Agencia Espejo del poder
De acuerdo con el reporte anual de Braskem-Idesa ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés), presentado el 15 de junio pasado, la empresa con capital brasileño-mexicano propietaria del complejo Etileno XXI advierte que si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue incurriendo en fallas al entregar etanol a la planta petroquímica y les proporciona menos de los 66 mil barriles diarios acordados durante medio año, “Braskem puede obligar a Pemex a comprar el complejo mexicano” ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz.
Según publica este lunes el diario Milenio, el “contrato leonino” que firmó el gobierno de Felipe Calderón con Braskem-Idesa no sólo es ampliamente favorable a la filial de Odebrecht, sino que se encuentra blindado con una cláusula nuclear que obliga a la administración de López Obrador a seguir entregando etanol a precios muy por debajo del precio del mercado, o, de lo contrario, adquirir la planta de Etileno XXI a un costo astronómico. Y no sólo eso, sino que la deuda del gobierno mexicano con la empresa barsileña sigue creciendo y asciende ya a casi 40 millones de dólares, o sea, alrededor de 900 millones de pesos.
“En el evento de que Pemex TRI falle… puede (i) dejarnos incapaces de generar suficiente capital para dar servicio a nuestros acreedores (ii) causar a los acreedores a acelerar su deuda u (iii) obligar a Braskem-Idesa a ejercer la terminación y poner una opción contra Pemex TRI que obligaría a Pemex a comprarnos el complejo”, se destaca en el reporte al cual tuvo acceso el reportero Víctor Hugo Michel, del diario capitalino.
De acuerdo con esta versión periodística, Pemex apenas ha logrado cumplir con las entregas de etanol pactadas y que sobre la empresa productiva pende una especie de amenaza permanente: cumplir o detonar la cláusula nuclear. “El acuerdo de abastecimiento de etanol contiene un pacto sobre el volumen de entrega que obliga a Pemex a entregar el volumen de etanol que promedie el 70% de lo acordado… hasta enero de 2020, las entregas de Pemex se mantenían cerca, pero aún por encima del umbral del 70%”, destaca el informe.
“En el caso de la terminación del contrato y de que ejerzamos la opción (que obliga a Pemex a comprar Etileno XXI), no hay certidumbres de que Pemex no retará la decisión para tratar de evitar comprarnos el complejo mexicano”.
En dicho reporte se expone que “si Pemex falla en entregarnos un porcentaje determinado de etanol contractualmente especificado durante seis meses consecutivos, tendremos el derecho de terminar el acuerdo con Pemex y exigirle pagar a otras partes involucradas en el proyecto una parte igual al valor determinación de este proyecto (el valor del cual se determina conforme el contrato y toma en consideración, entre otros factores, la deuda del proyecto y la cantidad invertida en el proyecto hasta el momento)”.
En total, según un comunicado de prensa emitido en 2012, Braskem estima que el valor de la planta y el proyecto en general puede ascender a 4 mil 500 millones de dólares, el equivalente a 96 mil millones de pesos, o una quinta parte del presupuesto total de Pemex para 2020.
Para dimensionar el tamaño del impacto que tendría en las finanzas públicas, es prácticamente la totalidad del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional para este año, o una octava parte del presupuesto nacional de Educación.
A la par, Braskem incluyó en su sección de riesgos que no descarta la posibilidad de que la planta sea expropiada por el gobierno de López Obrador. “Nuestro acuerdo de suministro etanol podría ser modificado a través de medios regulatorios, o terminado o puesto en riesgo por Pemex como resultado de la presión política para no cumplir con lo acordado, cambiar los acuerdos, iniciar medidas expropiatorias o un cambio en las leyes o regulaciones por parte del gobierno mexicano”, se expone en el texto.
Junto a esa advertencia, Braskem-Idesa informó a las autoridades estadunidenses que las penas acumuladas y no pagadas por la interrupción del suministro de etanol a la planta ya ascienden a casi 40 millones de dólares. Tan solo seis meses de multas, entre 2019 y 2020, costaron al erario mexicano 840 millones de pesos o el equivalente a 3 mil 240 pesos cada segundo. Esas multas siguen sin pagarse, por orden de la Presidencia de la República, en tanto se halla la forma legal de anular un contrato que ya ha generado daños al erario por el monto de 15 mil millones de pesos.
