Reporta Segob 68 activistas y 43 periodistas asesinados en menos de tres años; Veracruz registra cinco casos

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Agencia Espejo del poder

La Secretaría de Gobernación (Segob), como institución operadora del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, informó que desde diciembre de 2018 a la fecha, se han asesinado a 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos en el país, de los cuales 7 comunicadores y 2 activistas eran beneficiarios del mecanismo de protección.

En Veracruz, entre agosto de 2019 y octubre de 2020, fueron eliminados tres periodistas y dos defensores del medio ambiente.

El 2 de agosto 2019 fue asesinado Jorge Celestino Ruiz, corresponsal del diario Gráfico de Xalapa en el municipio de Actopan; el 30 de marzo 2020 fue ejecutada María Elena Ferral Martínez en Papantla, y Julio Valdivia, reportero del diario El Mundo de Córdoba, fue acribillado el 9 de septiembre 2020.

El 8 de abril 2020, Adán Vez Lira, defensor de manglares de la zona de La Mancha, municipio de Actopan, fue asesinado arteramente mientras se dirigía a otra comunidad cercana. En 2017 estuvo preso por defender, junto con su comunidad, Los Médanos, tierras que sus abuelos y padres trabajaron y preservaron ininterrumpidamente. Y en 1998, junto con pescadores, campesinos, amas de casa, jóvenes y estudiantes preocupados por la conservación del medio ambiente, desarrollaron la empresa comunitaria de ecoturismo La Mancha en Movimiento, S. de S.S., ubicada a 31 kilómetros de Cardel, la cual tiene una playa conocida como El Paraíso. Su laguna costera de agua salobre acoge cada año en sus manglares y en la isla La Pajarera la mayor emigración de aves (más de 500 especies), que encuentran allí un refugio natural para su descanso y reproducción (www.ecoturismolamancha.com). En este lugar se encuentra el corredor de aves rapaces migratorias más importantes del mundo, donde pasan alrededor de 13 millones de aves.

Otro activista defensor del medio ambiente que fue asesinado es el empresario citrícola Miguel Vázquez Martínez, integrante de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla, quien el 20 de octubre de 2020 fue secuestrado de su domicilio en Tlapacoyan Su cadáver fue hallado a mediados de febrero de 2021 en una fosa clandestina.

No obstante, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, la Segob indicó que el mecanismo cuenta con mil 478 personas beneficiarias de la mayoría de las entidades federativas, pero solo seis estados del país cuentan con organismos locales de protección en esta materia, los cuales son: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.

En el informe, se resalta que desde el inicio de esta administración el Gobierno federal ha fortalecido el mecanismo a fin de generar más cobertura y atención a esta problemática, puesto que, a partir de diciembre de 2018 a la fecha, ha incrementado el número de personas beneficiarias en más del 80 por ciento.

Refiere que en los años 2019 y 2020 se destinaron 783 millones de pesos, mientras que en este año se aprobó un presupuesto de 227.6 millones de pesos y se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, lo cual daría un presupuesto total para 2021, de 416.6 millones de pesos para el mecanismo de protección.

Sostiene que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, asume su obligación de proteger a todas aquellas personas que se encuentran en riesgo por el ejercicio de su labor y llama a las demás autoridades involucradas a hacer lo propio en esta materia.

Dicho informe apunta que el Mecanismo de Protección es una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

“Desde su creación y a lo largo de los años, esta política pública ha presentado una serie de retos que transitan, por ejemplo, en la idea de que la única forma de intervención efectiva como Estado es solo a través del mecanismo, olvidando así, la coparticipación que debe de existir de los tres órdenes de gobierno en la protección a quienes ejercen la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos”, se precisa en el reporte oficial.

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