Agencia SPI
Xalapa, Ver., 22 Mar.- La falta de presupuesto y voluntad política han sido los motivos principales para que Veracruz no cuente con su Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, según un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El pasado noviembre de 2021 la CNDH dio a conocer su Informe Especial Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en México, con la participación de 23 de 32 Organismo Públicos de Derechos Humanos (OPDH) del país, en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz, que dirige Namiko Matzumoto.
La investigación refirió que los Organismo Públicos de Derechos Humanos (OPDH) reportaron en 2019 que siete estados del país (Baja California, Guerrero, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz), no contaban con su Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes,
Para 2021, la CNDH pudo constatar que Nayarit y San Luis Potosí emitieron sus respectivos programas estatales, mientras que Morelos está trabajando en la elaboración de un anteproyecto.
El resto de las entidades (las siete arriba citadas) seguían sin tener su Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
En menos de la mitad los estados del país, los OPDH (Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz), manifestaron haber participado en la integración del Programa Estatal de Protección de niñas, niños y adolescentes.
Igualmente, la mayoría de los OPDH participantes en la encuesta de la CNDH indicaron que las autoridades locales implementaron parcialmente medidas de protección especial para niñas, niños y adolescentes cuya situación de vulnerabilidad se ha incrementado debido a la pandemia por COVID-19.
En siete estados (Veracruz entre ellos), señalaron que no se implementaron ninguna medida especial, y sólo cinco indicaron que sí.
En el orden estatal, de acuerdo con el informe presentado por México al Comité de los Derechos del Niño en diciembre 2020, se contó con sólo 17 Programas Locales de Protección de personas menores de edad publicados y vigentes y 154 a nivel municipal.
Los OPDH estimaron que no ha sido suficiente para colocar la agenda pública estatal los derechos de los infantes y adolescentes, debido a factores la falta de presupuesto, carencia de personal, el hecho de que no se cuenta con el programa estatal de protección a la niñez y adolescencia.
También a un desconocimiento de las atribuciones del SIPINNA, la falta de mayor difusión de su labor, o bien que el cargo es de reciente creación, o la persona designada tiene poco tiempo desempeñándola.
Asimismo, otro aspecto que destacó la investigación, es la escasa asignación de recursos a las procuradurías (federal y estatales) que con lleva a una falta de infraestructura que permitan atención a la demanda creciente de servicios.
La Procuraduría Federal de Protección en 2016 contó con 120 millones de pesos, para el ejercicio fiscal 2020 disminuyó a 62 millones 834 mil pesos, es decir, 51 por ciento menos. Para 2021, la Procuraduría contó con 65,184 millones de pesos.
En la mayoría de los casos, los recursos de que disponen las Procuradurías equivalen al 27 por ciento del monto óptimo para su operación, y en algunos estados como Chiapas, sus recursos actuales representaron sólo el siete por ciento del monto necesario para el desempeño de su labor.
La CNDH advirtió que la Procuraduría de Protección Federal y estatales enfrentan importantes desafíos para cumplir su obligación de proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes, que van desde la falta de recursos y personal especializado, hasta la disparidad de criterios para la atención de los casos que son de su conocimiento.
