Por Nidia Miles
La justicia federal amparó y protegió a la ex tesorera del Ayuntamiento de Xalapa, Clementina Guerrero García, luego del proceso legal que le abrió la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, por su desempeño como Secretaria de Finanzas durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.
De esta manera, se invalidó la resolución de fecha 12 de agosto de 2019 dictada en el Procedimiento Disciplinario Administrativo número 081/2019 de la Contraloría General, en la que se determinó inhabilitarla en el servicio público para los próximos diez años, así como imponerle una sanción económica por la cantidad de $187 millones de pesos, resolución que había sido confirmada por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), en el toca 396/2020.
Como se recordará, fue la Contralora Mercedes Santoyo Domínguez, quien en su afán de buscar venganza política contra el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares —a pesar de que su padre, ya fallecido, Salvador Santoyo Ramírez, fue su cercano colaborador en una oficina de investigación política que tenía en la Plaza Morelos, de esta capital— inició este procedimiento en contra de quien fuera Secretaria de Finanzas de ese gobierno.
Y ahora, luego de un largo procedimiento administrativo, el magistrado ponente Luis Enrique Burgos Flores y sus compañeros Luis García Sedas y Víctor Hugo Mendoza Sánchez del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, resolvieron por unanimidad otorgar el Amparo directo 13/2022, en la sesión ordinaria virtual del día 25 de agosto de 202, tal como se informa en el documento legal que fue subido en los estrados digitales.
Como se recuerda en la resolución, el 3 de julio de 2019 se inició por parte de la Contraloría el procedimiento administrativo 081/2019 en contra de Clementina Guerrero derivado de su desempeño como Secretaria de Finanzas del régimen yunista, por su probable responsabilidad administrativa y daño patrimonial con motivo de la revisión integral a la documentación relativa al Fondo de Bienes Recuperados, sin embargo el inicio, tramitación y resolución de dicho procedimiento se realizó con base a una ley que ya no estaba en vigor, esto es, el procedimiento se sustanció con base a la Ley de Responsabilidades del Estado que dejó de tener vigencia en diciembre de 2017, es decir año y medio antes de que la Contralora iniciara el procedimiento.
En la amplia exposición de motivos del caso se puntualiza que “es esencialmente fundado lo que aduce la quejosa en el segundo de sus conceptos de violación, en el sentido de que (…) un procedimiento que se fundó indebidamente en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado, abrogada el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete por la Ley número 366 de Responsabilidades Administrativas para el Estado, la cual en su transitorio Cuarto, dispuso que ‘los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades estatales y municipales con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes al momento en que iniciaron’”.
De lo anterior tenemos que por las deficiencias técnicas de la Contraloría al tramitar el procedimiento de responsabilidad con una ley no vigente, no se pudo revisar de fondo la responsabilidad de Clementina Guerrero, esto es, la negligencia de la Contraloría en este expediente se traduce en mas impunidad, lo cual se sabe no es el único caso, ya que presuntamente un número considerable de procedimientos de responsabilidad que tiene a su cargo la ingeniero Mercedes Santoyo, estarían afectados de este mismo vicio, y otro buen número se caerían jurídicamente por haberse sustanciado los procedimientos cuando ya había operado la prescripción, es decir fuera de tiempo, por lo que algunos especialistas cuestionan que si es negligencia de la Contralora Mercedes Santoyo o una muestra de presunta complicidad.
