Agencia Espejo del poder
Después de que el martes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que el homicidio del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echeverría es un crimen de odio y advirtió que en este caso se tiene que ir a fondo y castigar no solo a los policías de Mérida implicados en su muerte sino a las autoridades yucatecas que toleran “estas atrocidades”, la Fiscalía General de la República (FGR) exhumó la madrugada de este sábado 21 el cuerpo de la víctima que yacía en un cementerio de Ciudad Isla, Veracruz, para someterlo a una nueva necropsia como parte de las pesquisas que inició para esclarecer las causas de su fallecimiento.
Ravelo, un joven de 23 años de edad y oriundo del sur de Veracruz que había viajado a Mérida en busca de empleo, murió el 3 de agosto pasado en el hospital Agustín O’Horán, de la capital de Yucatán, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió luego de ser abusado sexualmente y torturado presuntamente por policías municipales.
El muchacho fue detenido el pasado 21 de julio por cuatro elementos policíacos en el Parque de San Juan, en el centro de la ciudad, y remitido a la cárcel municipal, donde se permaneció hasta el día siguiente.
Tres días después, el 24 de julio, acudió ante el Ministerio Público a denunciar que fue violado y torturado por policías. Debido al mal estado en que se encontraba, la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió una ambulancia para ingresarlo al nosocomio, donde días después falleció.
Antes de trasladarlo a Veracruz para darle cristiana sepultura, su madre Dora María Ravelo se plantó con el féretro en la entrada del palacio de gobierno para exigir justicia al gobernador Mauricio Vila Dosal y al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el martes pasado ordenó a la Secretaría de Gobernación atender a los familiares de la víctima y a la FGR intervenir en el caso para dar con los responsables.
Previamente, la Fiscalía General del Estado detuvo e imputó por homicidio calificado cometido en pandilla y violación y tortura agravadas a los cuatro policías municipales que participaron en su detención el pasado 21 de julio. Sin embargo, el juez de control declaró la no vinculación a proceso.
El juzgador explicó que, si bien se acreditaron los delitos en agravio del chico, y que probablemente los responsables fueron policías, la Fiscalía no acreditó que hubieran sido esos cuatro policías a los que se detuvo e imputó.
Y explicó que la víctima describió en su denuncia las características de un uniforme y un vehículo de una corporación distinta a la municipal e incluso mencionó los apellidos de dos de sus presuntos agresores.
Desde el miércoles, la Fiscalía General de la República inició la carpeta de investigación y al día siguiente sus peritos y policías investigadores se trasladaron a Mérida para comenzar sus propias pesquisas en torno al caso.
Hasta donde se sabe, los investigadores federales comenzaron la recolección de datos en el Parque de San Juan, además aseguraron dos patrullas de la Policía Municipal y la madrugada de este sábado exhumó en Ciudad Isla, Veracruz, con orden judicial, los restos de José Eduardo para practicarle una nueva necropsia que será comparada con la que hizo en su momento la Fiscalía General del Estado de Yucatán.
