Agencia Espejo del poder
En contraste con la condena unánime de obispos veracruzanos y de la Conferencia Episcopal Mexicana, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la agencia para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) en México saludaron la aprobación e inmediata publicación de las reformas al Código Penal de Veracruz que despenalizan la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, lo que permitirá avanzar en la plena garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Dichos organismos internacionales indicaron que la debida aplicación de estas reformas debe acompañarse de una efectiva política pública de salud que incluya servicios de salud sexual y reproductiva disponibles, asequibles y de calidad para todas las mujeres, adolescentes y niñas, entre ellos los servicios de interrupción del embarazo, anticoncepción y planificación familiar.
Reiteraron su reconocimiento a las defensoras de derechos humanos, colectivos y organizaciones de la sociedad civil de Veracruz “por su fundamental labor para el logro de esta reforma”, que se suma a la de Hidalgo, que a finales de junio aprobó el aborto legal.
En contraparte, el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, y los obispos de Veracruz, Córdoba, Orizaba, Papantla, Tuxpan, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos, así como la Dimensión Episcopal de Vida de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Comisión Diocesana para el Apostolado de los Laicos (CODAL) expresaron su rechazo unánime a la despenalización del aborto en Veracruz.
Los obispos católicos de las ocho diócesis de la Provincia de Xalapa, en un comunicado titulado “¿Realmente se quiere la ‘vida’ y el ‘bien’ de los ciudadanos?”, expresaron que “contemplamos consternados el camino que algunos legisladores acaban de tomar en favor de la cultura de la muerte”.
Manifestaron su preocupación por “la dolorosa situación que enfrenta nuestro pueblo ante los estragos prolongados que ocasionan la pandemia, la inseguridad y la crisis económica”, y que “a todos estos embates, se han venido a sumar nuevas amenazas y agravios a la vida de los veracruzanos, particularmente hacia los más débiles y desprotegidos”.
Por su parte, Jesús Herrera, obispo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y responsable de la Dimensión Episcopal de Vida de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), precisó: “No podemos sino lamentar este hecho ocurrido en Veracruz y dejar claro que constituye una grave injusticia que permite cometer un mal inaceptable en contra de otro ser humano en su etapa más vulnerable, cuando requiere mayor protección junto con su madre”.
