Tras detención de 4 implicados en accidente aéreo de exgobernadora de Puebla, el expresidente Calderón insinúa “un probable homicidio intencional”

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Agencia Espejo del poder

Al conocerse la detención del propietario y tres empleados de la empresa Rotor Flight Services, que daba mantenimiento al helicóptero en el que la entonces gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo, y el senador Rafael Moreno Valle Rosas, su esposo y antecesor en la gubernatura, perdieron la vida al desplomarse el 24 de diciembre de 2018 –los cuales fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado en la capital poblana y en la Ciudad de México acusados de homicidio culposo–, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa publicó en su cuenta de Twitter que ello “daría un giro dramático a la hasta ahora versión oficial de ‘accidente’, a un probable homicidio intencional…”, lo que generó fuertes críticas contra el ex mandatario panista.

Este viernes 25, a dos años del desplome de la aeronave, la Fiscalía poblana confirmó la detención de José Antonio N., María Magdalena N., Ricardo N. e Israel N. en la Ciudad de México y en los estados de México, Hidalgo y Puebla, respectivamente, los cuales fueron puestos a disposición del juez que los requirió en la entidad a fin de que se determine su situación jurídica en las próximas horas.

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, María Magdalena Raya Ochoa, de 34 años de edad –quien fue detenida en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México–, en el año 2018 se desempeñaba como responsable del taller donde dicha aeronave recibía mantenimiento, mismo del que ella estaba a cargo.

Se le imputa “la probable comisión de los delitos de homicidio y daño a propiedad ajena, ambos a título de culpa, y por falsedad de declaraciones, tras el accidente de un helicóptero ocurrido en 2018”. Presuntamente incurrió en la omisión en el cambio y mantenimiento de los actuadores lineales del helicóptero Agusta modelo A109S Grand, matrícula XE-BON, propiedad de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano (SAASA).

Como se recordará, la aeronave se desplomó la tarde del 24 de diciembre del año antepasado. Además de la entonces gobernadora de Puebla y su esposo murieron también su asistente Héctor Baltazar Mendoza y los pilotos Roberto Cope Obregón y Marco Antonio Tavera, quienes tripulaban el helicóptero de la ciudad de Puebla hacia la de México.

La panista Martha Érika Alonso apenas llevaba 10 días como gobernadora, luego de los polémicos comicios del 1 de julio de 2018, en los que oficialmente derrotó por más de 120 mil votos de diferencia al morenista Miguel Barbosa, quien impugnó la elección pero no logró que los tribunales la anularan.

Sin embargo, tras la muerte de la gobernadora se convocó a elección extraordinaria para el domingo 2 de junio de 2019, que entonces ganó Barbosa con 44.6% de los votos a su favor (682 mil 245 sufragios), contra el 33.23% de los votos que recibió su más cercano adversario,  Enrique Cárdenas Sánchez, de la coalición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. En esta ocasión, a la candidatura de Barbosa se sumó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que en la elección del año anterior había postulado a Michel Chaín como candidato, el cual obtuvo 153 mil 456 sufragios.

El triunfo del abanderado de Morena se dio, además, con una tasa de abstencionismo de casi 70 por ciento, la más alta en la historia del estado de Puebla, lo que lo ubica como el gobernador poblano con el menor apoyo popular de las últimas dos décadas.

A unas semanas de ocupar el cargo, en agosto de 2019, durante el informe de gobierno de la alcaldesa de Huejotzingo, Ángela Alvarado, Barbosa Huerta dijo que Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle le habrían “robado” la elección de julio de 2018 y que el accidente aéreo en el que perdieron la vida en diciembre de ese mismo año habría sido un “castigo de dios”, sin mencionar los nombres de los dos exgobernadores. ​

Senadoras y senadores del PAN, partido al que pertenecían Alonso y Moreno Valle, criticaron dichas declaraciones, calificándolas como lamentables y desatinadas. A través de un mensaje por Twitter, los legisladores del partido blanquiazul escribieron que lamentaban que Barbosa “haga éstos señalamientos en contra de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, cuando el gobierno de Morena no ha sido capaz de explicar la caída del helicóptero en que viajaban la gobernadora y nuestro coordinador”. 

ANTECEDENTES

El helicóptero era propiedad de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano (SAA), sin embargo, la empresa no ha suspendido sus operaciones, ya que los dueños son personas con influencia ligados a la política.

La empresa SAA perteneció a Servicios Aéreos Milenio (SAM), cuyo dueño era el ex senador priista Ricardo Urzúa Rivera, y posteriormente la empresa pasó a manos de la compañía de los textiles de Xalapa, de los hermanos Rafael y José Antonio Torre Mendoza.

En marzo de 2012, José Antonio Torre Mendoza fue enlace del PRI con los empresarios tlaxcaltecas para apoyar la campaña de Enrique Peña Nieto, y en diciembre de 2017 fue uno de los 84 empresarios poblanos que se reunieron con el entonces precandidato a la presidencia José Antonio Meade.

