Agencia Espejo del poder
Este viernes 1 de enero, tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación los formatos aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE), entraron en vigor las medidas para impedir que personas violentadoras de mujeres y de sus derechos humanos sean candidatos a cargos de elección popular, ya sea postulados por los partidos políticos o por la vía independiente.
“La manera más eficaz de evitar que estas personas accedan a cargos de elección popular es que los partidos políticos exijan… que declaren que no han incurrido en alguna situación de violencia de género ni familiar y que ninguna persona que aspire a una candidatura independiente haya incurrido en estos supuestos”, establece el acuerdo del Consejo General del INE.
Para ello, los formatos de registro deberán incluir que los aspirantes no hayan sido condenados o sancionados mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público ni por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, así como no ser deudores alimentarios o morosos que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acrediten estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuenten con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.
Según precisa el documento, tal información deberá acompañar a las solicitudes de registro que presenten los partidos políticos o coaliciones o quienes sean candidatos independientes.
“Si respecto a una persona postulada para una candidatura no se presenta el referido formato, se le requerirá al partido político o coalición para que lo exhiba en un plazo de 48 horas, apercibido de que de no hacerlo se negará el registro de la candidatura correspondiente, sin que ello afecte a la fórmula completa”, advierte.
El INE resalta que ejercer un cargo de elección popular reviste de gran importancia por las facultades conferidas, decisiones que se pueden adoptar y el manejo de recursos públicos que están a su disposición y que por ello desde los partidos políticos debe garantizarse la idoneidad de las personas que aspiran a ser electos, así como verificar que no hayan incurrido en actos u omisiones que violenten o afecten de manera desproporcionada a las mujeres.
Argumenta que los lineamientos buscan prevenir la violencia política contra las mujeres por razones de género, al establecer la obligación para que ningún candidato haya sido sancionado por ser deudor de pensión alimenticia, acoso sexual y agresión a mujeres en el ámbito familiar o político.
“Se persigue inhibir conductas que contribuyan a la cultura patriarcal que fomentan la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, como son la violencia familiar y/o doméstica, la violencia sexual, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, porque estas conductas afectan en forma desproporcionada a las mujeres”, indica.
