Agencia Espejo del poder
Una evaluación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la organización TOJIL a 29 Fiscalías Anticorrupción del país reveló que éstas carecen de un protocolo de audiencias, de protección a testigos, entregas vigiladas y operaciones encubiertas, lo que significa que hay pocos instrumentos normativos para realizar investigaciones de actos de corrupción.
Según este estudio –el cual no incluye a Baja California, Baja California Sur y Ciudad de México, pues no contaban con Fiscalía al momento de solicitar la información–, los estados con una actuación satisfactoria en procesos son 15, entre ellos Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guerrero, Nuevo León, Estado de México y Michoacán, mientras que los más deficientes son cuatro: Morelos, Nayarit, Querétaro y Veracruz. En el caso de Tabasco mencionaron que no quiso dar información.
De acuerdo con los resultados, en capital humano ningún estado tiene una situación satisfactoria, 12 son regulares, entre ellos Jalisco y el Estado de México; y 13 deficientes, entre ellos Nuevo León. Nayarit y Veracruz, que tampoco proporcionaron datos.
En presupuesto, sólo cinco tienen recursos para operar satisfactoriamente, 12 de manera regular, ocho tienen dinero insuficiente y cuatro no quisieron dar información.
El informe elaborado por el IMCO y la organización TOJIL expone que las carencias con las que operan las Fiscalías Anticorrupción en México son tales, que en algunos casos cuentan con tan sólo un policía de investigación, y otras no tienen peritos.
Como ejemplo mencionan el caso de la Fiscalía de San Luis Potosí que tiene sólo dos ministerios públicos y un policía para investigar, mientras que el Estado de México cuenta con 53.
A nivel nacional, el promedio de personal en las Fiscalías Anticorrupción es de 12 ministerios públicos, 7 policías de investigación y 4 peritos; sin embargo, muchos estados están muy por debajo de estas cifras.
Pero además del bajo capital humano con el que cuentan, la mayoría carecen de capacitación a su personal, lo que se traduce en poca efectividad en la investigación de casos de corrupción, advierte el informe.
Sólo cinco fiscalías reportaron dar capacitación a sus peritos en 2019 y 2020,11 capacitaron a sus policías y 16 a sus ministerios públicos.
Las organizaciones resumen en tres puntos las carencias de estas instituciones, creadas en 2015: limitado uso de la herramienta penal en el combate la corrupción, poca efectividad en la investigación de casos, y baja judicialización y enjuiciamiento.
Esto es derivado de la incomodidad que generan al poder político; por no tener presupuesto o personal suficiente ni especializado; o que el poder legislativo en los estados impone dificultades prácticas en la investigación por reformas contradictorias, agregan.
Además de que no hay criterios homologados en el Poder Judicial con respecto a los estándares probatorios del delito; y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no entrega o dificulta la información.
Más complejo investigar en estados
Por su parte, el Fiscal Anticorrupción en Coahuila y presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, Jesús Flores Mier, declaró al diario Reforma que las deficiencias del trabajo de estas fiscalías especializadas no sólo se deben a la falta de recursos, personal o equipo tecnológico, sino a que también los casos de corrupción en los estados son más complejos de investigar.
Sin embargo, Flores Mier aseguró que están en la “mejor actitud” para corregir y sumar esfuerzos con dependencias y sociedad civil.
“No se puede mejorar lo que no se puede medir, y con este informe tenemos datos muy importantes. Ya creamos un grupo de trabajo para darle seguimiento a este estudio”, contestó a la reportera Érika Hernández, del diario capitalino.
Durante la presentación del informe del IMCO y TOJIL, Flores aseguró que no niegan lo que sucede, pero, aclaró, hay muchos factores que repercuten. Para empezar, dijo, existen varias fiscalías que llevan cuatro años sin tener titular, además de que indagar los casos de corrupción “es cada vez es más difícil” y se necesita más especialización.
“A nivel nacional los hechos de corrupción son diferentes, en los estados se hace más compleja (la investigación), por eso es difícil hacer una comparación”, indicó.