Agencia Espejo del poder
Tras casi 24 horas de audiencia, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna propinó esta mañana a la Fiscalía General de la República (FGR) uno de sus más duros reveses judiciales en el sexenio, al no vincular a proceso y ordenar el desechamiento del caso contra un asesor financiero y tres abogados allegados de Julio Scherer Ibarra, los cuales fueron imputados de presuntamente extorsionar entre noviembre de 2018 a julio de 2021 al litigante salinista Juan Collado por encargo del ex consejero Jurídico de la Presidencia.
Delgadillo Padierna –sobrino de la diputada federal de Morena, Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, el llamado “Señor de las Ligas”– determinó no vincular a proceso y anular todo el proceso penal en contra del grupo de abogados por considerar que hubo violaciones graves al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Por lo anterior, el juez de control también decretó el sobreseimiento de la causa penal, por lo que la Fiscalía General de la República no podrá volver a judicializar este caso con nuevas pruebas. Sin embargo, todavía puede presentar un recurso de apelación para que se reclasifique la resolución del juez de control.
El juzgador federal no encontró datos de prueba para poder imputar los delitos de extorsión, tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación delictuosa a los abogados César Omar González Hernández, Juan Antonio Araujo Rivapalacio, e Isaac Perez Rodríguez, así como al asesor financiero David Gómez Arnau.
Además, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de violar la presunción de inocencia del ex consejero jurídico Julio Scherer y del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, a quienes “imputó ficticiamente” conductas ilícitas, pero sin darles oportunidad de comparecer para que ejerzan su derecho a una defensa adecuada.
Ante lo que consideró como un “bosque de irregularidades”, el juez Delgadillo Padierna determinó dar vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que ese organismo investigue las posibles violaciones a derechos fundamentales que se habrían cometido en este caso.
