Xalapa, Ver., 19 Oct (SPI).- Ante el incremento de la cifra de personas en condición de pobreza durante la presente administración, urge replantear la política social desde el Paquete Económico 2023, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Los hombres de negocios expusieron que la contracción económica en México es de 8.5 por ciento, lo que ha impactado en el empleo formal, las horas trabajadas y los ingresos laborales. Las mujeres y los jóvenes fueron los más afectados.
Las cifras en situación de pobreza, ascienden a 55.7 millones de personas en situación de pobreza, 10.8 millones de ellos en pobreza extrema y, según de Bienestar Económico son 66.9 millones de personas no ganan lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas.
Criticó que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 destinó cantidades multimillonarias (600,321.9 millones de pesos) a 16 programas sociales y a la Secretaría del Bienestar 408 mil millones de pesos.
Señaló que si en verdad los programas sociales fueran eficaces, hubiesen reducido el número de personas en pobreza, pero eso no ha ocurrido; por lo que, programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para el Bienestar Benito Juárez, entre otros deben ser rediseñados y con reglas claras de operación.
El organismo empresarial propone que se cambie el modelo de reparto de subsidio generales por una aplicación focalizada de los programas sociales y corregir la actual asignación de los programas de transferencias monetarias para evitar la exclusión de los hogares de menores ingresos.
Que el Gobierno federal establezca una política de fomento al emprendimiento; y también a la economía social y solidaria que permita a las cooperativas y al conjunto de empresas de propiedad colectiva del sector social, crecer, captar inversión, acceder a crédito de la banca de desarrollo a tasas preferenciales, abrir nuevos canales de comercialización en compras públicas y contar con apoyos para la capacitación y la innovación.
Avanzar en la construcción de un sistema universal de protección social y; establecer un esquema de transferencias monetarias de emergencia para las personas que pierden su medio de sustento, a través de mecanismos ágiles y transparentes de registro y asignación temporal.