AERONEGOCIOS

Ricardo Urzúa fue beneficiado por la administración priista de Mario Marín con 132.5 millones de pesos por la renta de aeronaves para viajes personales. La empresa fue la elegida para los viajes del llamado “gober precioso” a destinos turísticos como Acapulco, Cancún, también a Houston, San Antonio y Laredo.

El ex senador priista Urzúa se asoció con Mario Marín García, el hijo del mandatario poblano, para rentar aviones ejecutivos a gobiernos estatales, federal y empresarios.

Urzúa creó otras dos empresas aéreas que han sido rentadas por el gobierno de Puebla para traslado de amigos y políticos a costa del erario: Aviheli Servicios Aéreos, dedicada a la renta de helicópteros de ejecutivos y Potosina del Aire, enfocada a la prestación de aviones y aeronaves para gobiernos.

La empresa SAM, fue investigada por el FBI tras la denuncia pública que realizó la periodista Lydia Cacho cuando escribió: “a tres niñas americanas de Florida las trajeron en un avión privado, decían que era de un gobernador, declaró una de las niñas mexicanas víctima de la red de trata sexual de Cancún en 2004.”

En México no se realizó ninguna investigación pero las agencias extranjeras descubrieron la existencia de la empresa Servicios Aéreos Milenio S.A. de C.V., cuyo principal cliente era el Gobierno de Puebla y las administraciones priistas de ocho estados, entre las que se incluía Veracruz dada la estrecha relación política de Marín con su homólogo veracruzano Fidel Herrera Beltrán.

Las agencias extranjeras determinaron que Mario Marín había destinado de manera irregular 66.4 millones de dólares para adquirir una flota de helicópteros y aviones a través de su hijo Mario Marín García y prestanombres.

OTROS ACCIDENTES  

En los últimos 40 años, el modelo Agusta ha sido el protagonista estrella de más de 150 accidentes aéreos, sin embargo, las autoridades han señalado que no han encontrado elementos necesarios para llevar a cabo una investigación a fondo y por lo mismo la empresa, con diferentes nombres, ha seguido operando sin problemas.

Uno de los primeros casos en que se vio envuelta la empresa SAM, fue el accidente del helicóptero matrícula XC-JDC, el 11 de enero de 2008 en la Sierra Norte de Puebla, donde murió Patricia Rossano, esposa del entonces secretario de Gobierno de Puebla, Mario Montero Serrano, y siete personas más.

La aeronave era propiedad del gobierno de Puebla, pero la administración de Marín Torres había contratado a SAM para su mantenimiento.

El 4 de agosto de 2009 se registró otro caso, cuando el helicóptero Bell, modelo 407, propiedad de SAM, hizo un aterrizaje de emergencia en el poblado de Astapa, teniendo a bordo al entonces gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo y a tres funcionarios de su gabinete.

En junio de 2010, el avión Cessna Caravana matrícula XA TWK, también propiedad de SAM, se estrelló en Felipe Carrillo Puerto, donde murieron nueve colaboradores del entonces candidato de PRI a gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, actualmente en prisión.

‘FALLA MECÁNICA’, VERSIÓN OFICIAL

En marzo de 2020, Javier Jiménez Espriú, entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), concluyó que una falla mecánica y deficiencias en el mantenimiento del helicóptero fueron las causas del accidente aéreo.

Según el informe oficial, dos tornillos sueltos dañaron la tarjeta de control del estabilizador de vuelo, resultando en la pérdida de control del piloto.

Con esto y ninguna evidencia de explosivos, las autoridades federales descartaron un posible acto de sabotaje. Los investigadores, según Espriú, confirmaron que la inspección de los restos no arrojó “indicios de materiales ajenos al propio helicóptero”.

LA VERSIÓN DE LA DEFENSA

Gilberto Montalvo González, abogado defensor de Ricardo Montiel, teniente mecánico que trabaja en la empresa Rotor Flight Services –el cual fue detenido en la colonia Bosques de San Sebastián, al oriente de la ciudad de Puebla–, descartó responsabilidad de los detenidos en el desplome del helicóptero, pues comentó que tres meses antes del siniestro se advirtió que tenía una falla mecánica, pero que no representaba riesgo, ya que la aeronave podía pilotearse manualmente.

El litigante declaró al diario LA JORNADA que 90 días antes del suceso, la falla mecánica fue reportada ignorada, e incluso los pilotos decidieron volarlo. Una prueba de que la falla no representaba un riesgo mayor, dijo, es que el vehículo voló 53 veces en esa situación, sin que tuviera problema en el aire.

Por otra parte, indicó que tras recibir mantenimiento, la aeronave tenía una garantía de 10 días, plazo que ya había vencido cuando se desplomó hace dos años.

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