Agencia Espejo del poder
No obstante que desde 2017 Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), denunció ante el Órgano Interno de Control de la Sedatu la falsificación de su firma en un convenio marco que dio lugar a un presunto desvío de 185 millones 839 mil 480 pesos, a través de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), en Hidalgo, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a un juez federal sentenciar a ocho años de prisión al economista oriundo del puerto de Alvarado, Veracruz, por una presunta falsedad en declaración relacionada con dicho desvío de este caso conocido como la “Estafa Maestra”.
Según publica este lunes el diario REFORMA, después de dos años de iniciado el proceso, la FGR presentó formalmente su acusación por escrito contra González Tiburcio y pidió que también sea sancionado con 300 días multa.
El ex subsecretario de la Sedatu es uno de los cuatro ex funcionarios que ya han cerrado la etapa de investigación complementaria y contra quienes la Fiscalía ha pedido una pena de prisión en los procesos penales de la llamada Estafa Maestra.
A mediados de marzo se celebró la audiencia intermedia, y en ella la FGR presentó en forma oral la acusación que ya había emitido por escrito contra González Tiburcio. También se dirimieron ante el juez todos los datos de prueba que serán considerados para el juicio.
La imputación contra González Tiburcio tiene una particularidad, pues él fue uno de los ex funcionarios de la Sedatu y la Sedesol que en un primer momento denunciaron la falsificación de documentos para desviar recursos en la Estafa Maestra, y luego la FGR lo acusó de ser parte de esos ilícitos.
Pese a que en 2017 denunció ante el Órgano Interno de Control de la Sedatu la falsificación de su firma, la FGR luego estableció que presuntamente el ex subsecretario peñista había mentido, porque un peritaje oficial concluyó que la firma que denunció como falsa en realidad sí correspondía a la suya.
Sin embargo, no obstante que el ex funcionario presentó a su vez un dictamen pericial privado que establece lo contrario, la FGR lo imputó y consiguió que fuera vinculado a proceso por falsedad en declaración.
