Blinda AMLO obras prioritarias de la 4T al declararlas de interés público y de seguridad nacional; expertos acusan opacidad

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Agencia Espejo del poder

En una decisión que generó una gran polémica, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó ayer por la tarde en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo por el que declara de interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

El decreto presidencial subraya que las dependencias y entidades de la administración pública federal tendrán un máximo de cinco días hábiles para emitir la autorización provisional, a partir de la presentación correspondiente; transcurrido dicho plazo sin que se emita dicha autorización expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.

Se trata de la realización de proyectos de obras a cargo del gobierno de México asociadas a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduaneros, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud sean relevantes para el desarrollo nacional.

En el decreto se destaca que la autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.

De igual forma, se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarios para iniciar los proyectos u obras, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

Precisa que los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente; que es de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal, y que se traducen en un beneficio colectivo de todos los mexicanos.

Explica que el propósito es que la actual administración continúe con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como nación a lograr el crecimiento económico y, con ello, lograr el bienestar social.

En los artículos transitorios, se indica que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este acuerdo se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado en el gasto correspondiente en el ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

ADVIERTEN SOBRE OPACIDAD

Expertos entrevistados por el diario Reforma sobre este polémico decreto presidencial, coincidieron en que esta decisión significa sumir en la opacidad todos los proyectos gubernamentales, entre los que mencionaron el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

“Ello será un pretexto para no transparentar contratos y gasto en las obras”, alertaron.

La ex presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Jacqueline Peschard, dijo que el acuerdo es un grave retroceso en materia de transparencia.

“Pasa por encima de la transparencia de acuerdo con el Artículo 6 de la Constitución. Todas las obras públicas, todo lo que tiene que ver con recursos públicos, debe de ser público; entonces no puede simplemente ser algo que se decide arbitrariamente”, reprochó la académica y ex comisionada del INAI.

Por su parte, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, consideró que el acuerdo es la culminación de un proceso que inició con el traslado de la mayor parte de los proyectos estratégicos a las Fuerzas Armadas.

A su vez, Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) señaló que declarar un proyecto de interés público o de seguridad nacional es la primera línea para “brincarse” la ley en materia de transparencia, la cual considera a ambos criterios como excepciones a la obligación de hacer pública la información relacionada con éstos.

Por su lado, Paolo Salerno, Managing Partner de Salerno y Asociados, planteó que este decreto crea una situación de total desbalance para el análisis de todo proyecto de
infraestructura.

“¿Cómo se puede definir en 5 días si hay una violación de impacto ambiental, social o de derechos humanos? ¿Qué pasa si la resolución final es negativa y ya se han implementado medidas que tiene impactos irreversibles?”, cuestionó el especialista en proyectos de energía.

Y Amanda Valdez, socia de Dentons López Velarde, señaló que la regulación en materia de permisos y autorizaciones para estos sectores existe justamente para asegurar que los proyectos más importantes para el desarrollo del país se ejecuten de manera ordenada, transparente, sostenible, y respetando los derechos de los ciudadanos que puedan verse afectados.

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