Agencia Espejo del poder
De cara a los próximos comicios locales y las elecciones federales intermedias de 2021, superdelegados de programas federales en los estados buscan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les retire sanciones por promoción personalizada y les permita el libre ejercicio de recursos públicos y la divulgación de logros gubernamentales.
Mediante 39 impugnaciones presentadas ante la Sala Superior del máximo tribunal en materia electoral, en las que demandan respeto a sus «derechos propagandísticos», los funcionarios buscan echar atrás el fallo de la Sala Regional Especializada del propio TEPJF, que determinó que los superdelegados y los funcionarios de la Secretaría de Bienestar incurrieron en propaganda gubernamental, con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos y de la imagen del jefe del Ejecutivo.
Según la nota informativa de la reportera Magali Juárez, del diario Excélsior, las impugnaciones provienen de funcionarios federales de 24 estados. Entre los superdelegados que las promovieron destacan Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Veracruz; Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero –hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval–; Reyes Flores Hurtado, de Coahuila; Roberto Pantoja Arzola, de Michoacán; Hugo Eric Flores Cervantes, de Morelos; Rodrigo Abdalá Dartigues, de Puebla; Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala, y Joaquín Jesús Díaz, de Yucatán, quienes suenan como posibles aspirantes a las gubernaturas de sus estados.
La periodista del diario capitalino refiere que en la Sala Superior del TEPJF se radicaron 39 recursos de impugnación en contra de la resolución que emitió la Sala Regional Especializada del propio Tribunal Electoral, que determinó que los superdelegados y los funcionarios de la Secretaría de Bienestar incurrieron en propaganda gubernamental, con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, así como el uso indebido de la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y la mención de logros cumplidos en diversas frases.
En la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón están concentrados los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador de los funcionarios federales aludidos por incurrir en violaciones al artículo 134 constitucional, que establece el uso imparcial de los recursos públicos y prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos.
Ahora, los superdelegados del gobierno federal en los estados, así como los subdelegados, los asignados como funcionarios regionales y los servidores de la nación tienen registradas sus impugnaciones para que desde la Sala Superior se resuelva no sólo que no sean sancionados, sino que puedan ejercer libremente la distribución de los recursos y la promoción de logros gubernamentales, principalmente en el contexto de los próximos procesos electorales.
Las impugnaciones provienen de funcionarios federales de los estados de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Aparte de los 24 superdelegados que defienden sus «derechos propagandísticos» están otros superdelegados estatales: Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez, de Aguascalientes; Katia Meave Ferniza, de Campeche; María Cristina Cruz, de la Ciudad de México; Indira Vizcaíno, de Colima; José Antonio Aguilar, de Chiapas; Edgar Morales, de Durango; Mauricio Hernández, de Guanajuato; Armando Zazueta, de Jalisco; Blanca Judith Díaz, de Nuevo León; Nancy Cecilia Ortiz, de Oaxaca; Gabino Morales, de San Luis Potosí; José Jaime Montes, de Sinaloa; Jorge Luis Taddei, de Sonora; Carlos Manuel Merino Campos, de Tabasco; José Ramón Gómez Leal, de Tamaulipas, y Verónica del Carmen Díaz Robles, de Zacatecas.
