOCERÁ TODA LA VERDAD
Por su parte, ayer, antes de que el GIEI diera a conocer su último informe sobre la desaparición de los normalistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró en la conferencia mañanera su compromiso de que se conozca toda la verdad.
El mandatario indicó que han sido detenidos por su probable responsabilidad en estos hechos entre 120 y 130 sujetos, entre ellos importantes funcionarios civiles y militares, y remarcó que, si no hubiese triunfado nuestro movimiento, ya le hubiesen dado carpetazo a este asunto los del bloque conservador, a quienes acusó de actos de represión y violación a los derechos humanos en el pasado, como los crímenes contra los normalistas.
Al responder sobre la reunión que tuvo la víspera con los dos integrantes del GIEI, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, el Ejecutivo federal apuntó que fueron ellos quienes decidieron poner fin a su labor en México; sin embargo, no aclaró que los expertos tomaron esa determinación porque han denunciado obstáculos para continuar sus investigaciones, sobre todo de parte de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.
“Me reuní con ellos (el lunes), son dos los que se quedaron (de cinco que iniciaron con el GIEI) y concluyen su labor, agradecimos por lo que han hecho, una buena investigación y van a presentar un reporte. Nosotros vamos a continuar con la investigación, se ha avanzado mucho, yo les comentaba a ellos que, en muy pocos lugares, creo que, en ningún país del mundo, un gobierno lleva a cabo una investigación y sobre todo una decisión de castigar a los responsables”.
–Los padres y las madres dicen que con la salida del GIEI se sienten descobijados –le señalaron en la conferencia de prensa.
–Sí, pero ellos decidieron concluir su etapa y ya nosotros vamos a darle continuidad –respondió el Presidente.
Agregó que tiene el compromiso de que se conozca toda la verdad sobre la desaparición y posteriores crímenes por el caso de los normalistas. “Es un compromiso que lo voy a cumplir, lo estoy cumpliendo, se van avanzando y mucho. Deben estar detenidos como 120, 130 personas y se ha avanzado bastante. En otros países no se llega a tanto, y también para nuestros adversarios, incluidos los integrantes de las organizaciones no gubernamentales y de la llamada sociedad civil”, concluyó.
(Con información de los diarios LA JORNADA y REFORMA)
