Abogados del equipo Viciconti ganan juicios a Fiscalía veracruzana

  • José Luis Jiménez Sada, Rafael García Peña y José Manuel Viciconti fueron quienes lograron la liberación de Antonio Gómez Pelegrín, Clementina Guerrero, Adrián Viccon Basto, Luis Francisco I. Virues y Bernardo Segura Molina.

Un equipo de abogados profesionales del equipo del ex Fiscal veracruzano José Manuel Viciconti han dado Cátedra legal al equipo jurídico de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, al obtener amparos y liberaciones de diversos ex funcionarios públicos que fueron acusados injustamente.

Más allá de los intereses políticos, apegados siempre a la legalidad, los abogados José Luis Jiménez Sada, Rafael García Peña y José Manuel Viciconti, quienes despachan en su bufete jurídico ubicado en la calle Teodoro Avendaño No. 7-A, de la colonia Ferrer Guardia de Xalapa, se han convertido en defensores de varios ex políticos perseguidos jurídicamente.

La experiencia de estos abogados ha permitido que ganen varios amparos, mostrándose como expertos en el Derecho, ganando triunfos para sus clientes a la autoridad local. Los casos más significativos han sido lo de la liberación de Antonio Gómez Pelegrín, ex secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Veracruz.

También los amparos conseguidos a favor de Clementina Guerrero García, Adrián Viccon Basto y Luis Francisco I. Virues, así  como la liberación llana y lisa de Bernardo Segura Molina, quien fuera un alto funcionario de la Secretaría de Finanzas veracruzana.

Como se recordará, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción investigó a los mencionados, Antonio Gómez Pelegrín, Clementina Guerrero y Bernardo Segura Molina, por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de un deber legal, desvío de recursos y abuso de autoridad, ello de acorde a la propia solicitud de orden de aprehensión presentada ante el Juez de Control.

Sin embargo, la autoridad actuó con falle de probidad, ya que no realizó un estudio propio de los datos de prueba, sin demostrar la comisión de hechos ilícitos.

Además, según demostraron los abogados, se vulneró el principio de probidad, legalidad, objetividad y profesionalismo por parte del Fiscal a cargo de la investigación, tal y como lo establece el Artículo 16 de la Constitución, además de que con su conducta arbitraria está irrumpiendo diversas disposiciones normativas del Código Nacional de Procedimientos Penales, se indica en los alegatos.

Así, varios preceptos normativos no fueron observados de manera adecuada por la Fiscalía, ya sea por un error humano o involuntario o por una cuestión de técnica procesal, se indica en la discusión legal, ya que los datos de prueba con los que contaba la Fiscalía se advierten que los suscritos no incurrieron en ninguna irregularidad durante los hechos que se les pretendieron atribuir, ya que no ocurrieron durante su tiempo al frente del cargo.

Luego de un largo debate legal, con todas las pruebas y argumentos, los abogados lograron demostrar omisiones de los fiscales que llevaban el caso, tal y como lo señala el artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales, actuando fuera del marco de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución, ya que no proporcionó información veraz sobre los hechos y los hallazgos de la investigación.

Además, se indica que ocultaron información que sin duda alguna excluye del delito a los suscritos, ya que, por ejemplo, los acusados no laboraban en la Secretaría de Finanzas y Planeación en los meses de octubre y noviembre de 2016 cuando se hicieron las operaciones de las que se les acusan.

Como los acusados no eran servidores públicos en ese momento, la solicitud de orden de aprehensión careció de validez, ya que el fiscal no expuso de manera eficaz los datos de prueba pertinentes y necesarios para ser una delimitación de temporalidad de la responsabilidad, indican los documentos legales.

Fue así que los abogados José Luis Jiménez Sada, Rafael García Peña y José Manuel Viciconti lograron la liberación de sus clientes, demostrando el dolo de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz que pretendían imputarlos ilegalmente.

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