De enero a julio, fueron abiertas 14 carpetas de investigación contra mujeres que abortaron en Veracruz

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Agencia Espejo del poder

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) reportó que entre enero y julio de 2021 se abrieron 432 carpetas de investigación contra mujeres por haber abortado en 27 estados de la República, las cuales recomendó revisar con la finalidad de evitar la vulneración de los derechos de quienes realizan esta práctica en los casos legalmente permitidos.

Fabiola Alanís Sámano, titular de la Conavim, subrayó que ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 7 de septiembre, que por unanimidad determinó la inconstitucionalidad de criminalizar esa práctica de manera absoluta y su postura de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales, corresponde a las autoridades de los tres niveles de gobierno, las fiscalías y procuradurías, así como los poderes judiciales locales, coadyuvar en la revisión de estos casos.

Detalló que de las 432 indagatorias, 93 se concentran en el Estado de México, 67 en Nuevo León y 52 en la Ciudad de México. En Tamaulipas fueron abiertas 28; en Querétaro, 22; en Baja California y Guanajuato, 18; en Hidalgo, 15; en Veracruz, 14, y en Michoacán, 13.

Aguascalientes y Sonora solamente tienen 10 casos; Baja California Sur y Morelos, 7; Chiapas, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí, 6; Zacatecas, 5; Coahuila, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco, 4, así como Chihuahua, Guerrero y Nayarit con 3.

Alanís Sámano recordó que el 8 de septiembre el Consejo de la Judicatura Federal emitió un acuerdo mediante el cual se definió que el Instituto Federal de Defensoría Pública brinde asesoría, representación y defensa a toda mujer que sea o haya sido sujeta a procedimiento en su contra por abortar.

La funcionaria afirmó que ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto, y remarcó que el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes hoy están en esa situación.

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