Avala Suprema Corte constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a cinco ex Presidentes

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Agencia Espejo del poder

Con 6 votos a favor y 5 en contra, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la constitucionalidad de la solicitud de consulta que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para preguntar a los ciudadanos si se debe investigar y en su caso sancionar a los últimos cinco ex Presidentes de México por los delitos que cometieron antes, durante y después de su gestión.

Cinco minutos antes de las 12:00 horas, arrancó la sesión remota en la que el pleno de la Suprema Corte definió el futuro de la solicitud presentada el pasado 15 de septiembre pasado.

Los ministros que votaron a favor de declarar la constitucionalidad de la consulta fueron, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara.

En contra de la constitucionalidad se pronunciaron Luis María Aguilar, el ponente del proyecto, Jorge Mario Pardo, José Fernando Franco, Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández.

La Corte determinó un receso, y a su regreso los ministros formularan la pregunta propuesta por el presidente López Obrador: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

La tarea de la SCJN consistió en revisar dos aspectos: ¿La materia de la consulta es constitucional?, y si ¿la pregunta propuesta está planteada en un lenguaje neutro, sencillo, comprensible y está formulada en forma que se pueda contestar con un “sí” o un “no” cuidando que no sea tendenciosa ni emita juicios de valor?

 El primero en emitir su voto fue el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien se pronunció a favor de declarar constitucional la materia de la consulta.

“La materia de esta consulta no busca restringir los derechos humanos o sus garantías, para que esto fuera así la materia debería versar sobre la suspensión o limitación de la existencia, vigencia, titularidad, los principios o el carácter contra mayoritario de los derechos fundamentales, esto no es lo que se plantea en el caso, no se está sometiendo a consulta si deben restringirse o limitarse derechos fundamentales”, puntualizó.

Diversos politólogos que siguieron la sesión en redes sociales, consideraron que al haber sido el primero en informar el sentido de su voto, el presidente de la SCJN “tiró línea” a los demás ministros.

Zaldívar se pronunció porque la Suprema Corte no desaprovechara la oportunidad de asumir su rol en la protección de derechos humanos en la participación política.

“No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales con pleno respeto al marco constitucional… No podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal”, afirmó.

El titular del Poder Judicial de la Federación agregó que es falso que con esta consulta se asuma que los ex Presidentes son responsables de haber cometido ciertos delitos, pues dijo, que la pregunta lo que busca es conocer si la ciudadanía está de acuerdo o no en que las autoridades investiguen y en su caso sancionen conforme a las leyes correspondientes por los ilícitos en que pudieran haber incurrido antes, durante y después de su gestión.

Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronunció por reformular la pregunta, de lo contrario, apuntó, su voto sería a favor del ministro ponente Aguilar.

A su vez, la ministra Margarita Ríos-Farjat, ex titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), votó a favor de la constitucionalidad de la pregunta. Al argumentar su voto, la ex funcionaria de la Secretaría de Hacienda refirió que no coincidía con los motivos del proyecto presentado por el ministro Aguilar, particularmente porque no planteó la posibilidad a la Suprema Corte de modificar la pregunta.

“Me basta saber que la pregunta podría admitir modificaciones para entonces explorar alternativas viables que sean acorde al derecho humano en juego”, destacó.

 En tanto, el ministro Javier Laynez Potisek consideró inconstitucional la materia, porque recordó que la restricción de los derechos humanos no pueden ser objeto de consulta, además cuestionó por qué en algunos casos se pide su opinión a los ciudadanos y en otros no, cuando la misma ley establece que las faltas deben ser sancionadas.

“La justicia no se consulta porque afecta los mecanismos protectores de los derechos humanos y los derechos humanos mismos”, manifestó.

TURNO PARA EL CONGRESO

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular, una vez avalada la constitucionalidad de la pregunta por la Corte, ésta no podrá ser modificada.

Ahora corresponderá al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Eduardo Ramírez Aguilar, publicar la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turnar la petición a la Comisión de Gobernación para su análisis.

Posteriormente deberá ser aprobada o rechazada en el pleno de la Cámara de Diputados y el Senado. Si es rechazada, el trámite concluye ahí, pero si se aprueba, el Congreso expedirá mediante decreto la convocatoria a la consulta ciudadana y notificará al Instituto Nacional Electoral (INE) para la organización de ésta.

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