Frente a eso, Braskem-Idesa informó a la SEC que “Pemex no está cumpliendo con sus obligaciones contractuales… en el cuarto cuarto de 2019 y en el primer cuarto de 2020, Pemex tendría que habernos entregado notas de crédito relativas al primer cuarto de 2019… a la fecha de este reporte anual, Pemex aún tiene que darnos estas notas crediticias”.
El informe anual de Braskem destaca que se han lanzado negociaciones con la empresa productiva del Estado mexicano para abordar la continua falla en la entrega de etanol y la insistencia de la petrolera de no pagar las penalizaciones establecidas en el contrato firmado durante el sexenio de Felipe Calderón, mismo que ha sido denunciado por el presidente López Obrador como “leonino” por sus condiciones desventajosas para el gobierno federal.
Se advierte, asimismo, de posibles acciones legales que incluyen arbitrajes: “No podemos dar ninguna certeza del resultado de las discusiones (con Pemex) y en cualquier momento podríamos iniciar acciones legales en contra de Pemex por sus continuos default bajo el acuerdo de suministro de etanol, por ejemplo, procedimientos de arbitraje en contra de Pemex siguiendo el default y las notificaciones que esto detonaría”.
La empresa Braskem-Idesa ha negado reiteradamente las acusaciones del presidente López Obrador, y ha afirmado que no obstante que ha cumplido con sus compromisos con Petróleos Mexicanos (Pemex), todavía no recibe retorno alguno por la inversión realizada hace 9 años.
En un comunicado dirigido a colaboradores, clientes y proveedores, Braskem-Idesa resaltó que “la empresa ha cumplido cabalmente con sus compromisos con Pemex y con las entidades financieras; sin embargo, sus accionistas no han empezado a recibir retorno alguno por su inversión, después de aproximadamente 5 años de construcción y cuatro años de operación constante”.
Braskem-Idesa invirtió 5.2 mil millones de dólares para construir y poner en funcionamiento la planta Etileno XXI, la inversión contó con financiamiento de 3.2 mil millones, por 17 instituciones financieras, entre agencias globales de exportación y bancos de desarrollo como el IFC, Banco Interamericano de Desarrollo, Bndes, Bancomext y Nafin de México, Sace de Italia y EDC de Canadá.
Además, Braskem-Idesa desconoció las declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, así como la existencia de pagos irregulares vinculados a la “continuidad del contrato” con la petrolera.
“El contrato de suministro de etano, con posterioridad a su suscripción, en ningún momento ha estado sujeto a autorización alguna para su continuidad. Nuestra relación con las autoridades se ha dado en todo momento en un marco de legalidad y respeto a las instituciones”, remarcó, refiriendo que la convocatoria de la subasta que derivó en el contrato entre Pemex y Braskem-Idesa se gestó durante 2008 y 2009, de tres a cuatro años antes de los eventos que fueron reconocidos por Constructora Odebrecht en México asociados al ex director de Pemex.
“El contrato de suministro de etano entre Braskem Idesa y Pemex fue producto de un proceso de subasta pública internacional en la que participaron más de 30 empresas nacionales e internacionales. Braskem Idesa resultó ganadora al ofrecer la propuesta que contaba con las condiciones técnicas y económicas más positivas para Pemex”.
Adicionalmente puntualizó que no se encontró ninguna irregularidad por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en dicho proceso, y sobre las principales cláusulas (precio–colocado en planta en Coatzacoalcos, plazo, volumen) fueron propuestas por Pemex con anterioridad al inicio de la subasta para todos los participantes.
“Las ‘multas o penalizaciones’ que hacen parte del contrato, dijo, son una más de las cláusulas contractuales y ordinarias en cualquier tipo de contratos para cuantificar monto a pagar en el caso de que una parte no cumpla con sus obligaciones de compra o suministro.”
