Muestra ORFIS incapacidad para realizar auditorías de Cuenta Pública 2019

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  • El 31 de enero de 2021 vence el plazo de la prórroga otorgada por el Congreso ante la pandemia del COVID-19.
  • De los 334 entes a fiscalizar en el Programa Anual de Auditorías bajan a 307.
  • Quitan entes autónomos,  al Centro Estatal de Justicia Alternativa y al Fideicomiso de Administración e Inversión Número F/407807-7, del Poder Judicial.
  • Citan el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, a la auditora Delia González Cobos.

La dilación con la que se conduce el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz en el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 podría traer graves consecuencias legales por la falta de revisión de recursos públicos estatales y federales, así se observa en un análisis realizado sobre el trabajo realizado por el ORFIS.

La situación ya ha despertado preocupación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quienes ya citaron a la auditora, Delia González Cobos, para una reunión que se llevaría a cabo este viernes o sábado, según información que ha circulado al interior del organismo.

El 31 de agosto de 2020, en el número extraordinario 348 de la Gaceta Oficial del Estado se publicó un Acuerdo señalando que “de manera excepcional”, en virtud de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se prorrogó la entrega de los informes individuales y el informe general ejecutivo  de la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, que realizan ORFIS y Congreso, para entregar a más tardar el 31 de enero de 2021.

También, se prorrogó la aprobación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019 que realiza el Congreso del Estado a más tardar el 02 de marzo de 2021.

Fue la propia auditora Delia González Cobosquien señaló que en aras de ejercer su atribución fiscalizadora, sería el propio personal del ORFIS el que realizaría los trabajos de revisión de los 334 entes a fiscalizar. Ya desde su llegada a esta dependencia inició una persecución en contra de despachos privados, muchos de ellos ligados a viejas prácticas de corrupción, que se dedicaban a restañar los hoyos fraudulentos de entes públicos, pero muchos otros con una gran solvencia profesional en el desempeño de las auditorías.  “Queremos que lo público regrese a lo público”, indicó González Cobos.

En el Programa Anual de Auditorías, de la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2019, originalmente, el ORFIS propuso auditar con su propio personal a 334 entes públicos, a saber, el Congreso del Estado; del Poder Legislativo; el Tribunal Superior y el Consejo de la Judicatura, el Centro Estatal de Justicia Alternativa, el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y el Fideicomiso de Administración e Inversión Número F/407807-7, del Poder Judicial.

Del Poder Ejecutivo, 16 entes de la Administración Pública Centralizada (dependencias), incluyendo la Cuenta Pública Consolidada del Gobierno del Estado y el Fondo de Bienes Recuperados (FOBIRE); 50 Organismos Públicos Descentralizados; 6 Organismos Públicos Desconcentrados; 17 Fideicomisos Públicos.

Además, 7 organismos autónomos; la Universidad Veracruzana; la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, como organismo público descentralizado no sectorizado; los 212 municipios; 3 Institutos Municipales de las Mujeres; 15 Comisiones Municipales de Agua y el Organismo Público Descentralizado Foro Boca.

Sin embargo, en una primera modificación realizada al Programa Anual de Auditorías quitaron de un plumazo la revisión de 27 entes públicos, de 334 a

307, quitando por ejemplo, a cinco organismos autónomos, cinco organismos públicos desconcentrados, al Centro Estatal de Justicia Alternativa y al Fideicomiso de Administración e Inversión Número F/407807-7, del Poder Judicial, por citar algunos.

Tenían programadas, otro ejemplo, 11 auditorías especiales de legalidad y desempeño al Poder Judicial (Seguimiento de la revisión efectuada a las Ciudades Judiciales); Secretaría de Seguridad Pública (Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales);  Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación); Servicios de Salud de Veracruz (Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud); SSP (Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales); SEDARPA (Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación); Servicios de Salud de Veracruz (Prestación de Servicios de Atención Médica); Ayahualulco (Plan Municipal de Desarrollo); Xalapa (Plan Municipal de Desarrollo); Zozocolco de Hidalgo (Plan Municipal de Desarrollo) y el Instituto Metropolitano del Agua.

En una reprogramación sólo dejaron una auditoría en la SEDARPA; una al Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP); la de Ayahualulco; la de Xalapa; la de Zozocolco de Hidalgo y la del Instituto Metropolitano del Agua, liberando, por ejemplo, a la Secretaría de Seguridad Pública que preside Hugo Gutiérrez Maldonado, de esa responsabilidad de auditoría especial de legalidad y desempeño.

Aunque tenían una prórroga 2020 que se extendió a este 2021, la mayoría de las auditorías debieron haber concluido entre julio y septiembre del 2020. Sin embargo, información recabada de algunos entes señala que antes de concluir diciembre del 2020 no habían ni siquiera iniciado el proceso fiscalizador.

LOS DICTAMINADORES, EN ENTREDICHO

Sin asesores efectivos y con desprecio manifiesto a los despachos experimentados en auditorías a los entes públicos, nadie la ha informado a la Auditora Delia González Cobos que existen dictaminadores que firman por cuenta de firmas de socios que no cumplen con los requisitos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, se compran dictaminadores sin experiencia profesional ni ligados a las firmas con experiencia, incumpliendo los propios lineamientos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y los Códigos Profesionales. Así, sin la representación profesional de un despacho acreditado, ni los conocimientos, realizan este trabajo de manera ilegal.

Tampoco se piden actas ni la experiencia en los casos de personas físicas. Así, los Despachos ni los que realizan las Auditorías tienen en su poder documentos de todo el gobierno sin responsabilidad alguna. Esto ocasiona que exista en el caso de Contadores de Xalapa, Veracruz y Córdoba hasta 25 trabajos de municipios por cada uno.

Junto a toda esta falta de experiencia y profesionalismo se han generado presuntos actos de corrupción tanto del Contralor interno como de otros funcionarios que han mostrado falta de capacidad para el desempeño de sus funciones.

ENFERMOS POR COVID-19

La pandemia del COVID-19 ha generado no sólo prórrogas en los procesos de auditoría, también contagiados y fallecidos. Esta semana que concluye fue enviado a su casa, por presunto contagio, el responsable de las cámaras de videovigilancia y dos personas más del área de Auditoría Especial Social.

Durante los 10 meses de la pandemia, directivos, jefes de área y personal operativo se han enfermado, sin que a la fecha exista un protocolo serio para prevenir contagios y proteger a los grupos vulnerables.

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