- El empresario Joaquín Rodríguez pide justicia y que se aplique la ley sin componendas. La jueza le metió gol al gobernador, al Consejo de la Judicatura y a la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns, indica.
- Fue defraudado por Manuel «N», Celia María «N» e Isabel «N».
- “En los próximos días presentaré una queja de denuncia en contra de la juez ante el Consejo de la Judicatura del Estado y ante la Fiscalía Anticorrupción.
A pesar de que se abrió la Carpeta de Investigación VER/DXVII/F8/5554/2022 y un juez les dictó orden de aprehensión, en el proceso penal 97/2023, los empresarios de origen español con residencia en la ciudad de Córdoba, Veracruz, Manuel «N», Celia María «N» e Isabel «N», intentan evadir la justicia e hicieron un pacto con la juez Ihali Patricia Armas Márquez en una reunión que se llevó a cabo el pasado 08 de mayo, en donde hasta café tomaron, así lo expresa la víctima, Joaquín Rodríguez Fernández.
“Esta juez corrupta, que está pactando en lo oscurito, le está metiendo gol al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al propio Consejo de la Judicatura y a la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns”, expresa el agraviado, al señalar que en los próximos días presentará un queja de denuncia en contra de la juez ante el Consejo de la judicatura del Estado y ante la Fiscalía Anticorrupción.
Dijo que los acusados consiguieron primero que la juez de control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento penal oral del XVII distrito judicial de Veracruz, Ihali Patricia Armas Márquez, les fijara una audiencia inicial y final para el martes 16 de mayo de 2023, a las 11:30 horas, para ser exonerados, “pero en el colmo de los pactos a oscuras y a pesar de que la orden de aprehensión está vigente, se reunieron con ella y pactaron este acuerdo que seguramente lleva mucho dinero de por medio”, asentó.
“Este es el colmo de la aplicación de la justicia”, indica el agraviado. “Ahí, en esa reunión privada, la juez corrupta pidió a su auxiliar de Sala que le agendara una comparecencia, cuando debió mandar a traer a la Guardia para detenerlos y cerrar la audiencia de imputación, como dice el acuerdo. La juez está cayendo en el delito de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y un acto de corrupción imperdonable en contra de la justicia”, sentencia el agraviado.
“Este hecho hunde al poder judicial con un acto de corrupción público que consta en el expediente que nos ocupa. En la audiencia programada para el día 16 de mayo sólo vendrán a burlarse de mí, porque ya pactaron en lo oscurito un acuerdo que les beneficiará”, expuso.
La víctima, Joaquín Rodríguez Fernández, insiste que fue estafado con más de 30 millones de pesos y millonario legado por herencia familiar en el extranjero y que se quedará sin recibir justicia, gracias a las influencias de quienes lo agraviaron a través de prácticas fraudulentas y falsificación.
El agraviado ha señalado que pareciera que en Veracruz “es más fácil y barato comprar a autoridades que se dedican a la venta corrupta de beneficios, que reparar daños a la víctima”.
Así, insiste, la Juez que celebrará esta audiencia inicial para exonerar a los corruptos de cuello blanco, es la misma que recientemente ha liberado a diversos presuntos delincuentes, lo que habla de la gran descomposición y corrupción a la que se ha dedicado a combatir el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, así lo ha expresado el agraviado.
“Le están comiendo el mandado a la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez”, indicó.
El agraviado ha señalado que a pesar de la orden de aprehensión que existió en su momento, los investigados se dieron a la fuga, buscando ampararse de estos hechos delictivos.
Así, el pasado 09 de marzo de 2023 presentaron escrito de justificación de ausencia, fijándose como fecha de audiencia inicial el 14 de marzo de 2023, a las 10:30 de la mañana, a la cual no se presentaron.
Posteriormente se han dedicado a dilatar el proceso, escudándose en suspensiones provisionales y definitivas, sin haber colmado las medidas de aseguramiento impuestas por los Juzgados Federales, mismos que se encuentran investigando dicho ilícito de ventaja procesal.
“La Juez de Control, en respuesta a diversos escritos en los que le solicité que fijara fecha de audiencia inicial, indicó que el 16 de mayo de 2023 se celebrará dicha audiencia. No obstante, por fuentes cercanas a los nuevos abogados de Manuel «N» y Celia María «N», así como de amigos y familiares de los mismos, tuve conocimiento de que los investigados han manifestado que tienen mucho dinero para conseguir burlarse de la justicia penal del estado de Veracruz; por lo que dicen que sólo se presentarán a la audiencia a cumplir con un protocolo, mas ya han arreglado con otras autoridades su situación jurídica, ello con la finalidad de no hacerse cargo del daño que me causaron, que asciende a más de 30 millones de pesos y con salir del país para no enfrentar el proceso”.
“De ahí la preocupación que surge en mí como víctima de que les resulte más fácil y barato burlar la ley y seguir en libertad, en lugar de aplicar la necesidad de cautela misma que los investigados lograron evadir con extrañas y desconocidas complicidades, que repararme el daño al que tengo derecho como víctima”, asentó.
De esta manera, Joaquín Rodríguez Fernández pide que se le haga justicia como víctima y que los investigados “no compren ventaja alguna y no tengan los beneficios que les proporcionaría la corrupción en otros tiempos, aunado a que ello sería contrario a derecho y vulneraría los principios del nuevo sistema de justicia penal, en virtud de que al acreditar la necesidad de la cautela se giró la orden de aprehensión, con base en datos de prueba que para ellos fueron suficientes, pertinentes e idóneos y que continúan siéndolo con mayor justificación para solicitar la prisión preventiva justificada prevista en la fracción XIV del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, concluye el agraviado.
