Por Juan Manuel Herrera Sosa*
Tiene algún tiempo, que, en el ambiente jurídico, un tema de moda son los medios alternativos de solución de conflictos mejor conocidos como los “MASC” que, aunque tienen antecedentes muy remotos, en nuestro país fueron integrados formalmente en la Constitución Federal en la reforma penal del 2008. ¿Qué son? Se entienden como herramientas mediante las cuales las personas pueden dar solución a un conflicto surgido entre ellas a partir del diálogo y la negociación, es decir, no es necesario acudir a un juicio, y mediante ellos es posible ahorrarse todo lo que esto implica, sus principales características, ser voluntarios, gratis y rápidos, todo lo contrario a un juicio.
En los MASC hay autocomposición, significa que no se necesita que un tercero decida por las personas en el conflicto, no hay jueces sino mediadores que hacen que las mismas partes involucradas lleguen a un acuerdo, facilitando la comunicación o proponiendo soluciones para que el conflicto se resuelva.
Como se ve, es un procedimiento con muchas ventajas, pues al ser los particulares en conflicto quienes platicando construyen un acuerdo, resulta ser la forma más sencilla y menos onerosa de someter un problema a la justicia y obtener una respuesta más pronta y expedita, a veces se llega a una solución en 1 hora; evitando así el desgaste innecesario en dinero, tiempo y emociones (y a veces mordidas) para todo aquél que voluntaria o involuntariamente se ve obligado a entrarle a un juicio.
En Veracruz, desde el 2005 se promulgó la primera Ley de Medios Alternativos de Solución de Conflictos, que dio (y da) funcionamiento al ahora Centro Estatal de Justicia Alternativa, ley que después de varias reformas, en mayo pasado tuvo cambios trascendentes respecto a su dirección, que valen la pena algunos comentarios.
Sin duda lo más benéfico es la integración de un Órgano de Gobierno encabezado por el titular del Ejecutivo y compuesto por personas expertas de la judicatura y de la administración estatal, quedando todo a cargo de un DirectorGeneral, se dice que quien ahora funge es una persona experimentada en estos temas de la justicia. Con ello se eliminó un Consejo que -a decir verdad- no servía para absolutamente nada, más que para que los señores que lo integraban cobraran muy bien durante 6 años, quien escribe no conoce alguna mejora más allá de abrir un nuevo centro en la ciudad de San Andrés Tuxtla (en total hay 6 en los 21 distritos judiciales), ni mejoras de salarios o condiciones laborales al personal que son el verdadero frente de batalla, ni proposiciones de mejoramiento en la integración con los juzgados y tribunales, ni capacitaciones constantes y de calidad al personal (no así los afortunados que gozaron de viajes) o algo, ¡algo!; más bien mucho se comenta que el centro sólo sirvió de patrocinador de viáticos, de máquina expendedora de certificaciones de mediadores y otorgamiento de permisos a centros privados, que por cierto se cobraban y que a ciencia cierta nadie sabe dónde quedó ese dinero, al menos de una revisada al informe del año 2019 no se refleja; pero eso sí, se cuentan puntualmente las erogaciones en sillas y despachadores de agua (¿?).
Vaya, ni para inventarse unos medidores de desempeño básicos (al menos de sus datos de transparencia no se refleja), por ejemplo: ¿cuántos juicios se han resuelto por medios alternativos evitando se continúe el proceso judicial?, ¿qué tipos de casos son?, ¿en qué materia?, ¿qué tipo de soluciones hubo?, o si existió cumplimiento voluntario o hubo algún tipo de seguimiento, ¿cuánto colaboró el Centro a desahogar al poder judicial?, no hay más que una simple tabla de números donde parece se reemplaza lo cuantitativo por lo cualitativo, no hay datos de la aportación de los centros a la administración de justicia del estado, lo números no significan nada si no se justifican, no hay un respaldo de ello, mayor cantidad no es sinónimo de calidad, iniciar y cerrar expedientes no significa efectividad, mucho menos lograr justicia.
No hay que olvidar que el artículo 7 de la Ley de Medios Alternativos y Solución de Conflictos del Estado señala que los convenios que se logren tienen calidad de cosa juzgada, que es lo mismo que una sentencia judicial firme, y que la tutela judicial efectiva significa, entre otras cosas, obtener una sentencia (como estos convenios) y que se cumpla, pues si no de nada sirve haber echado a andar la maquinaria judicial, con los gastos que esto significa; según la norma vigente los 6 años pasados, se le debía dar seguimiento al cumplimiento de los convenios, pero no existió nunca un área que lo hiciera cumplir (entre otras que fueron letra muerta), más que acudiendo a un juzgado, que es precisamente lo que se trata de evitar.
Y es que pongamos un ejemplo, voy por una deuda garantizada en un pagaré, después de una o varias sesiones se llega a un acuerdo sobre la liquidación del adeudo y se cancela el pagaré (como parte del convenio) y la parte deudora no cumplen pues no pasa absolutamente nada (como muchos ya lo saben), ahora sin pagaré no puedo acudir al ejecutivo mercantil, con la posibilidad de realizar el exequendo (embargo de bienes del deudor), ¿qué me queda? Ir al juzgado y el retraso que esto significó.
Bien se haría, ahora que está realizando cambios estructurales de forma y fondo, de entrada mejorar las condiciones de los que dan la cara y se fajan con el trabajo(me consta de forma muy profesional), de reyes y virreyes el tiempo ya pasó; de abrir más centros, Veracruz no son 7 ciudades y sus módulos itinerantes sirven para muy poco; adecuar un área de seguimiento de cumplimiento de acuerdos, de nada sirve tener el bonito recuerdo del convenio en un archivo en la oficina; realizar un programa de capacitación de calidad para todos y no sólo para los cuates y cuatas del jefe; y diseñar una integración efectiva con los órganos jurisdiccionales, que mucho hará falta con el tsunami de demandas que se avecinan (¿cuántas de éstas se pueden resolver antes de siquiera acordar un inicio?).
Reforzar el sistema urge, pues con todo y sus carencias, los centros de justicia alternativa parecen ser la única esperanza de otorgar acceso a la justicia pronta, expedita y gratuita a la sociedad, si no se mejora, y como dicen los políticos: “cambia todo para seguir igual”, se perderá una gran oportunidad de apoyar al Poder Judicial en la tormenta que se ve venir, y todo quedará en no más que buenas intenciones.
*exasesor jurídico en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Profesor de Amparo en la Universidad Anáhuac
