Tribunal Colegiado ordena liberar cuentas bancarias a suegros de Javier Duarte

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Agencia Espejo del poder

Un año después de que el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundados los recursos de inconformidad que los suegros del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa promovieron en contra del congelamiento de sus cuentas bancarias que desde octubre de 2016 promovió la Fiscalía General de la República (FGR), este viernes se informó que un Tribunal Colegiado ordenó liberar las cuentas bancarias de Jesús Antonio Macías Yazegey, padre de Karime Macías Tubilla, ex esposa del ex mandatario veracruzano.

Como se recordará, en octubre de 2016, como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) aseguró las cuentas de “Tony” Macías Yazegey y su esposa María Virginia Yazmín Tubilla Letayf.

Esto como parte de una indagatoria que les inició por delitos fiscales, financieros y lavado de dinero.

En julio de 2019, Eduardo Antonio Méndez Granado, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, otorgó una suspensión definitiva a favor de Macías Yazegey y su esposa contra los actos de la FGR, por la alerta migratoria, una orden de localización y presentación, de aprehensión, actos de intimidación y tortura. 

Además, contra la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV) para el descongelamiento de cuentas bancarias.

No obstante, la FGR interpuso un recurso de revisión a la sentencia, una medida considerada como inconstitucional por la defensa de Macías.

A un año siete meses de la inconformidad del Ministerio Público Federal, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, desechó el recurso de revisión por considerarlo improcedente, con lo que las cuentas de Macías y su esposa quedaron liberadas.

“En el caso, se tiene que en la sentencia recurrida le fue concedido el amparo y protección de la justicia a los quejosos ya que el acuerdo de aseguramiento reclamado en el juicio de amparo, se fundamentó, entre otros preceptos, en el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expuso el Tribunal.

“De lo anterior resulta que no se contraviene una afectación al interés representado por la autoridad ministerial, lo que se traduce en falta de legitimación para recurrir dicha determinación, no obstante que la autoridad tenga el carácter de parte en el juicio”.

EL FALLO DE LA SCJN DE 2020

En febrero del año pasado, el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundados los recursos de inconformidad que promovieron en contra de esta acción de la Fiscalía General de la República (FGR).

Por unanimidad, los ministros aprobaron el proyecto de resolución presentado por su colega Javier Laynez Potisek, donde se narró que Virginia Yazmín Tubilla y Jesús Antonio Macías promovieron un primer amparo contra el aseguramiento de sus cuentas, operaciones y títulos de crédito de cualquier institución financiera, desde el 14 de octubre de 2016.

Este juicio fue declarado infundado debido a que los ex familiares de Duarte de Ochoa no comprobaron que efectivamente se les hubiera aplicado el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), además de que los quejosos nunca apelaron esta decisión judicial.

Dos años después, la SCJN declaró inconstitucional dicho artículo 242 del CNPP, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 10/2014 y 11/2014, decisión que sentó jurisprudencia y tiene efectos generales.

Sobre esta base, los suegros de Duarte interpusieron otros dos amparos, pretendiendo acogerse a la jurisprudencia del máximo tribunal de justicia del país, sin embargo, ambos fueron desechados y por ello presentaron el recurso de inconformidad.

Al analizar el caso, los ministros señalaron que, para obtener la protección de la justicia federal, los quejosos debieron haber comprobado fehacientemente que se les había aplicado el 242 del CNPP, y apelar cuando el juzgado de distrito les negó el primer amparo, pero como no lo hicieron, el asunto quedó ya como cosa juzgada y no puede ser reabierto ni por la SCJN.

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