domingo, enero 23, 2022
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Ante visita del CED-ONU a Veracruz y otros 11 estados, activistas piden que desapariciones forzadas sean crímenes de lesa humanidad

Agencia Espejo del poder

Al iniciar este lunes la visita oficial de expertos del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) –la primera que a instancias del actual gobierno de México realiza en el mundo este organismo internacional dependiente de la ONU–, Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, reconoció que hay un viraje importante al aceptar la competencia del CED, pero puntualizó que el reto es superar la crítica situación, pues afirmó que si bien no existe una política sistemática de desaparición forzada a nivel federal, “en determinados estados sí ha ocurrido, por lo que deberían asumirse como crímenes de lesa humanidad: Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila en pasadas administraciones, Jalisco, Guerrero”.

El activista citó el caso de Édgar Veytia, ex fiscal de Nayarit, de quien dijo que “está preso en Estados Unidos por delincuencia organizada, pero no enfrenta el delito de desaparición”, a pesar de la sistematicidad con que éstas ocurrieron durante su gestión, apuntó.

Durante el sexenio anterior, el del ex presidente Enrique Peña Nieto, el CED requirió al gobierno de México formalizar una invitación para visitar el país ante la gravedad de la situación. Y es que para 2013, las cifras de desapariciones ya se proyectaban como alarmantes: 26 mil personas, herencia de la guerra contra el narcotráfico emprendida por la administración presidida por el panista Felipe Calderón. Sin embargo, renuente, el régimen priista de Peña Nieto negó esa solicitud en dos ocasiones, incluso en 2017, cuando se hizo un llamado “enérgico” a admitirla.

No obstante, el CED continuó sus evaluaciones a México: en 2015, cuando sumaban 29 mil 203 desaparecidos (según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro) se emitieron las primeras recomendaciones; en 2018, el crecimiento incesante disparó la cifra a 69 mil 556, mientras la renuencia mexicana se mantuvo, pese al “enérgico” llamado del organismo de la ONU, que emitió nuevas observaciones.

El reciente reporte del Sistema Nacional de Búsqueda contabiliza 94 mil 406 personas no encontradas, pero además existe el reconocimiento oficial de que hay una crisis de derechos humanos.

Paralelamente, según la organización civil Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que presentó ante el CED el primer caso mexicano de desaparición –el de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, del cual se desconoce su paradero desde diciembre de 2013 en el puerto de Veracruz–, México ocupa, después de Irak, el segundo lugar mundial en acciones urgentes ordenadas por este organismo, con cerca de mil casos.

Los encuentros que a partir de hoy sostendrán los expertos con autoridades y fiscalías federales y de 12 estados, así como con colectivos de víctimas, tienen como precedente el diagnóstico sobre México del CED en 2018:

“El Comité lamenta profundamente que se mantenga una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio y que imperen la impunidad y la revictimización. El Comité observa con preocupación falta de datos confiables sobre desapariciones forzadas, el escaso número de condenas, la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificar y fosas clandestinas sin atención adecuada. Hay obstáculos para la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones.”

Tres años después, los colectivos de víctimas mantienen esos mismos reclamos, a pesar del viraje oficial para admitir la supervisión internacional y la competencia del CED para casos individuales. La consolidación de un nuevo marco legal e institucional rodea la visita, aunque aún es insuficiente, estiman organizaciones civiles.

“Sin duda hay avances, pero los retos persisten”, declaró al diario La Jornada Sofía de Robina Castro, del Centro Prodh, quien indicó que entre los grandes pendientes –porque es el contexto donde continúan graves violaciones a derechos humanos, incluidas las desapariciones– “tenemos serias preocupaciones sobre la política de seguridad que ha profundizado la militarización con una Guardia Nacional compuesta en gran parte por militares”.

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, informó que han litigado casos a escala internacional que derivaron en 180 acciones urgentes, por lo que espera que la visita del CED pueda tener conclusiones a nivel regional ante la gravedad de los hechos. “Eso abre la puerta para que México reconozca que existe un problema que no puede ser resuelto a partir de una situación normal y que se requieren mecanismos de justicia transicional”, expuso.

A su vez, De Robina sostiene que aunque este gobierno ha reconocido la crisis de desaparición y eso es muy relevante, la visita fue motivada en gran medida por el clamor de los colectivos de víctimas ante la inviabilidad de la justicia en México, pero sobre todo porque “la problemática, lejos de disminuir, aumenta. En este sexenio van más de 20 mil desapariciones”, destacó.

Otros ámbitos de preocupación, dijo  la representante del Centro Prodh, son el deficiente desempeño de las fiscalías, la falta de una política integral de Estado que genere una coordinación adecuada –a pesar de que la Comisión Nacional de Búsqueda ha realizado algunas campañas–, y que “no vemos una política integral de atención a víctimas, donde la prioridad en materia presupuestaria esté puesta en ellas”.

La visita oficial a México de la delegación del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada concluirá el 26 de noviembre, día en que sus miembros rendirán un informe en conferencia de prensa.

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