En sesión realizada este lunes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz resulta violatorio de los principios de legalidad, en sus vertientes de taxatividad y seguridad jurídica.
Además, los ministros determinaron que la reforma aprobada en marzo de 2021 por la LXV Legislatura local es violatoria al Derecho a la libertad de expresión.
El máximo tribunal del país analizó las acciones 59/2021 y su acumulada 66/2021,
promovidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y por diputados locales de la oposición.
Al respecto, durante la sesión se señaló que el tipo penal no cumple con el requisito de taxatividad, al considerar que incurre en dicho delito quien cometa cualquier amenaza o agresión que se ejecute en contra de un servidor público.
De acuerdo con el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, tal y como está vigente el delito tiene un impacto desproporcional y se puede aplicar de forma arbitraria.
Todavía ayer domingo, en sesión extraordinaria, con 33 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención, los diputados locales de la fracción mayoritaria de Morena y sus aliados modificaron las fracciones II y IV del artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz pero no derogaron el delito ultrajes a la autoridad, tal como lo demandaban líderes de la oposición, colegios y barras de abogados veracruzanos e inclusive el propio coordinador de su partido en el Senado, Ricardo Monreal.
Además, ese mismo día también trascendió que el gobernador Cuitláhuac García había enviado una carta a los ministros de la SCJN para que no echaran abajo este delito en el estado de Veracruz, mediante el cual han logrado mantener en prisión a jefes de plaza y sicarios de grupos criminales.
El mandatario veracruzano advertía que la Suprema Corte crearía un vacío legal si declaraba inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, contemplado en el artículo 331 del Código Penal del estado de Veracruz.
“Se creará un vacío legal ante hechos y conductas que en la realidad suceden, que no se podrá sancionar con otros delitos, ya que los bienes jurídicos que protegen son distintos, en consecuencia, podría suceder un incremento en las agresiones a quienes ejercen funciones de seguridad pública”, cita su misiva García Jiménez.
En su carta a los ministros de la SCJN, el gobernador de Veracruz aseguraba que el delito protege el ejercicio de las funciones de elementos de Seguridad Pública, quienes, dijo, están expuestos a amenazas y agresiones.
“El texto normativo de este tipo penal es preciso y claro, toda vez que mandata que se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión a quien agreda o amenace a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”, expuso el Ejecutivo estatal en su misiva.
Cuitláhuac García consideró que el hecho causaría un precedente a nivel nacional debido a que el delito de ultrajes a la autoridad se encuentra en la mayoría de los códigos penales de los estados de la república.
El gobernador de Veracruz envió la carta a la Suprema Corte de Justicia horas antes de que el Congreso del Estado debatiera este domingo en sesión extraordinaria la derogación de las fracciones II y IV del artículo 331 del Código Penal de Veracruz.
Sin embargo, este lunes la SCJN determinó que es inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz.
